La Fundación Civismo publica el informe Impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la economía española, que analiza el impacto económico y social del IMV en España desde su implementación en 2020. Esta medida nació para garantizar un nivel mínimo de renta a personas vulnerables en época de pandemia y ha acabado consolidándose en el sistema de forma permanente. Sus objetivos eran prevenir la pobreza, favorecer la inclusión social y laboral y homogeneizar la protección en todo el territorio español. Sin embargo, desde su implantación han ido surgiendo problemas que han evitado que estos objetivos se hayan alcanzado de forma plena.
El coste acumulado del IMV desde 2020 supera los 22.000 millones de euros, que equivalen aproximadamente a financiar el salario mínimo de 1,3 millones de trabajadores durante un año, construir más de 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad o levantar alrededor de 35 hospitales similares al que se construirá en Málaga. Este año ha alcanzado su máximo nivel de cobertura: casi 800.000 hogares, 2,44 millones de personas (+19,1% que el año pasado), especialmente menores de edad (un 41%) y un 68% de mujeres. Pero se observan disparidades territoriales: mientras Melilla (64,2%) y Asturias (60,6%) presentan las mayores coberturas, regiones como Cataluña (27,9%) y Baleares (27,5%) tienen las tasas más bajas…
