El ‘think tank’ Civismo celebró este jueves en Madrid el Día de la Liberación Fiscal, la fecha en que se cumplen los 130 días necesarios para que un español cumpla con sus obligaciones tributarias. En Castilla y León, sin embargo, la jornada de celebración será mañana, 11 de mayo, ya que la media para cumplir con Hacienda se he elevado este año a 131 días.
Las diferentes subidas de impuestos aprobadas han provocado que la fecha en que un castellano y leonés termina de trabajar para el Estado haya pasado del 4 de mayo en 2012 al 11 de mayo este año, siete largas jornadas de trabajo más y una más que la media española.
El Día de la Liberación Fiscal (Tax Freedom Day, como se conoce en el mundo anglosajón) traduce la presión fiscal en el número de días que necesitan los trabajadores para pagar sus impuestos directos e indirectos, así como las cotizaciones a la Seguridad Social. Un trabajador español que gane el sueldo medio (24.400 euros brutos al año) estaría destinando 54 días a pagar el IRPF, 32 al IVA, 23 a la parte de la Seguridad Social que sale del salario bruto del empleado, 14 a los impuestos especiales y 7 a otros impuestos. En total serían 8.667 euros a pagar a la Administración.
Además, los portavoces de Civismo, entre ellos su secretario, el escritor Pedro Schwartz, alertaron hoy de que las últimas subidas de impuestos autonómicos y municipales están agrandando las diferencias fiscales entre comunidades, con una horquilla de hasta 12 días entre el País Vasco, autonomía con la menor presión fiscal, y Cantabria al otro extremo. Para un ciudadano medio español, vivir en Cantabria costaría 12 días más de trabajo al año y 782 euros extra que hacerlo en el País Vasco.
A la hora de realizar esta comparativa, los autores no han tenido en cuenta el salario medio de cada región sino el patrón nacional para crear una guía que permita al ciudadano elegir a qué provincia le conviene más acudir a trabajar en igualdad de condiciones. “Esto debería servir también para estimular la competencia fiscal entre las comunidades, de manera que ofrezcan un trato más favorable al contribuyente”, apunta en el informe.
Castilla y León, según el estudio, es una de las comunidades que mantiene el tipo máximo del IRPF autonómico en el 21,5 por ciento, de modo que el gravamen más alto se situé en el 52 por ciento; sigue aplicando el céntimo sanitario con el recargo máximo de 4,8 céntimos por litro y ha recuperado el impuesto sobre el patrimonio aplicando la tarifa estatal, cuyos tipos impositivos van del 0,2 por ciento al 2,5 por ciento. Esto la sitúa entre las autonomías donde más tiempo lleva pagar impuestos, sólo por detrás de Cantabria, Cataluña y Castilla-La Mancha y al lado de Madrid.
A mismo nivel de renta, con circunstancias personales y hábitos de consumo parecidos, las diferencias de una comunidad a otra pueden representar hasta 12 días de trabajo. Entre otras cosas, éstas se deben al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un tributo municipal que varía mucho de un ayuntamiento a otro. Igual sucede con el impuesto de circulación, más elevado en ciudades como San Sebastián, Santander, Valladolid o Palma de Mallorca, según el informe.
El Día de la Liberación Fiscal celebrado por esta organización sirve para llamar la atención de los políticos y también para que “los ciudadanos sean más conscientes de que ese dinero es suyo”. Pedro Schwartz destacó hoy que “muchos economistas creen que los impuestos deberían recaer sobre el consumo, porque esto transforma la sociedad en inversora”. El portavoz del think tank pidió también que las administraciones hagan un esfuerzo por simplificar los impuestos para que resulte “más fácil controlarlos” y se pueda “evitar el fraude fiscal”. Bromeando, añadió que “al final pagan los impuestos aquellos que no pueden huir”.
La organización pretende servir como un cauce de participación e influencia en el debate público, “desde una tribuna invulnerable a partidos políticos, sindicatos, patronales y lobbies de poder”. El think tank cuenta con analistas internos, expertos en áreas de fiscalidad, gasto público y políticas públicas con una junta de gobierno, un consejo asesor y una red de expertos que colaboran en diferentes proyectos.
