El Gobierno de España aprobaba esta semana la extensión de los ERTE, a la que se han ido sumando sindicatos y patronal, ante la incapacidad que presenta la economía española en su recuperación, así como la persistencia de un virus con rebrotes muy activos en el país, lo que impide la apertura de determinados sectores como es el caso del turismo y la hostelería.
Una medida a priori efectiva, pero que podría tener riesgos asociados que deberíamos contemplar tratando de evitar las externalidades negativas que podrían derivarse. En este sentido, la economía española, a la luz que ofrecen los datos, se muestra cómo la economía más dañada de la Unión Europea (UE) por el covid-19.
Como concluyen todos los informes al respecto, el deterioro de nuestra economía podría llevarnos a registrar contracciones que, en el mejor de los casos no descenderían del -11% del PIB. De esta forma, la economía española podría sufrir uno de los mayores descensos registrados, tras registrar la mayor contracción experimentada en el bloque comunitario durante el segundo trimestre del año.
Dicho deterioro, como ya ha anunciado el Banco de España, dejará al país en una situación muy preocupante. Pues, como reflejan estos pronósticos, la situación que presenta España pretende seguir ensanchando las debilidades que provocan ese mayor hundimiento, así como esa recuperación más gradual de la economía española.
En este sentido, me estoy refiriendo al nivel de endeudamiento público, el cual ya roza máximos históricos al situarse en el 110% del PIB, así como otra serie de variables entre las que podemos citar el déficit público, la creación de empleo, así como la pérdida de capacidad productiva que, ante la situación que presentan las empresas en el país, podría dejarnos la pandemia.
Desajustes en la recuperación
De esta forma, de acuerdo con los datos que ofrece BBVA Research, la economía española, de la misma forma que presenta un peor comportamiento durante la pandemia, presenta un claro descuelgue en lo que a la recuperación económica del bloque europeo se refiere.
Según el último informe de BBVA Research, España es el país que más empleo ha destruido durante la pandemia, en contraste con el conjunto de países de la Unión Europea. En este sentido, ante el descenso que ha experimentado el PIB, la destrucción de empleo en el país registró la escandalosa cifra de 1 millón de empleados; una destrucción similar a la que nos dejaba la crisis de 2008.
Además, los indicadores que tratan de monitorear y controlar la evolución de la recuperación económica que debe experimentar el país- al igual que las expectativas publicadas por la OCDE- recogen que, de la misma forma que somos el país que más empleo destruye, también somos el que menos empleo crea durante la fase de reactivación.
Esto se debe, además de al comportamiento de nuestro mercado laboral, a la situación de vulnerabilidad que presentan las empresas en el país. Y es que, teniendo en cuenta que hablamos de un tejido empresarial que se compone de empresas muy pequeñas, casi su totalidad, de las que el 89% posee menos de 10 empleados, estamos hablando de una situación que, en contraste con la situación que atraviesan otros países, es muy destacable.
Vulnerabilidad de las empresas
El último informe del Banco de España arrojaba que, en estos momentos, el 25% de las empresas en el país presentan un patrimonio neto negativo en sus balances, lo que les deja en situación de quiebra técnica, ante la fuerte caída que ha experimentado la actividad económica por la amenaza que suponía un virus con tan elevada tasa de contagio.
Además, debemos saber que, dicha situación, en adición a las cifras que daba el BIS sobre la zombificación de la economía a nivel global, preocupa por la situación que, como publicaba el Banco de España, presenta realmente la economía española.
En este escenario, el Banco de España publicaba que, pese a recogerse la quiebra del 25% de las empresas que operan en el país, la cifra pronosticada por estos se situaba en el 30%, por lo que debemos ser muy cautos con las políticas aplicadas que puedan afectar al colectivo empresarial.
Por tanto, esta situación requiere de mucha atención y mucha cautela, pues al aplicar los ERTE se produjo un desacoplamiento entre la destrucción de empleo y la caída del PIB. En este sentido, como recoge la Ley de Okun, ante semejante contracción, la destrucción debía haber sido mucho mayor.
Sin embargo, teniendo en cuenta el coste estimado de los ERTE, así como la situación descrita a lo largo del artículo, tampoco conviene seguir inyectando recursos y medidas para garantizar la recuperación de unas empresas que, ante la realidad que ofrecen sus indicadores financieros, no pretenden recuperarse, incluso con la inyección de recursos, tras la pandemia que hoy devasta la economía española.