El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos del cierre presupuestario de 2017. Por primera vez, España cumple con el objetivo de déficit público sin tener que pedir más aplazamientos de sus compromisos. Sin embargo, el Estado sigue manteniendo un déficit del 3,1% del PIB y continuará un tiempo más dentro del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).
Desde 2011 la política fiscal ha impuesto un ajuste difícilmente comprensible, ya que carga el peso sobre los ingresos y no en las reducciones de gasto. Así, el gasto consolidado estructural –descontando intereses de la deuda y prestaciones por desempleo– sigue aumentando a razón de un 2,4% anual. Cierto es que la ratio de gasto público sobre PIB ha caído en 1,2 puntos porcentuales en un año, pero sólo porque el PIB nominal crece cercano al 5%, creando una falsa sensación de disminución del tamaño del Estado.
A esto se suma el absoluto caos del sistema de financiación autonómica. Por un lado, el Ministerio ha exigido un duro ajuste nominal a los fiscos regionales, mientras la Comisión de Expertos para la reforma de la Lofca pide restringir su margen de maniobra con tributos propios y cedidos. Pero, por otro, se les dan incentivos perversos de corresponsabilidad tributaria en materia de recaudación y suficiencia financiera, de forma incondicional –a través de los fondos estatales del FLA o el Pago a Proveedores– e incluso a tipos de interés cero desde 2016, y además con quitas en los créditos.
Esto ha llevado a algunas regiones a incrementar el gasto público con fines electoralistas, sin sentido de la responsabilidad, al saber que si vuelven a tener problemas Hacienda las rescatará. Entre 2016 y 2017, las que han acometido un mayor ajuste presupuestario (excluyendo las de régimen foral) han sido Cantabria (-1,13 puntos de PIB), Canarias (-1,06) y Baleares (-0,94). Justo los dos archipiélagos y los forales son los territorios que cerraron 2017 con el primer superávit presupuestario de los últimos diez años.
Castilla y León es la única autonomía que empeora su saldo fiscal, en 0,31 puntos de PIB, incumpliendo el objetivo del 0,6%. Junto con Murcia, que registra el mayor déficit regional (-1,51% del PIB), es el caso más preocupante de desfase presupuestario. Les siguen Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que afrontan la prestación de servicios públicos en un escenario de dispersión geográfica, envejecimiento de la población, abandono de zonas rurales o dificultades para retener el talento joven.
En suma, detrás de estas cifras fiscales se esconde una meta: la estabilidad presupuestaria a través de la eficiencia en el gasto, aunque también con suficiencia financiera para atender las demandas de los ciudadanos. Pero será muy difícil conseguirlo con un sistema fiscal autonó- mico tan complejo como el actual, por lo que es necesario introducir mecanismos de mercado que apoyen la financiación y la prestación de los servicios públicos. Sólo así el bienestar será sostenible.
