El ingreso mínimo vital (IMV) sigue siendo una de las ayudas más cuestionadas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue aprobada por la vía de urgencia en 2020, el año de la pandemia, y se iba convertir en la ‘vacuna anticrisis’, pero seis años después, sus efectos son limitados, tras una batería de cambios a sus espaldas que no han evitado que siga atrapada en un enredo en la gestión que tapona su llegada a los hogares más necesitados. Hoy el sistema deja fuera al 55% de los hogares potencialmente necesitados y hasta el 72% en el caso de la ayuda a la infancia. Así lo asegura un informe sobre el «Impacto del IMV en la economía» elaborado por la Fundación Civismo, que se suma a las críticas de organismos como la Airef, Fedea, el Tribunal de Cuentas o los propios funcionarios sobre el funcionamiento de la ayuda…