01
jun
Panam Post

España está afrontando unos momentos muy difíciles. Tanto por la crisis sanitaria y económica derivada por el coronavirus, como también por estar bajo el efecto de otro poderoso virus: el socialismo. Paulatinamente el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha ido implantando sus nefastas medidas que ya han causado un efecto devastador: la afiliación media del mes de abril cae en 548 093 trabajadores y el paro sube en 282 891 personas, el mayor aumento, por cierto, de la serie histórica.

El Gobierno nos había vendido que los ERTE (la medida económica “estrella” que anunciaron Sánchez e Iglesias) iban a conseguir que no se destruyese empleo. Sin embargo, como siempre ocurre con los gobiernos populistas, la realidad se impone sobre la ficción. Los ERTE no funcionaron en absoluto; no se están pagando y lo único que conllevaron ha sido miseria y pobreza. En España no se tiene la suficiente liquidez como para poder conceder todas las ayudas que el Gobierno prometió, eso sí, con el implícito objetivo de subordinar a gran parte de la población a los totalitarios deseos de Sánchez e Iglesias.

Esta semana Hugo Pereira nos comenta que se ha alcanzado un nuevo logro socialcomunista: el someter a los altos mandos de la Guardia Civil al libre designio del Gobierno; yendo en contra, por tanto, de la separación de poderes y de la neutralidad que debiera tener el Instituto Armado. En este sentido, los números uno y tres de la Guardia Civil han sido fulminados por el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska. Y el número dos ha dimitido por el arbitrario e injusto cese del número uno. Ambas fulminaciones han sido justificadas por una supuesta pérdida de confianza. Sin embargo, la verdadera razón es sustancialmente diferente: el cese deviene porque los altos mandos no se han plegado a las presiones del Gobierno.

Cabe recordar que en España se está llevando a cabo una investigación sobre el 8M y la relación que esta fatídica jornada de manifestaciones tiene con el ingente número de contagios y muertos por el coronavirus. Y, justamente, tal investigación apunta directamente al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Como es notorio y obvio, la destitución de los altos mandos de la Guardia Civil no se debe a una perdida de confianza —que también—, sino que mayoritariamente responde al intento de obstaculizar una investigación judicial que muy posiblemente acabe con la imputación de relevantes miembros del Gobierno y su entorno. Eso sí, esto ocurrirá siempre y cuando el Poder Judicial consiga sobrevivir en la cierta independencia que posee y no se quede sometido al efectivo control del Ejecutivo. Y lo ocurrido esta semana nos acerca más al segundo escenario. Lo que está claro es que hemos y estamos retrocediendo en libertades desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron a la Moncloa.


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