Castilla-La Mancha: tercera región con mayor presión fiscal
29 de junio de 2020

Este año los castellano-manchegos habrán trabajado, de media, un total de 183 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias. De este modo, los trabajadores de la región han tardado un cinco días más que en el conjunto de España para alcanzar lo que se considera como el Día de la Liberalización Fiscal, que este 2020 tiene el 1 de julio en Castilla-La Mancha, mientras que a nivel nacional se celebró el 26 de junio. Según estos cálculos que ofrece la Fundación Civismo, Castilla-La Mancha es el tercer territorio del país con mayor presión fiscal, sólo por delante de Cantabria y Cataluña.

De manera que, no ha habido cambios con respecto a 2019, porque si bien esta celebración llega este año un día antes, se justifica por ser bisiesto. Así, se considera que las familias castellano manchegas se mantienen en un rango alto de presión fiscal frente al resto de comunidades autónomas.

Así, tomando el salario medio de 25.124 euros, lo que implica un coste laboral total de 32.636 euros, el pago de Seguridad Social supone 7.512 euros de cuota patronal y casi 1.600 de cuota del trabajador; el de IRPF equivale a 3.212 euros; el de IVA, a 1.960 euros; los Impuestos Especiales, a cerca de 900 euros; y los cedidos a autonomías y municipios, a 767 euros. Así, el coste total de los impuestos asciende a 15.944 euros.

PESO DE LOS IMPUESTOS EN LAS NÓMINAS. De este desglose la Fundación Civismo deduce «el gran impacto» que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales, cuya suma se denomina cuña fiscal, y que, a juicio de la organización, reduce el salario neto de los trabajadores de manera “significativa”. Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64; el de entre 30 y 44 años, apenas 62,4 euros; el de entre 45 y 64, solo 61,6 euros, y los mayores de 65 años ingresan 87,7 de forma efectiva gracias a la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.

Además, este año ha habido un repunte de la cuña fiscal entre la población más joven debido a causa del incremento del salario mínimo. Por este motivo, un aumento no especialmente abultado del salario (564,29 euros anuales) implica dejar de percibir más de la mitad de la reducción por rendimientos del trabajo y, por tanto, que la subida de IRPF termine resultando más elevada que la del propio salario (736,54 euros).

Desde la Fundación Civismo explican que en esto reside la problemática de medidas como los «complementos salariales» que establecen subtramos dentro de cada tramo general, situación que se les presenta a buena parte de los beneficiarios de los ERTE, quienes, por haber tenido dos pagadores, tendrán que realizar su declaración de IRPF en 2021, incluso aunque no lleguen al mínimo a partir del cual es obligatorio, lo que elevará su presión fiscal.

También en un futuro próximo se prevé una subida de impuestos a causa de la acumulación de deuda. Esta, según estimaciones de la Comisión Europea, se situaría en el entorno del 115% sobre PIB y sufriría un repunte de 112.580 millones. En ese caso, el coste fiscal puede verse ampliado en 17.326 millones, lo cual equivale, en términos per cápita, a pagar 365,52 euros más cada año. O, expresado de otra forma, a 5 días más de salario, lo que significaría volver a la situación fiscal de antes de la reforma de 2015.

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