Es una casualidad insultante que el inicio de la campaña de la renta haya coincidido con la publicación de los papeles de Panamá, la punta del iceberg de ese refugio en el que un buen número patriotas, algunos de toda la vida pero también nuevos conversos, han encontrado un lugar tan seguro como alejado del control del fisco para su dinero. Cuesta aceptar el descaro con el que algunos de los evasores pretenden que la ciudadanía deje de pensar mal a la primera de cambio y acepte que hay ciudadanos ejemplares a los que les gusta obsequiar a sus capitales con viajes como el que ha permitido que millones de euros disfruten del clima caribeño durante una larga temporada.
Mientras se van conociendo detalles sobre los españoles modélicos que tanto contribuyen a la prosperidad su nación eludiendo el pago de impuestos, el común de los mortales empieza a hacer números para cuadrar cuentas con Hacienda. Saben que a nada que cometan un mínimo desliz, incluso un leve error aritmético, caerá sobre sus espaldas todo el peso de la inspección tributaria. Como debe ser, dicho sea de paso. Lo que ocurre es que también debería ser –y hasta parecer– que los controles no recaen sólo sobre los paganos de siempre, esa legión de asalariados que contribuye religiosamente al sostenimiento del país y a la que se le pone cara de pocos amigos cuando comprueba que las grandes fortunas mueven a sus anchas cantidades ingentes de dinero sin que dé la sensación de que el sistema esté dispuesto a hacer algo para evitarlo. Al final hay que esperar a que una filtración –posiblemente interesada y conducida por la venganza, por más que realice un servicio de indudable valor cívico– ponga a los medios de comunicación a hacer el papel que Hacienda no ha sido capaz de cumplir: referenciar el nombre y apellidos de los contribuyentes escapistas, sacarles las vergüenzas a pasear y, a ser posible, obligarles a que cumplan con sus responsabilidades tributarias como todo quisque.
Ya cabía esperar poco de un sistema en el que la Abogacía del Estado es capaz de argumentar ante la Justicia que el viejo y sensato lema de que «Hacienda somos todos» no debe ser tomado en serio –o, por lo menos, completamente en serio– porque fue creado para un ámbito muy concreto: «el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación del país». Eso es lo que dijo Dolores Ripoll, la representante legal de Hacienda en la causa que se sigue contra la hermana del Rey, entre otros acusados en el caso Nóos.
Lo de que Hacienda no somos todos, o que unos –los de siempre– lo son más que otros que pueden pagar a especialistas en la distracción de bienes que generan cargas tributarias, ya lo venían barruntando muchos contribuyentes desde tiempo atrás. Pero nunca una voz tan autorizada había acudido a darles la confirmación de que sus sospechas estaban bien fundamentadas. Como broma no está mal… hasta el momento en el que la Agencia Tributaria toca a rebato y reclama la presentación impecable de las declaraciones de IRPF a millones de espa- ñoles que pasan la mitad de cada año de su vida trabajando para el Estado.
Porque esa es otra. Según tiene bien calculado el think tank Civismo, que cada año elabora un estudio en el que fija el que llama «día de la liberación fiscal», un español medio cuya nómina bruta anual ronde los 24.000 euros trabaja de enero a junio, ambos inclusive, para hacer frente a sus obligaciones con el Estado (IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, gravámenes sobre el patrimonio, sobre bienes inmuebles, de circulación, impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco, la electricidad, los hidrocarburos…) y sólo a partir de julio empieza a ganar dinero para sí mismo.
En este contexto, parece complicado explicar lo de las cuentas en paraísos fiscales y otras patrañas parecidas a esos sufridos españoles de la nómina controlada y la declaración supervisada con lupa. Bien pensado, y a falta de argumentos convincentes, bien podría Montoro delegar la inaplazable sesión didáctica en José María Aznar, que fue inspector de Hacienda –en Logroño, entre otros lugares– antes de hacer carrera en la política. Tal vez tenga el expresidente una buena razón para justificar el aparente desajuste entre los conocimientos profesionales que cabe presuponerle y su discutible forma de proceder como contribuyente, según se ha sabido esta semana. No hay que descartar, en todo caso, que el presidente de FAES haya decidido hacer caso a Alejandro Menéndez, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Valladolid, quien, con extraordinaria carga de ironía, propuso meses atrás modificar el aforismo que figura en el artí- culo 6 del Código Civil para darle una nueva redacción: «El conocimiento de la ley excusa de su cumplimiento».
