La noticia de que los dirigentes del PP se están planteando desinvertir el dinero que el Estado tiene en empresas que cotizan en el Ibex 35 si gana las próximas elecciones —publicada por ABC— puede beneficiar a las empresas y a los inversores, señalan los analistas, pero siempre que la desinversión sea selectiva, gradual y transparente basada en criterios económicos y estratégicos verificables y no en compromisos políticos. Si finalmente el nuevo Gobierno optara por desinvertir en estas cotizadas, la operación debería analizarse caso por caso. “No tendría que ser una privatización indiscriminada, sino de una revisión empresa por empresa, distinguiendo las participaciones de naturaleza esencialmente financiera de aquellas que responden a intereses estratégicos justificados”, afirma Antonio Castelo, analista de iBroker.
Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo y doctor en Economía. Reconoce que hay sectores estratégicos que requieren una “supervisión especial”, pero eso no significa que el Estado “deba ser accionista”. A su juicio, se puede garantizar el interés general mediante una regulación adecuada sin necesidad de participar en el capital.
