La deuda del conjunto de las Administraciones públicas españolas asciende al 99,8% del PIB, lo que supone que cada ciudadano debe 24.454,72 euros. Así figura en el último informe de ‘Think Tank Civismo’, que destaca que este pasivo merma el total del ahorro neto de una familia de tres miembros en un 40,92%. En el caso de Cantabria, supone el 36% del ahorro familiar, es decir, algo por debajo de la media nacional. A una familia de tres miembros le corresponde una deuda de 73.374 euros, cuando su ahorro mediano asciende a 179.300 euros, el 70% concentrado en la vivienda habitual.
En el conjunto del país, la deuda de la Administración central supondría una ‘hipoteca’ del 35,82%. La de las comunidades autónomas significa el 10,28%; la de las Corporaciones locales del 1,17%; y la de la Seguridad Social del 0,62%. Esto supone que el patrimonio neto que no quedaría afectado por la deuda ascendería a un 59,08%.
Esta cantidad varía en función de la región donde la familia resida. El estudio recoge que las unidades familiares de Extremadura, Andalucía y Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público; mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde.
Para Cantabria, la deuda sanitaria consume un 11,53% del ahorro familiar, seguido del concepto ‘otros’ donde está la inversión pública y el gasto corriente. Cantabria cede cinco puntos menos de su ahorro familiar para cubrir la deuda con respecto a la media nacional.
Efecto bumerán
El informe advierte de que elimpacto del endeudamiento «tiene un pernicioso efecto bumerán, ya que, a costa de los beneficiarios actuales del Estado de Bienestar, socava el potencial de crecimiento económicopara financiar las pensiones y los servicios públicos futuros». Además, «ahonda un problema estructural: el déficit de ahorro familiar», un ahorro neto de deuda «que actualmente se cifra en 179.300 euros para una familia en la cohorte de edad media de la población (entre 45 y 54 años)».
Por administraciones, la central acapara la mayor parte del pasivo, con el 87,4% del PIB; las comunidades autónomas concentran el 25,1%; las Corporaciones locales el 2,8%; y la Seguridad Social el 1,5%. En cuanto al destino que se da a estos recursos, según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la deuda va a parar al capítulo sanitario; el 22,88% a inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración; un 21,54% a educación; el 15,4% al servicio de la deuda (intereses más amortización), y el 7,01% a protección social.
Tanto en el déficit público como en la deuda, España se sitúa a la cabeza de la Zona Euro. Junto a Francia y Reino Unido, es uno de los tres países de los 28 que, casi una década después, continúa dentro del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), bajo tutela de la Comisión Europea por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El estudio de ‘Think Tank Civismo’ recuerda que «en las familias españolas, los conceptos ‘ahorro’ y ‘pensión’ están íntimamente ligados». Si bien a priori esto podría ser un hecho positivo -planificación del ahorro a largo plazo- «en realidad no lo es, ya que, cuando se habla de ‘pensión’, se alude exclusivamente a la pensión pública, y esto actúa como desincentivo al ahorro».
Tributos
La relación entre deuda y ahorro familiar es evidente teniendo en cuenta además que todo incremento del pasivo público se paga vía tributos, ya sean actuales o futuros, «tal como evidencia uno de los principios esenciales de las finanzas públicas: la ‘equivalencia ricardiana’». Según ésta, añade el informe, «lo lógico sería realizar un esfuerzo adicional de ahorro en el presente para cubrir el incremento de impuestos futuros, derivado del crecimiento de la deuda pública».
De esta forma, «las familias se prepararían para un escenario venidero de mayor presión fiscal y, por consiguiente, de menores recursos para gastar y ahorrar».
Sin embargo, en el caso de la economía española, la falta de previsión hace que las familias no sean consciente de que más deuda pública implica más impuestos futuros, y fían su bienestar a las prestaciones estatales como las pensiones de reparto».