Tras casi una década de crédito barato e innumerables excesos en su política de inversiones, la banca se ha convertido en uno de los sectores más castigados. Al incremento de la morosidad se ha sumado un duro ajuste que se ha saldado con miles de oficinas cerradas y despidos de personal, procesos todavía sin terminar.
Esta situación del sector bancario ha contribuido a perjudicar aun más a las familias y a las empresas. No en vano, una de las primeras cosas que hicieron fue cerrar el ‘grifo’ del crédito a quienes no fueran muy solventes.
En una economía sobreendeudada, la escasez de liquidez agrava los problemas y estrangula la actividad diaria. Por ejemplo, desde que la banca elevó sus controles, el descuento de un pagaré de empresa es más difícil y tiene mayor coste. También los créditos al consumo poseen tipos de interés más altos.
En realidad, sí hay crédito disponible, pero está siendo absorbido por el Estado. Mientras que las familias y empresas han disminuido enormemente su deuda desde 2008, la pública no ha parado de aumentar, hasta situarse por encima del 100% del PIB. Esta necesidad tan enorme de financiación del Estado ha absorbido todos los recursos que podrían haberse destinado a amortiguar la destrucción de empleo o a un funcionamiento normal de las tesorerías de las empresas. Este desplazamiento del crédito al sector público desde el privado se llama ‘crowding out’. Viene a ser un efecto de reducción de inversión en las empresas por ir el ahorro a financiar al Estado.
En este sentido, los bancos han contribuido a esta expulsión del crédito privado, ya que la regulación sigue favoreciendo la compra de deuda pública como ‘negocio seguro’ y fuente de rentabilidad libre de riesgo. Por ello, las entidades bancarias prefieren conceder préstamos a un ayuntamiento o a un gobierno autonómico que a un particular, por mucho que éste acredite una gran solvencia y patrimonio. De hecho, los bancos se han vuelto todavía más reacios a conceder créditos viendo las retiradas de depósitos a causa de las bajas rentabilidades que éstos rinden. A tenor de los últimos datos publicados por el Banco de España relativos al segundo trimestre de este año, los ciudadanos de seis comunidades (especialmente Baleares y Canarias) tienen más problemas a la hora de conseguir un crédito de parte de un banco. El motivo no es sólo que estas entidades prefieran prestar a las Administraciones Públicas (AA PP), sino también que son las entidades regionales las que más depósitos han perdido desde 2008.
Todo ello hace que, a pesar de la enorme bajada de los tipos de interés y la desaparición casi total del riesgo en la deuda pública, el ‘grifo del crédito’ siga cerrado para el sector privado. Entidades de País Vasco, Navarra o Madrid han aumentado más de un 25% anual acumulativo la concesión de crédito a las AA PP, reduciendo en una cuarta parte el stock de préstamos privados. La Rioja, Galicia o Castilla y León son los territorios donde se concentra la destrucción de este crédito a particulares o empresas (con caídas en el entorno del 6% anual acumulado). Son estas regiones las que, en proporción, más han aumentado el crédito al sector público. Ocho años después, el perverso efecto ‘crowding out’, que nutre la bulimia de un Estado que cada año gasta más, continúa estrangulando la necesaria circulación del dinero hacia las actividades que crean riqueza y empleo.