Teniendo en cuenta que el 70% de esa riqueza familiar proviene de su vivienda habitual, la deuda de la Administración Central supondría una «hipoteca» del 35,82%; la de las comunidades autónomas, del 10,28%; la de los ayuntamientos, del 1,17%; y la de la Seguridad Social, del 0,62%.

Por comunidades, las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que «hipotecarse» menos para hacer frente a la deuda pública, mientras que las de Cataluña, Madrid o Navarra tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar la deuda.