El peso del sector público en la actividad económica del Archipiélago es el tercero menor del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Así lo afirma el informe Libertad económica en España, que elabora cada dos años el think tank Civismo. Solo Madrid y La Rioja presentan un menor intervencionismo, lo que contrasta con la queja expresada por los empresarios de las Islas ante las dificultades que encuentran para desarrollar su labor inversora.
Objetivamente, que el tanque de pensamiento de ámbito nacional ponga al Archipiélago entre los tres primeros puestos “es maravilloso”. Así lo afirmó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. “Nosotros también tenemos que vender fuera la marca Canarias”, explicó.
El informe contiene una de cal y otra de arena, porque a pesar de que Canarias se sube al podio de las regiones más liberales, cuando se coloca el foco sobre la regulación medioambiental de las Islas se hunde hasta el puesto decimoquinto de las 17 comunidades autónomas. “La variable política ambiental muestra un valor muy elevado”, lo mismo que ocurre con la de legislación ambiental, según explica el informe. La lectura que hacen los analistas del thin tank, presidido por Julio Pomés e integrado entre otros por Pedro Schwartz y Carlos Espinosa de los Monteros –este en excedencia por estar al cargo de Marca España–, es que se han implantado “instrumentos de política ambiental en la regulación de una intensidad alta”.
Manrique de Lara puntualizó que el resultado final puede deberse a que el Archipiélago es una comunidad “muy abierta” a la inversión, si bien afirmó que no existen “facilidades para el desarrollo económico”. Las normas, según sus afirmaciones, “se solapan, lo que pone muy difícil” materializar los proyectos.
El indicador otorga valores que van del cero al uno en cada uno de los segmentos económicos que entra a evaluar para conformar, con la media de todos ellos, el ILE (índice de libertad económica). En la medida en que el resultado se acerca a la unidad, se describe un panorama de mayor intervención de la Administración Pública.
El ILE de Canarias en 2013 fue de 0,367 puntos, mientras que dos años antes se situaba en 0,358. Esa variación le ha valido al Archipiélago pasar del puesto séptimo al tercero en la nómina de regiones más liberales.
La educación es el nicho de negocio en el que mayor aparición de la Administración se produce. Las Islas ocupan el decimoséptimo puesto, lo que les convierte en la comunidad autónoma con menor libertad económica. Con todo, la situación con respecto a la mediana ha mejorado sobre la de 2011. Si hace dos años, la distancia con el conjunto de las comunidades era del 41%, ahora esa diferencia ha bajado al 36%.
El comportamiento contrario se concentra en el esfuerzo fiscal, donde los 1.868 millones de euros recaudados son la menor cantidad de entre las regiones españolas. En gran medida por el Régimen Económico y Fiscal (REF) de que disfruta el Archipiélago, que consagra un Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) cuyos tipos son más bajos que los del IVA, lo que conlleva liquidaciones más modestas. Sin embargo, hace dos años estaba en tercera posición. El avance se explica porque en el ajuste fiscal realizado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el incremento del IVA pesa más que el del IGIC legislado por el Parlamento de Canarias.
Civismo se define como un think tank que intenta promover “una sociedad civil activa y unos ciudadanos que no se vean limitados por las trabas del Gobierno, sino impulsados por una regulación sencilla, justa y eficiente”. En coincidencia con los empresarios canarios, estima que la aprobación de una gran cantidad de leyes provoca una reducción de la iniciativa privada, “disuade que se libere el potencial ciudadano y constituye un freno para la prosperidad económica. Sólo evitando ese férreo control se puede crear empleo”.
