Navarra ha entrado por errores propios en una época de vacas flacas. La presidenta advertía hace unos días de que no salían los números, por lo que tendría que haber recortes. Al fin es consciente Barkos de adónde conduce su política fiscal. Las subidas de impuestos nunca se traducen en incrementos proporcionales de la recaudación, porque los contribuyentes dejan de invertir o se marchan.
Navarra tiene el dudoso mérito de ser, en términos relativos, la región española que más compañías ha perdido en el período que lleva gobernando el cuatripartito. El Ejecutivo ha logrado que las empresas activas navarras hayan disminuido un 1,07%. Por el contrario, en Madrid han aumentado un 1,41% y, en La Rioja, un 1,26%. Estas comunidades compiten con la nuestra en una posición ventajosa porque, al reclamar menos impuestos, se convierten en un destino deseable para las sociedades navarras.
Este porcentaje será peor dentro de un año, ya que hay bastantes compañías que aún no han tenido tiempo de preparar la fuga. No son pocos los empresarios que no mueven los labios para no llamar la atención, pero que en breve moverán las piernas para salir corriendo. No querrán ser víctimas del nuevo Impuesto al Patrimonio, el más gravoso de España y quizá de Europa. Cunde también el pánico ante unas implacables inspecciones de Hacienda, en las que “te hacen el favor” de rebajar la cantidad exigida si renuncias a una farragosa reclamación de lo que consideras improcedente, que, de entrada, precisa del aval de la cantidad demandada. Sigan así y en Navarra se quedarán los funcionarios y quienes no puedan irse. Entonces, los partidos radicales tendrán mayoría legislativa suficiente para que los navarros seamos un territorio más de Euskadi.
En una familia responsable, cuando los ingresos no permiten llegar a final de mes, se suelen recortar los gastos más prescindibles, porque se sabe que endeudarse es el camino para encontrarse peor. Esto es lo que debería hacer Barkos para no tener que aplicar recortes en lo esencial. El problema de Navarra es que el Ejecutivo ha considerado como gastos ineludibles partidas cuya justificación es meramente ideológica. Así, ante un sistema de Salud que empeora a buen ritmo, la Ley de Memoria Histórica debiera esperar.
La señora Barkos debería saber que hay muchos pacientes en las listas de espera a los que no les inquieta su extrema urgencia de mover a Mola del mausoleo a Mola, un general del que nadie se acordaba, porque lo que de verdad les preocupa es su salud. Su prioridad tendría que ser organizar mejor la asistencia médica especializada sin gastar más, tal como hacen otras CC.AA. La artimaña de reducir la lista de espera de Dermatología mediante el envío de una foto al especialista, “interconsulta no presencial” lo llaman, resulta un insulto a la inteligencia. Otro truco para falsear las listas es retrasar las pruebas diagnósticas, lo que motiva que haya pacientes que se pagan una resonancia en la Clí- nica Universitaria para demostrar que su cirugía es urgente.
Por último, aludo al fraude de bastantes supuestos indigentes. Esos casos en los que el marido y la mujer se empadronan con sus hijos en lugares distintos para cobrar más subvención, timo que no les disuade de trabajar con aceptable salario en la economía sumergida, sin que la Inspección de Trabajo actúe. Por no hablar de la Renta Básica, una medida clientelista que, lejos de lograr la inserción social de los desfavorecidos, desincentiva la búsqueda de empleo, generando más pobreza. Si le dieran el dinero a Cáritas, ahorrarían funcionarios y el presupuesto se emplearía en los realmente necesitados.