Si el próximo Gobierno pretende cumplir los objetivos de déficit marcados para España para 2016, situados en el 2,8%, tras la desviación de casi un punto en 2015, tendrá que enfrentar un ajuste estructural superior a los 25.000 millones de euros, según los datos del think tank Civismo. Además, según su comunicado: “el objetivo de que España generara este año superávit primario (superávit en las cuentas públicas descontando los intereses de la deuda) tendrá que ser pospuesto hasta 2018”. Esta organización advierte en un comunicado que esta situación podría traducirse en nuevas subidas de impuesto, empezando por el IVA y el Impuesto de Sociedades.

Civismo calcula que, para estabilizar el endeudamiento público de España, se necesita generar un superávit primario del 1% del PIB, lo cual implicaría un ajuste en el saldo primario de 32.000 millones de euros desde el nivel actual de déficit primario (2,17% del PIB).  El think tank añade: “En un escenario de incertidumbre política, de estancamiento de la recaudación y con un presupuesto más expansivo si cabe para 2016 (el gasto público, descontando los componentes cíclicos, crecerá un 2,6% este año), el incumplimiento de los objetivos de déficit pueden causar una crisis fiscal aguda que afectaría a la confianza de los inversores en la economía española”.

La dificultad de enfrentar a un desequilibrio difícil de solucionar a corto plazo va unida a “un grave riesgo de subidas de impuestos y ajustes en el gasto que más afecta a los ciudadanos”. Esto supondría más presión fiscal sobre las clases medias (con un esfuerzo que supera ya el 60% de la renta disponible bruta) y sobre las empresas.

Tanto el IVA como el Impuesto de Sociedades son dos de los tributos que más rápido se incrementarán, mientras que en IRPF y Cotizaciones el margen sigue siendo muy estrecho, ya que la recuperación de la actividad económica no ha servido para elevar sustancialmente su recaudación.

Civismo apunta: “Un Estado que gasta más, y cuyo único objetivo es el de buscar ingresos para justificar dicho gasto, introduce un componente recesivo en economías como la española. La crisis de confianza sobre las cuentas públicas –todavía controladas por las compras de deuda del BCE– es la siguiente consecuencia por la negativa a continuar con las reformas estructurales que sí favorecen el crecimiento”.