El Gobierno ha rebajado sus perspectivas de recaudación con la tasa Google en torno a un 19,33%, de los1.200 millones de euros estimados en la anterior legislatura a 968 millones, según ha comunicado este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) sigue adelante, aunque la liquidación no se llevará a cabo hasta finales de año, a la espera de que se consensúe un acuerdo global y, de paso, a refugio de posibles represalias desde EEUU.
¿De dónde salen las cuentas del Gobierno?
El Ejecutivo se queda finalmente con la interpretación más optimista realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calculaba entre 546 y 968 millones el potencial de la aplicación de este nuevo tributo. En cualquier caso, el dato reduce considerablemente las expectativas recaudatorias del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.
Los cálculos de la AIReF partían de los 546 millones que corresponderían a España, dado el tamaño de su mercado, según las cuentas efectuadas previamente por la Unión Europea (UE), que preveía una inyección comunitaria con junta de 5.000 millones euros al año por este concepto. Sin embargo, la propuesta comunitaria no llegó a prosperar y la implantación internacional del impuesto ha quedado supeditada a las negociaciones que actualmente se desarrollan en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A esa cifra, la AIRef añadía otros 240 millones por la reducción del umbral mínimo de facturación, un listón que, en lugar de en los 5 millones que preveía la UE, España ha descendido a los 3 millones de facturación. Además, las operaciones intragrupo que se computarían en este país, a diferencia de Europa, inyectarían otros 182 millones. La recaudación se cifraría por lo tanto en 968 millones (546 más 240 más 182 millones).
¿Qué opinan desde Google hasta Facebook de esta tasa?
En realidad, es un impuesto, no una tasa. Las grandes corporaciones ejercen una labor de lobby intensa, focalizada en Bruselas. En sus declaraciones públicas, estas compañías aseguran que cumplirán con la legislación que esté vigente, pero en el ámbito privado reconocen que, como el resto de empresas, hacen cuanto está en su mano para reducir los impuestos a pagar. En Francia, se acostumbra a llamar al impuesto tasa GAFA, en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon, pero en España ha quedado bautizada como tasa Google. En esta empresa, el gigante californiano de las búsquedas por internet, no ven con malos ojos ese nombre, pues indicaría que el impuesto va dirigido contra algunas compañías, por mucho que la ministra Montero hable de un carácter “no discriminatorio”.
¿Sólo están en contra los gigantes de Internet?
Las críticas a una tasa Google están en boca de la práctica totalidad del sector económico digital, representado a través de asociaciones como Ametic o Adigital, desde la que se considera que el impuesto “derivará en una fuerte pérdida de competitividad en las empresas españolas, produciendo la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en nuestro país y aislando a España del contexto digital global”.
Directamente, el impuesto sólo debería afectar a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones de euros de ingresos en España, unos umbrales que, según el Gobierno, “evitan un impacto en las pymes”. Asociaciones españolas y europeas de start-ups se han mostrado en contra, no obstante.
Fundación Civismo, lobby de ideología liberal, cuantifica el impacto negativo de la tasa Google en 178 millones sólo para el sector y en un total de 302,6 millones de euros para el PIB español, todo esto sólo en su primer año de aplicación. Según esta fundación, un impuesto de este tipo “hará que nuestro país pierda atractivo inversor, e incentivará a estas empresas a establecer sus sedes fuera de nuestras fronteras”. Tal y como ha reconocido la ministra Montero, existe “la sombra sobre si va a repercutir en los usuarios finales”, una consecuencia de la que han advertido repetidamente distintas asociaciones e incluso algunas empresas, por ejemplo la rama francesa del gigante del comercio electrónico Amazon.
¿Por qué se deja en suspenso?
Francia ha congelado la aplicación de la tasa Google, a la vista de que la reacción de EEUU pasaba por la imposición de aranceles a productos galos. España, sin querer paralizarse una medida que ya estaba sobre la mesa en la anterior legislatura, ha optado por establecer que para este primer año la liquidación nunca se realice antes del 20 de diciembre, y mediante una única declaración de los ingresos de las empresas afectadas. El objetivo es que esas declaraciones tengan una frecuencia trimestral, pero de momento el Ejecutivo aguarda al acuerdo global de la OCDE y se cubre ante posibles represalias de EEUU, país de origen de la mayoría de las grandes corporaciones tecnológicas, desde Microsoft hasta Netflix.
¿Qué ocurrió con el acuerdo europeo?
En Europa, algunos países han bloqueado la imposición de un impuesto digital, en contra del criterio de otros como Francia y España. Es el caso de Irlanda, donde a consecuencia de su laxo régimen fiscal se ubican muchas de las sedes continentales de las empresas tecnológicas, como Facebook o Google. Otras naciones del norte de Europa, como Dinamarca, Finlandia y Suecia (de donde procede por ejemplo Spotify, también se han mostrado contrarias a la implantación del impuesto.
Por ello, el debate europeo acabó por trasladarse a la OCDE. En esta organización se estima que un acuerdo global para la imposición de una tasa digital reportaría una recaudación anual de aproximadamente 100.000 millones de dólares al año, es decir, alrededor de 92.000 millones de euros. Ese dato supone un 4% de la recaudación mundial de impuesto sobre sociedades.
A menudo se relaciona el impuesto sobre actividades digitales con el de sociedades, ya que se perfila como una fórmula que cubra las cantidades que las grandes empresas del ámbito online dejan de pagar aprovechando los resquicios fiscales de países como Holanda o Irlanda, donde logran reducir las cargas fiscales a la mínima expresión. Según un informe de Fair Tax Mark, precisamente existe una brecha de más de 90.100 millones de euros en la década entre los impuestos pagados por las llamadas Big Tech y los que deberían haber asumido esas empresas (Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple y Microsoft).