La Comisión Europea ha ha remitido una carta al Gobierno del Reino de España advirtiéndole del riesgo de que se desvíe del ajuste exigido por Bruselas en 2019 y le pide aclaraciones sobre las medidas incluidas en el borrador de Presupuestos que envió el pasado lunes. Los puntos críticos señalados por las autoridades comunitarias son dos: un aumento del gasto nominal del 1,7 por 100 frente al 0,6 por 100 recomendado y un ajuste estructural del 0,4 por 100 del PIB, esto es, inferior al 0,65 por 100 del PIB considerado necesario por la CE para reducir el binomio déficit/deuda. Este aviso era inevitable y, en cualquier caso, estéril. España no cumplirá en ningún caso el objetivo de déficit público en 2019 ni en 2020.
El problema no estriba en lo que suceda este año que está perdido sino en lo que acaezca en los siguientes ejercicios presupuestarios y eso dependerá de quien gobierne España después de las elecciones del 10-N. Así pues, el problema básico para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad no es económico sino político y, a estos efectos, las expectativas son poco alentadoras. Todo sugiere un futuro próximo de inestabilidad gubernamental o de un gobierno estable con una estrategia fiscal-presupuestaria poco compatible con la disminución de los desequilibrios financieros del sector público. En consecuencia, el realismo sugiere cuanto menos un panorama gris oscuro.
Aunque las encuestas son un indicador de expectativas cada vez menos fiable, todas arrojan un escenario de mayorías precarias y, a priori, de una mayoría posible de las fuerzas parlamentarias con una alergia crónica a aplicar medidas capaces de recortar el déficit y la deuda pública. El borrador presupuestario remitido a Bruselas refleja con claridad meridiana cuales son los designios del actual gobierno en funciones si se mantiene en el poder: subir el gasto y los impuestos; es decir, hacer todo lo contrario de lo demandado por las circunstancias.
Esta deriva presupuestaria se ve impulsada por la estrategia político-electoral del socialismo gobernante y favorecida por la actuación del BCE. Las llamadas a la disciplina fiscal realizadas por la Comisión Europea son incompatibles con el anuncio del banco central de reactivar la compra de bonos soberanos en el supuesto de que algún Estado de la UEM tenga dificultades para colocarla en el mercado y pueda enfrentarse a una hipotética crisis de deuda. Esto significa la ausencia de una restricción real y efectiva al despliegue de planes presupuestarios inconsistentes.
Por otra parte, esta situación no va a afectar sólo a España, sino a buena parte de los Estados del euro, incluidos dos de los grandes, Francia e Italia cuya vocación de austeridad fiscal es perfectamente descriptible. Desde esta perspectiva, el Gobierno carece de incentivos para introducir un plan de estabilización de las cuentas públicas y, por tanto, no lo hará. El coste del incumplimiento es cero y la posibilidad de que la Comisión Europea sancione a España por quebrantar sus compromisos es bastante irreal. La combinación de riesgo moral con el axioma too big to fail es una sentencia de muerte a la ortodoxia hacendística.
En el supuesto de que se diese una victoria pírrica del centro derecha en los comicios del 10-N, la situación cambiaría poco. Un potencial gobierno de ese signo tendría extraordinarias dificultades para llevar a cabo un ajuste como el requerido sin tener una sólida mayoría parlamentaria que no se va a producir. En ausencia de ella y con una oposición de izquierdas fuerte y radicalizada en el Parlamento y en la calle, la posibilidad de realizar una estabilización, acompañada de reformas estructurales sería una misión cuasi imposible. En estas condiciones, un gabinete de centro derecha estaría maniatado y no tendría capacidad de acción.
Por añadidura, el conjunto de la sociedad española no ha descontado ni mucho menos interiorizado la gravedad real de la situación económica. En consecuencia, las proclamas de Casandra, anunciando un escenario crítico si no se actúa con rapidez y contundencia no tienen eco. Parecen un ejercicio de catastrofismo. Se está aún bajo los efectos hipnóticos de la recuperación y nadie quiere escuchar negros augurios mientras todavía se disfruta de un período de bonanza. El recuerdo de la Gran Recesión se ha volatilizado a velocidad de vértigo y eso se refleja en la disposición de un volumen elevado de ciudadanos dispuestos a respaldar las mismas políticas que agudizaron y prolongaron la anterior fase recesiva,
Esto conduce a un callejón de complicada salida en el corto-medio plazo. En consecuencia, la economía española tiene la seria probabilidad de adentrarse en una pendiente negativa cuya intensidad dependerá de factores incontrolables, en especial, de la evolución del contexto internacional. Por tanto, no cabe esperar nada y confiar tan sólo en que la economía reduzca su ritmo de crecimiento de manera paulatina, lo que será posible sin la emergencia de un shock interno o externo. Dicho eso, en el mejor de los casos, el PIB crecerá en 2019 por debajo del 2 por 100 y en 2020 no por encima del 1,5 por 100.
Este diagnóstico parece sin duda pesimista y lo es. En España, quizá en otros países también, la memoria de las crisis se evapora. Las causas que las provocaron se olvidan y el presente tiende a ignorar el pasado y a no preguntarse por el futuro. Somos keynesianos en el sentido de asumir un “a largo plazo todos muertos” con lo que tendemos a abrazar el carpe diem. Sólo habrá cambio de política y de gobierno cuando se produzca una nueva crisis y hasta entonces disfruten de los días de vino y de rosas porque las existencias tienden a agotarse.
