Un hachazo fiscal en toda regla
Una de las propuestas que vertebran el programa de Podemos es la aprobación de una reforma fiscal que supondría una de las mayores subidas de impuestos de la historia de España. En el IRPF se plantea un aumento estructural de la recaudación de 10.000 millones de euros, lo que se traduciría, de media, en un golpe de 500 euros por declaración, un 30% más sobre la parte estatal del gravamen directo por excelencia.
La formación que dirige Pablo Iglesias también quiere disparar de manera agresiva la fiscalidad que soportan las empresas. Así, en el Impuesto de Sociedades se plantea una subida de la recaudación que asciende al 50%, a razón de 12.000 millones de euros “extra” cada año, a razón de 8.000 euros por empresa. Además, el documento plantea también un repunte del 60% en el tipo efectivo que soportan las grandes empresas, que pasarían del 18-19% al 30%.
Pero también se plantean aumentos de la presión fiscal en otras figuras tributarias. Por ejemplo, con la fiscalidad aplicada al Patrimonio, las Sucesiones y las Donaciones, Podemos espera conseguir 2.000 millones de euros más. Teniendo en cuenta que estos impuestos aportan entre 3.000 y 3.800 millones de euros en las Comunidades del régimen común, hablamos de un aumento confiscatorio de la recaudación, que oscilaría entre el 50% y el 70%.
Pero también se plantean otros aumentos de la presión fiscal: aumento de los ingresos por tasas medioambientales, aprobación de un gravamen a las transacciones financieras, creación de un nuevo impuesto a los bancos, etc. En resumen, una explosión de impuestos incompatible con una recuperación sostenible para las empresas y familias.
Medidas inasumibles por la UE
La formación morada plantea su plan fiscal bajo el supuesto de que las instituciones comunitarias accederán a que España tenga un nuevo calendario de reducción del déficit público. En realidad, tanto el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, como el comisario de Economía, Pierre Moscovici, han anunciado que las instituciones comunitarias no está dispuestas a dar su visto bueno a esta propuesta. En consecuencia, Podemos asume un margen fiscal de 26.300 millones de euros anuales que en realidad no cuenta con el aval ni el respaldo de Bruselas. No hablamos de una cuestión menor: a lo largo de toda la legislatura, el descuadre superaría los 100.000 millones de euros, alrededor del 10% del PIB.
A todo lo anterior, hay que sumarle una serie de medidas inasumibles por las autoridades comunitarias, como el repliegue de las normas que regulan la estabilidad presupuestaria, la apuesta por una fuerte expansión de la banca pública o la no contabilización de la inversión pública en las cifras de déficit.
Casi 100.000 millones de gasto adicional
Lejos de ajustarse al difícil escenario de restricciones presupuestarias que enfrenta España, Podemos propone un aumento del gasto público equivalente a 96.000 millones de euros. Esta cifra supone casi el 80% del techo de gasto fijado para el año 2016. Hablamos, por tanto, de un aumento insostenible de los desembolsos de la Administración central, ya que ahora mismo su techo de gasto está en los 124.000 millones pero bajo la propuesta de Podemos ascendería a los 220.000 millones.
La puntilla a la recuperación del empleo
El documento también baraja la aprobación de una reforma laboral destinada a restringir de manera notable la flexibilidad del mercado de trabajo. Además de una burocratización generalizada de los procesos de contratación y despido, hablamos de profundas restricciones del empleo temporal que pondrían en jaque uno de cada cuatro puestos de trabajo o de una inasumible subida del salario mínimo que llegaría al 50%.
Riego de descapitalización de la economía española
Podemos también defiende un aumento de los impuestos aplicados a los vehículos financieros y societarios que garantizan la llegada de nuevas inversiones a nuestro país. Así, la formación morada habla de modificaciones fiscales que afectarían a las Sicav, las Socimi, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Además, se plantea revisar los convenios tributarios suscritos con otros países para aumentar el peso de los impuestos que soportan las empresas extranjeras que operan en España.
Aprobar esta agenda de medidas intervencionistas puede traducirse en un desplome de la inversión extranjera en España. Además, conviene recordar que el capital llegado del exterior sostiene el 10% del empleo nacional, por lo que la descapitalización de la economía española tendría un impacto directo en el ciclo inversor, pero también en el mercado de trabajo.