Las trampas económicas que encierran las exigencias de C’s
25 de agosto de 2016
Por admin

El pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos tiene algunas ideas buenas, baratas y relativamente sencillas de ejecutar. Sin embargo, hay cinco medidas donde las negociaciones pueden encallar, bien sea porque son demasiado caras, porque dañan una recuperación económica todavía frágil o porque pueden llegar a ser inconstitucionales, según critican los expertos. Estos grandes puntos de fricción son el contrato único, la mochila austriaca, el complemento salarial, la extensión del permiso de paternidad y la revisión de la amnistía fiscal.

Contrato único. Uno de los grandes elementos que centra el programa económico del Ciudadanos, y que fue una medida clave en el acuerdo con el PSOE, es el contrato único. Los juristas no creen que sea una medida inconstitucional, como defendía la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sin embargo, tampoco creen que sea fácil de aprobar. “El núcleo del problema es que mejorar la protección a quienes ahora son temporales rebaja la del resto”, señala Federico Durán, socio de Garrigues y Catedrático de Derecho del Trabajo. Por eso, “sociológicamente no se puede llevar a cabo”, añade Esteban Ceca Magán, socio director de Ceca Magán Abogados, especializado en temas laborales. Además, “los contratos que están en el derecho del trabajo y que han generado derechos del trabajador no se pueden cambiar”, añade.

Mochila austriaca. La mochila austriaca implica que la empresa destina una parte del salario del trabajador a un fondo para indemnizarle por su eventual despido. En el caso de que el trabajador no sea despedido y prefiera cambiar de compañía, se llevaría su fondo con todo el dinero acumulado hasta entonces. Aunque esta medida aumentaría la movilidad de los trabajadores, generaría varios problemas. Por un lado, Durán destaca que “habría que introducirlo de forma muy progresiva, porque mucha gente ha acumulado unos derechos enormes y el sistema no está suficientemente capitalizado para pagarlos; este proceso duraría décadas”. El laboralista recuerda que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero encargó un informe para su introducción, pero no la pudo sacar adelante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las indemnizaciones son relativamente elevadas porque sólo unos pocos las cobran, si el importe tiene que repartirse, la indemnizaciones bajarían. Además, “queda por determinar si la tributación de la renta de la mochila austriaca será como renta del ahorro o del trabajo, en cuyo caso los ciudadanos saldrían perdiendo”, advierte José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas.

Complemento salarial. Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, opina que el complemento salarial que propone Ciudadanos “generaría dos efectos perniciosos: en primer lugar, crearía distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos y, en segundo lugar, habría que ver de dónde sacar el dinero”. Es decir, no se trata só- lo del coste presupuestario, en un momento en el que Bruselas reclama un ajuste de 5.000 millones para el próximo año, sino también de que da incentivos a los ocupados para trabajar menos o defraudar, ya que verán compensados sus menores ingresos con el complemento.

Permiso de paternidad. La extensión del permiso de paternidad a los hombres, con ocho semanas de baja para repartir entre cada uno de los progenitores, iguala los derechos de ambos y podría rebajar la discriminación laboral a las mujeres. Sin embargo, “el problema es que no se puede seguir cargando siempre las mejoras de los trabajadores sobre los lomos de los empresarios”, que son quienes pagarían la nueva norma, se- ñala Ceca Magán. “Si machacamos la reforma laboral, se destruye empleo”, concluye. Además, este gasto es más difícil de prever para el empresario, ya que dependería de la pareja de su empleado, más que del asalariado mismo.

Amnistía fiscal. Por último, la revisión de la aministía fiscal puede ser una manera de obtener ingresos para financiar las nuevas partidas sociales, ya que pretende gravar todos los bienes declarados con un tipo del 10%, en lugar de únicamente los rendimientos de los últimos 4 años, que eran la parte que no había prescrito. Sin embargo, “atentaría contra todos los principios del derecho”, advierte el fiscalista Ruben Candela. Aquí se incluiría especialmente el principio de seguridad jurídica, que quedaría quebrado con la revisión. Candela asegura que “sería un disparate cambiar las leyes del juego a mitad del partido” y señala que, si se aprobara la medida, el Tribunal Constitucional tendría que declararla ilegal.

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