El sistema de financiación en España es complejo y diverso, y combina leyes de diferentes rangos, peculiaridades resultantes de la transición democrática y una estructura territorial descentralizada. La Constitución Española establece tres niveles de administración (estatal, autonómico y local), cada uno con competencias específicas y autonomía financiera. Este sistema, que en el inicio buscaba autonomía y equidad, está creando fragmentación en el sistema tributario. El problema se ve agravado por las tensiones políticas y la falta de cohesión entre las diferentes Comunidades Autónomas, que impacta de manera grave en la llamada solidaridad financiera.

En un contexto de descentralización política, algunas Comunidades Autónomas buscan una mayor autonomía fiscal, como Cataluña, con su propuesta de pacto fiscal que pretende la gestión y recaudación total de los impuestos dela región, emulando el sistema del cupo vasco y navarro. La Generalitat de Cataluña busca administrar el 100% de sus ingresos fiscales, aunque esta aspiración choca con las leyes estatales y con la Constitución, que limitan el alcance de estas competencias.