El Gobierno de España pisa el acelerador para aplicar revalorizaciones y subidas salariales y de ayudas públicas a las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Ejecutivo trata así de ganarse el favor de los funcionarios, los pensionistas, los trabajadores que cobran el salario mínimo y los beneficiarios del ingreso mínimo vital: como publicó THE OBJECTIVE, el caladero de votos de quienes viven del Estado asciende a casi la mitad del censo electoral. En plena precampaña, se han anunciado ya subidas y revalorizaciones inminentes para todos estos colectivos.

El Ejecutivo también ha convocado a los sindicatos para explorar la posibilidad de adelantar la subida salarial del 5% para los funcionarios, prevista para principios de 2027, con el objetivo de aplicarla antes de las elecciones. Asimismo, se prevé una mejora del ingreso mínimo vital, que, igual que las pensiones mínimas y no contributivas, se incrementa de acuerdo con el umbral de pobreza, según una fórmula establecida que suele dar un resultado superior al IPC, aunque la cifra exacta todavía no ha sido anunciada. Esta prestación permite subsistir a hogares con ingresos escasos o nulos, pero la Fundación Civismo ha advertido recientemente que también desincentiva la búsqueda de un empleo para salir de la pobreza: el 90% de los beneficiarios son de larga duración (más de un año) y el 70% lleva más de tres años viviendo de la ayuda, que además, concede ventajas, como por ejemplo a la hora de acceder a vivienda de protección oficial…