La segunda de las grandes reformas económicas que llevó a cabo la revolución de 1868 fue la aprobación de un arancel de aduanas que pretendía orientar la economía española hacia una mayor integración con el exterior, reduciendo la protección existente hasta entonces; protección que, si bien favorecía a muchas empresas españolas, constituía un freno a su eficiencia y a la modernización del país. El protagonista indiscutible de este avance hacia el librecambio fue el ministro de Hacienda del primer gobierno revolucionario, Laureano Figuerola, quien las puso en marcha sólo unos meses después de la reforma monetaria, que creó la peseta y hemos comentado en un artículo anterior.
La marcha hacia el librecambio había protagonizado los debates sobre política económica en los principales países europeos a lo largo de las décadas previas. Lo que el ministro español quería era seguir la senda que habían abierto Cobden en Gran Bretaña y Bastiat en Francia. Y era una cuestión por la que Figuerola venía luchando bastante tiempo antes de llegar al gobierno.
Las dos organizaciones más importantes de la denominada “escuela economista” española de la época, eran la Sociedad de Economía Política y la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas; y ambas mantuvieron, desde su constitución, sólidas relaciones con organizaciones similares de otros países. Influencia determinante en la creación de la asociación librecambista tuvo el Congreso Internacional de Reformas Aduaneras celebrado en Bruselas el mes de septiembre de 1856. Una de las conclusiones de este Congreso fue, en efecto, el establecimiento de una asociación internacional para la propagación de los principios librecambistas y el logro de una reforma progresiva de las legislaciones arancelarias. La Asociación Internacional para las Reformas Aduaneras estableció su sede central en Bruselas; pero se acordó que se crearían comités nacionales en los diversos países europeos. La Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, constituida en Madrid dos años más tarde, sería la respuesta de los economistas españoles a esta convocatoria.
La Asociación buscaba – como indicaba expresamente la segunda de sus bases – defender y generalizar el conocimiento de la conveniencia de reformar el actual sistema de aduanas, disminuyendo sucesivamente los derechos de importación y exportación, y suprimiendo las prohibiciones, hasta transformar los aranceles establecidos en tarifas puramente fiscales. Para ello la Asociación organizó grandes mítines –fue ésta, de hecho, una de las primeras organizaciones que utilizaron esta técnica de propaganda, conocida entonces como “meeting a la inglesa”– a los que asistían cientos de personas y de los que la prensa diaria deba amplia información.
La llegada al Ministerio de Hacienda de uno de los principales dirigentes de este movimiento significó la aprobación rápida del nuevo arancel, a pesar de la fuerte oposición de los proteccionistas, en especial de los fabricantes del textil catalán, que traban de conservar la casi exclusividad que tenían en el mercado español. El arancel era, en realidad, muy prudente. Y su artículo fundamental, la base quinta, mantenía los aranceles vigentes durante seis años y fijaba reducción posteriores paulatinas, de modo que en 1881 los derechos de aduana tuvieran solamente una función fiscal y no de protección de la producción nacional.
De haberse mantenido en vigor esta norma, la economía española podría haberse desarrollado en un marco de mayor apertura al exterior y eficiencia. Pero pocos años después triunfó la reacción proteccionista. En 1890, Cánovas del Castillo publicó un folleto titulado De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista, que indicaba claramente el cambio de rumbo. Y en 1891, siendo presidente del Consejo de Ministros logró la aprobación de un nuevo arancel abiertamente proteccionista; que se vería reforzado por nuevas medidas en la misma línea en los años 1908 y 1922. La economía española se cerraba así al exterior de forma muy acusada. Las restricciones al comercio internacional que caracterizaron en todo el mundo los años de la gran depresión de la década de 1930 y, posteriormente, la política de autarquía y protección de la industria nacional del primer franquismo, acentuaron aún más esta tendencia. Habría que esperar a 1959 con las reformas introducidas en el contexto del Plan de Estabilización para que el comercio exterior iniciara en nuestro país una nueva etapa. Ya en la década de 1960 se firmaron importantes acuerdos comerciales con la Comunidad Económica Europea, que desembocarían en 1985 con la plena integración del país en Europa.
Lo que nos indica, de forma clara, la experiencia histórica es que a España siempre le han ido mejor las cosas cuando se ha abierto al exterior que cuando ha cerrado sus fronteras para proteger la industria nacional. Por ello el abandono de los principios de 1869 debe considerarse como una oportunidad perdida y un freno lamentable al desarrollo económico del país las décadas siguientes.
