La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas asciende al 99,8 por ciento del PIB hasta el segundo trimestre, lo que implica que cada ciudadano debe 24.454.7 euros, cifra que merma el ahorro neto de las familias en un 41 por ciento, según el último informe de Think Tank Civismo, elaborado por el economista Javier Santacruz.
Así, sobre el valor de la residencia habitual, que concentra el 70 por ciento de la riqueza familiar, la deuda de la Administración Central supondría una “hipoteca” del 35,8 por ciento; la de las comunidades autónomas, del 10,3 por ciento; la de las corporaciones locales, del 1,2 por ciento y la de la Seguridad Social, del 0,6 por ciento, por lo que el patrimonio neto que no quedaría afectado por la deuda ascendería al 59 por ciento.
No obstante, el informe indica que esta cantidad varía en función de la región de residencia. En este sentido, las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público, mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde.