La Deuda del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas asciende al 99,8% del PIB hasta el segundo trimestre de 2017. Esto supone que cada ciudadano debe 24.454,72 euros, lo que, según el último informe de Think Tank Civismo, merma el total del ahorro neto de una familia de tres miembros en un 40,92%.
Así, sobre el total del valor de la residencia habitual, que concentra el 70% de la riqueza familiar, la Deuda de la Administración Central supondría una “hipoteca” del 35,82%; la de las Comunidades Autónomas, del 10,28%; la de las Corporaciones Locales, del 1,17%; y la de la Seguridad Social, del 0,62%, por lo que el patrimonio neto que no quedaría afectado por la Deuda ascendería a un 59,08%.
Esta cantidad varía en función de la región donde la familia resida. Las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público; mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de Deuda que les corresponde.
El impacto del endeudamiento tiene un pernicioso efecto bumerán, ya que, a costa de los beneficiarios actuales del Estado de Bienestar, socava el potencial de crecimiento económico para financiar las pensiones y los servicios públicos futuros, y ahonda un problema estructural: el déficit de ahorro familiar. Un ahorro neto de deuda que actualmente se cifra en 179.300 euros para una familia en la cohorte de edad media de la población (entre 45 y 54 años).
Por administraciones, la Central acapara la mayor parte de la Deuda, con el 87,4% del PIB; las CCAA, el 25,1%; las Corporaciones Locales, el 2,8%; y la Seguridad Social, el 1,5%. En cuanto al destino que se da a estos recursos, según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la Deuda va a parar al capítulo sanitario; el 22,88%, a inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración; un 21,54%, a educación; el 15,4%, al servicio de la Deuda (intereses más amortización), y el 7,01, a protección social.
