Hacienda somos todos, pero hay quien prefiere que lo sean más el resto. La Agencia Tributaria está estrechando el cerco a algunos contribuyentes que declaran sus ingresos por medio de sociedades instrumentales para pagar al fisco como máximo un 25% y no tener que afrontar cargas fiscales de hasta el 48%. La clave está en tributar las ganancias a través del Impuesto de Sociedades y no tener que responder únicamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La última subida a los tramos más altos que ya impuso el Consell para la Renta de 2017 ha incrementado el interés de algunos defraudadores por este formato y diversos expertos aseguran que la propuesta hecha por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de elevar el tramo estatal cuatro puntos puede azuzar a algunos indecisos. La Comunitat Valenciana pasaría a situar el tipo de las rentas más altas en el 52%, una cifra récord de la que algunos buscarían escapar.
«La Agencia Tributaria se está centrando más en las empresas sin trabajadores ante la posibilidad de que oculten a contribuyentes que deberían responder como autónomos convencionales», advierte el jefe de investigación del Think Tank Civismo, el economista Javier Santacruz. Según sus cálculos, en el caso valenciano son 191.350 las empresas sin trabajadores activas a 1 de enero de 2018. La cantidad supera ligeramente al histórico 10% que significa en casi todas las estadísticas la Comunitat frente al conjunto de España, en la que hay 1,84 millones de compañías con este formato.
«Donde más llama la atención a los inspectores es en los sectores en los que la lógica hace pensar que se requiere mano de obra y estas firmas no tienen a nadie contratado», señala Santacruz. El colectivo más numeroso de empresas sin plantilla es el del comercio al por menor, con 25.083 casos, pero empieza a llamar la atención del experto las empresas de construcción de edificios, supuestamente levantados por sociedades sin empleados en 15.898 casos, según los datos oficiales. Otro caso similar son las 14.656 sociedades del negocio inmobiliario que no cuentan con plantilla y sí un único administrador. Los 10.823 despachos jurídicos y contables sin personal y los 10.076 que se acogen al epígrafe de actividades sanitarias (clínicas odontológicas en su mayoría) le siguen.
Para hacerse a una idea, el perfil habitual del defraudador sería una personas que registrara unos ingresos de más de 60.000 euros anuales en una firma que no generara ningún empleo, a excepción del titular. A medida que crece la base liquidable mayor es la distancia entre el tipo de Sociedades habitual (25%) y del IRPF. Aunque es corriente creer que los tipos se aplican sobre el total de lo recibido, el sistema español establece que se vaya tributando a medida que se va superando la barrera de cada tramo.
La forma más sencilla de entenderlo es con un ejemplo. Si una sociedad declara 60.000 euros, tendría que abonar 15.000 euros. Sin embargo, al ser un autónomo quien asume esta cantidad, en la Renta debería pagar al Estado un 9,50% y a la Generalitat 11,90%, por los primeros 12.450 euros. La cantidad comprendida entre este capital y el siguiente tramo, los 17.707,2 euros, la parte autonómica se elevaría hasta el 13,92%.
Al final, el tipo que se pagaría por esos 60.000 en un declaración al uso sería del 25,55%, lo que se traduce en 15.330 euros. Comparando los dos casos el riesgo no parece merecer la pena, pero si se aumenta la cantidad, la diferencia se dispara. Así, tomando como referencia los 90.000 euros, en Sociedades se pagaría 22.500 euros, mientras que por IRPF se respondería a un tipo del 32,40%: elevando la cifra a los 29.160 euros.
Al ser la escala estatal de cinco tramos y la valenciana de seis el proceso de cálculo se complica y se agrava en el caso autonómico cuando se superan los 120.000,20 euros y más aún los 175.000,20 euros, que cargan con un tipo del 45% y del 48%, al sumar lo valenciano y lo estatal. Además, la base liquidable que marca el paso de un tramo a otro ni se parece en cada caso. Así, la estatal pasa de los 12.450 a los 20.200, los 34.000 y los 60.000 euros, mientras que los puntos de corte para el tramo que cobra la Generalitat están en los 17.707,20, los 33.007,20, los 53.407,20, los 120.000,20 y los 175.000,20 euros.
Aunque Santacruz advierte de que el montante para las arcas del Estado de este posible fraude resulta pequeños, no lo es para el bolsillo de los que optan por él.
