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La pandemia del coronavirus que está devastando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo también ha hecho presa en una víctima más sutil: las políticas monetarias y fiscales convencionales avanzadas por gobiernos y bancos centrales ya no parecen suficientes ante la crisis que se está viviendo. Las propuestas económicas que hace una semana parecían radicales ahora se antojan tímidas. Los paquetes fiscales más ambiciosos vistos en años se consideran demasiado escasos solo unos días después de su anuncio. Tanto en Europa como en Estados Unidos, existe la impresión de que las instituciones necesitarán políticas aún más extraordinarias para contrarrestar la parálisis de todas las actividades económicas. 

El brote del coronavirus, además, ha expuesto la fragilidad de un mercado laboral caracterizado por una creciente “gig economy”, los contratos de cero horas, y los trabajadores autónomos. Más en concreto, en España, en marzo, se han destruido a causa de la COVID-19 hasta 898.822 empleos, de los cuales casi el 70% corresponde a contratos temporales [1], concentrados sobre todo en los sectores de la construcción, la hostelería y actividades artísticas y recreativas. A este número hay que sumarle 620.000 trabajadores afectados por los ERTE y 500.000 autónomos que han solicitado el cese de su actividad. Ante un desplome tan drástico, las medidas del Gobierno parecen todavía limitadas y arrojan la necesidad de políticas más contundentes. 

En todo el mundo, también se está pasando a la acción, con partidas de miles de millones de euros y medidas extraordinarias para ayudar a las empresas y a los trabajadores más vulnerables. Entre las propuestas más innovadoras, figura la reforma propuesta por la Administración Trump sobre el “helicopter money”, es decir, una transferencia directa de dinero desde el gobierno a los ciudadanos para ayudarles en este momento de dificultad [2]. De hecho, como explica la profesora de la universidad de Stanford Jennifer Burns, “en una situación de crisis en la que es probable que las necesidades sean generalizadas y muy diversas, como la emergencia por coronavirus, un pago en efectivo parece más eficiente en muchos niveles. Puede llegar a los destinatarios más rápido, y pueden usarlo de inmediato para satisfacer sus necesidades más apremiantes, según lo determine el mejor juicio del individuo y el hogar”[3]. En España, en las últimas semanas, el Gobierno de Sánchez ha esbozado una propuesta parecida, bajo la denominación de ‘ingreso mínimo vital’ que, como se analizará, es distinto a una renta universal, lo que hace que tenga también efectos completamente opuestos. Sin embargo, en ambos casos (en el de la renta universal y el ingreso mínimo), el tema de discusión versaría sobre su duración y, por tanto, el coste total de su aplicación. 

La crisis de la COVID-19 está solo poniendo de relieve aún más fallos en nuestras estructuras económicas. Entre otros, la creciente precariedad del trabajo, debida al surgimiento de la economía de plataformas y a décadas de deterioro del poder de negociación de los trabajadores [4]. Este asunto preocupa asimismo a los grandes inversores del sector de las finanzas, como Jim Chanos, el cual piensa que la crisis de coronavirus cambiará las actitudes sociales y políticas hacia los empleados más vulnerables, forzando a las empresas a ofrecerles más beneficios [5].

Junto a esta evidente inestabilidad del mercado laboral y la actual crisis social y sanitaria, hay otro riesgo al que, parece, el trabajador se tendrá que enfrentar en un futuro cercano: la automatización de los empleos y la necesidad de nuevas habilidades que no se pueden adquirir fácilmente.

La automatización laboral y el progreso tecnológico representan tanto una ventaja como un gran desafío para los países. Las empresas pueden aprovecharse de las nuevas tecnologías, incluida la automatización, para crear nuevas oportunidades económicas a partir de nuevas actividades, mejorar la calidad de ocupaciones tradicionales y emergentes, y aumentar las habilidades de sus empleados para alcanzar su máximo potencial e incorporar un mayor valor añadido en los puestos de trabajo, algunos de los cuales no habrían sido nunca realizados por seres humanos [6]. Según un estudio de PwC, estas nuevas tecnologías pueden llegar a contribuir hasta en un 14% al PIB mundial para 2030, lo que equivale a alrededor de 15 billones de dólares a valores actuales [7]. Sin embargo, el impacto positivo que esta ola tecnológica puede traer en la economía se va a absorber de maneras distintas dependiendo de los países, las industrias y los diferentes trabajos en las cadenas de valor. El instituto anglosajón Oxford Insights ha publicado recientemente un índice de disposición de los gobiernos a la inteligencia artificial. La puntuación general se compone de 11 métricas de entrada, agrupadas en cuatro grupos de alto nivel: gobernanza; infraestructura y datos; habilidades y educación; y servicios públicos y gubernamentales. Según el instituto, España está todavía por debajo de la media de Europa Occidental [8].

Fuente: Oxford Insights

Además, siguiendo con las estimaciones de PwC, en España, los sectores que más se verían afectados por la automatización serían el manufacturero y la construcción, mientras que la educación y los trabajos sociales apenas se alterarían. Por otra parte, pronosticar el impacto en el empleo todavía no resulta sencillo. Frey y Osborne (2013) han predicho que un 47% de los trabajos en EE.UU. están en riesgo de automatización. La OCDE, usando la misma metodología y aplicando algunas críticas hechas por otros académicos, ha llegado a estimaciones menos preocupantes, hasta concluir que, en los países desarrollados, este riesgo oscila entre el 7% y 12% [9]. El resultado todavía varía mucho y dependerá de la habilidad de las empresas para saber monetizar la inversión que están efectuando en inteligencia artificial (IA). Según una encuesta del MIT y la consultora Boston Consulting Group, realizada a más de 2.500 managers de 97 industrias y 29 países, el 70% de las empresas, actualmente, han reportado poco impacto de la IA en sus negocios. Además, aunque la inversión en tecnología aumente, no siempre las compañías consiguen un retorno positivo [10]. Eso sí, pese a que los resultados todavía no resulten del todo fiables, la necesidad de trabajadores con conocimientos específicos de las nuevas tecnologías será clave para la mejora de esos avances. 

En definitiva, si bien los principales datos relativos a la evolución tecnológica sugieren que estos cambios desembocan en la destrucción de empleos a corto plazo, a la que sigue la creación de otros nuevos y mejores, los adelantos tecnológicos de hoy en día surgen a un ritmo nunca visto, lo que crea incertidumbre sobre el futuro del mercado laboral. Como reporta la Organización Internacional del Trabajo, en la Unión Europea, casi el 50% de los individuos entre 15 y 24 años creen que sus trabajos actuales podría desempeñarlos total o parcialmente un robot o la IA, en comparación con el 40% de adultos [11]. Por tanto, a pesar de la previsión de un incremento de la productividad a largo plazo gracias a la tecnología, la sociedad siente la necesidad de una actuación política para defenderse de posibles riesgos.

La Renta Universal Básica

Los peligros derivados de la fragilidad del mercado laboral (que se han acentuado a consecuencia de la crisis de la COVID-19) han llevado a muchos economistas, políticos e intelectuales a proponer una renta universal básica (UBI, siglas en inglés de universal basic income), petición que se ha intensificado en las últimas semanas.  

Definida como “un pago periódico en efectivo que se entrega incondicionalmente a todos los ciudadanos de forma individual, sin necesidad de prueba de medios o trabajo” [12] la UBI se anuncia como una solución visionaria para luchar contra la desigualdad, la pobreza y la inseguridad laboral. Propuesta por primera vez en 1797 por Thomas Paine, se ha valorado en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XX, hasta volver a la mesa de debate en los últimos años a consecuencia de la crisis del 2008 (y ahora, de la sanitaria) y del riesgo de automatización en muchos trabajos. La incertidumbre sobre el mercado laboral y la falta de eficiencia de la seguridad social en muchos países ha motivado que la discusión se haya abierto a formas alternativas. Además, en los más recientes decenios, los defensores de la UBI han querido conectarse en una red cada vez más global. El “Basic Income European Network”, creado en 1986 para “servir como enlace entre todas las personas y grupos interesados en la renta básica y fomentar una discusión informada sobre este tema en todo el mundo” [13], cambió su nombre en 2004 a “Basic Income Earth Network”, debido a la gran participación de otros continentes.

Sus impulsores han aumentado aún más después de varios experimentos llevados a cabo en distintos países. Uno de los casos más exitosos, y que ha tenido más fuerza a nivel mediático, ha sido el Programa Bolsa Familia (PBF) vigente en Brasil, que consiste en un programa de transferencias monetarias condicionadas de cobertura nacional cuyo objetivo pasa por apoyar a familias en situación de extrema pobreza, y ampliar el acceso a servicios de educación y salud. A diferencia de la UBI, el PBF se dirige a las familias más vulnerables y está subordinado al cumplimiento de varios requisitos, como tener “la tarjeta de vacunación de niños de 0 a 7 años actualizada y garantizar una asistencia mínima a la escuela del 85% para niños y adolescentes de 6 a 15 años, y del 75% para adolescentes de 16 y 17 años” [14]. Los efectos socioeconómicos del PBF han sido objeto de muchos estudios académicos. Desde su inicio en 2003, los datos disponibles muestran cómo ha ayudado a 36 millones de personas a vivir por encima del nivel de pobreza extrema [15]. Sin entrar en el debate de los efectos (positivos o negativos) que ha tenido sobre la educación y la sanidad [16][17], hay que partir de la base de que su estructura y finalidad se apartan de los de una posible renta universal básica en los países más desarrollados. Las diferencias no radican solo en la incondicionalidad de la UBI, sino también en su posible impacto en la sociedad y en el mercado laboral, completamente distintos en Brasil y países europeos como España o Italia. Estas divergencias estructurales hacen que otros estudios que se hayan hecho en países en vía de desarrollo no reúnan la validez necesaria para justificar la aplicación de esta reforma en el resto del mundo. 

Sin embargo, los países occidentales también están sirviendo como terreno de prueba para estudiar la propuesta e intentar avanzar algunas conclusiones. De hecho, en el último siglo, ha habido muchos casos de experimentación en naciones más desarrolladas. Desafortunadamente, también aquí los límites son claros y, aunque puedan ofrecer resultados interesantes, no revisten mucha utilidad, aparte de la de mantener la discusión viva.

Probablemente, el ejemplo más parecido se encuentra en la renta que se distribuye en Alaska a todos los residentes como dividendo anual de las ganancias de los recursos naturales del país [18]. Sin embargo, aunque la renta sea universal e incondicional, por sí misma no alcanza para que los ciudadanos subsistan. Según reporta la institución encargada del programa, el dividendo anual distribuido en 2018 por individuo ascendió a 1.600 dólares [19]. Por tanto, una política de estas características no tendría ningún efecto ni en el mercado laboral ni en el estilo de vida de las personas.  

Por otra parte, en 2017, en Finlandia se practicó otro experimento sobre la renta universal (el más reciente en los países de la OCDE) con el objetivo de analizar determinados comportamientos sociales y laborales. Finalmente, tuvo como resultado el comparar diversos efectos en dos grupos de desempleados. El proyecto consistía en entregar una renta básica de 560 euros al mes, libres de impuestos, durante 24 meses a 2.000 parados de entre 25 y 58 años, que fueron elegidos al azar entre 175.000 personas de todo el país que percibían algún tipo de subsidio por desempleo. Los seleccionados seguían recibiendo la renta básica incluso si encontraban trabajo durante este tiempo [20]. El experimento no tuvo ningún efecto en la situación laboral de los participantes durante el primer año. Sin embargo, al final de este, los receptores del ingreso básico constataron que su bienestar había mejorado respeto a los individuos del grupo de control (i.e. el resto de los parados que no habían recibido la ayuda). No obstante, como se puede leer en el documento oficial del gobierno finlandés, “los resultados son hasta cierto punto preliminares, y aún no es posible sacar conclusiones firmes respecto a los efectos del experimento de ingresos básicos” [21]. Conclusiones similares, e incluso peores, se obtuvieron en Holanda, donde un grupo de investigadores simuló la introducción de una renta universal mensual de 700 euros para todos los ciudadanos de entre 18 y 64 años, basada en el salario mínimo del país [22]. Según uno de los investigadores, Ive Marx, una renta universal básica “sería enormemente ineficiente si se preocupara por los menos ricos de la sociedad” [23]

En Reino Unido, en los últimos años, tanto el Partido Verde [24] como el Laborista [25] han acrecentado su interés por esta medida económica y han propuesto estudiarla con mayor profundidad. En Francia, varios candidatos presidenciales socialistas delinearon diversas variantes de un ingreso básico. La reforma más radical quería reemplazar la asistencia social y los beneficios en el trabajo por un ingreso básico establecido en un nivel ligeramente más alto que el monto de la asistencia social para una sola persona. De la misma opinión, otros políticos, intelectuales y académicos en Europa y en Estados Unidos piensan que la revolución digital que estamos viviendo es única y que no se puede dar por supuesto que los trabajadores con mayor riesgo de automatización tengan las capacidades necesarias para seguir resultando competitivos en el futuro. En Estados Unidos, Andrew Yang, empresario americano de origen chino y candidato para las primarias de 2020 del Partido Demócrata, ha perfilado una renta básica universal de 1.000 dólares al mes para cada  estadounidense mayor de 18 años, como respuesta a la sustitución de humanos por robots en puestos de trabajo de múltiples industrias. Elon Musk [26] y Mark Zuckerberg, fundadores de Tesla y Facebook respectivamente, son solo dos de los emprendedores de multinacionales tecnológicas que promueven la posibilidad de investigar más acerca de una renta universal. Según ambos CEOs, en un futuro próximo, habrá que impulsar políticas semejantes para defender a los más débiles ante los cambios tecnológicos. 

Sin embargo, una aplicación duradera de la UBI reviste la problemática de lo imprevisible de sus efectos en el mercado laboral y en las normas sociales de un país. De hecho, hay cuatro limitaciones principales que hacen que los experimentos realizados hasta hoy no resulten extrapolables a la realidad. Primero, se llevan a cabo durante un tiempo acotado. Dado que los participantes pueden anticipar este hecho, es probable que su comportamiento difiera significativamente en la vida real respecto al que desplieguen en estos estudios observacionales. En segundo lugar, la participación en ellos a menudo no es obligatoria y, por tanto, no se puede descartar por completo un sesgo de autoselección. Esto disminuye la relevancia de los efectos identificados. En tercero, la mayoría de estos ensayos analizan una pequeña parte del mercado laboral. Completamente distinto sería si se aplicaran en todo el país [27]. El cuarto problema estructural estriba en que los experimentos llevados a cabo hasta hoy han sido financiados casi siempre por instituciones privadas interesadas en ellos. En un caso real, los costes se sufragarían, por lo menos en parte, a través de impuestos y, por consiguiente, el efecto final no sería el mismo para todos los ciudadanos. 

Sin embargo, a pesar de estos problemas que existen por definición en los experimentos sobre la renta universal y que hacen incompletas sus conclusiones, se han vertido distintas críticas a las que la UBI se enfrenta en su posible implementación. En las siguientes páginas, se presentarán las principales, ofreciendo al mismo tiempo las respuestas de sus defensores [28]

Desincentivo para trabajar

La primera crítica en contra de la renta universal se centra en su repercusión en el mercado laboral. Muchos piensan que dar un ingreso básico a todos los ciudadanos sin ninguna condición puede crear un desincentivo para trabajar, dado que no pocos preferirían dejar su empleo y disfrutar de otras actividades no remuneradas. Esto llevaría a un aumento del paro y, por tanto, a una disminución del crecimiento económico de un país. Además, el separar la remuneración de la actividad física podría, no solo generar desempleo, sino también fomentar la ociosidad de las personas. Como se ha citado anteriormente, los experimentos hechos hasta ahora no pueden considerarse válidos a la hora de constatar los efectos en el mercado laboral. El límite de duración de la mayoría de ellos no crea un verdadero incentivo para que la gente abandone su trabajo. Si la renta básica está sujeta a un estudio, los individuos participantes saben que, acabado este, desaparecerá la renta básica y tendrán que volver a buscar un trabajo estable. Por no hablar de que los análisis existentes no suelen contemplar los efectos distorsionadores de la mayor progresividad y presión fiscal necesaria para financiar públicamente la renta básica. 

En el otro lado, sus defensores critican, en primer lugar, la ineficiencia de la prestación por desempleo vigente en muchos países occidentales, que lleva a la trampa del paro. Afirman que tanto el tipo impositivo como el sistema de bienestar pueden contribuir conjuntamente a mantener a las personas desempleadas y, por tanto, cobrando el seguro social, porque la reducción de las ayudas estatales si se empieza a recibir un ingreso por un trabajo mal pagado hace que no haya un aumento significativo en el ingreso total. Por tanto, el individuo considera que el coste de oportunidad de regresar al mercado laboral resulta demasiado alto, al obtener muy poco retorno financiero, y esto puede crear un incentivo perverso para no trabajar. Esta trampa se ve superada en el caso de una renta universal: el dinero no depende de la situación laboral de las personas, las cuales pueden seguir recibiéndola independientemente de que tengan o no trabajo. Asimismo, con ella se ayudaría a encontrar una situación más estable a las capas sociales más vulnerables, como las sometidas a contratos precarios, en claro aumento en los últimos 20 años. Los mercados laborales en rápida evolución son líneas borrosas entre el empleo tradicional y las diferentes formas de trabajo independiente. 

Los nuevos tipos de empleo también hacen que resulte más difícil evaluar de manera fiable si alguien está trabajando o no y, por ende, vincular los derechos de protección social y las contribuciones a la situación laboral de las personas. Por tanto, si las estrategias de focalización existentes no brindan una cobertura adecuada para todos los que la necesitan, avanzar hacia una mayor universalidad constituye una opción para mantener accesible la protección social [29]. Por este motivo, la renta universal se trata de una alternativa que daría mucha más libertad a la hora de elegir un trabajo. 

El hecho de que sea universal y no presente ninguna obligación (aparte de ser ciudadano del país que emite el programa) permite que estos tengan mayor poder de negociación de cara a aceptar un trabajo, y también la libertad de profundizar en la propia formación o de invertir en nuevos negocios. Aun así, es la producción dentro de una empresa y, por tanto, el trabajo de las personas, la que financiaría principalmente esta reforma. 

Dicho esto, está claro que un cambio tan radical en el mercado laboral no se puede aislar respecto a otros aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Los trabajadores no son sujetos puramente racionales que siguen con precisión las leyes de la teoría económica y, de hecho, las consecuencias sociales y conductuales de las personas no se pueden describir fácilmente sin citar otras variables como la ética del trabajo y la justicia con los demás ciudadanos. Del mismo modo, una reforma del mercado laboral afectaría a todos los mecanismos del Estado de bienestar, hasta cuestionar su propia eficiencia.

Coste total

Sin embargo, el gran desafío para una renta básica universal está en su coste fiscal general y en la cantidad de impuestos que todos los que se hallan por encima del umbral tendrían que pagar. Con el fin de analizarlo, asumimos que el Gobierno de España decidiera llevar a cabo esta política económica para afrontar a medio plazo la crisis de la COVID-19, y a largo, para paliar el riesgo de la automatización y la inestabilidad laboral. Antes de entrar a exponer las vías más eficientes de pagar una renta universal básica, vale la pena calcular a cuánto ascendería su monto total.

Según los últimos datos publicados por el INE, correspondientes a julio de 2019 [30], en España hay 38 millones de habitantes con más de 18 años, los cuales, como ciudadanos, serían susceptibles de recibir una renta básica. Como se ha dicho anteriormente, esta pretende dar la posibilidad a cada persona de tener una vida digna sin la necesidad obligatoria de trabajar. Partiendo de que el salario mínimo puede tratarse de un estándar válido, en nuestro país, esta renta debería cifrarse, aproximadamente, en 1.000 euros al mes por persona, lo que supondría un coste total de 456.000 millones de euros al año, lo equivalente casi al 30% del PIB. Una medida de esta magnitud no puede contar con importantes recortes en el gasto público y debería financiarse a través de impuestos.

Con respecto a este punto, según los economistas y promotores de la renta básica Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, la mejor manera para sufragarla, por lo menos en los países más desarrollados, se articularía, por un lado, a través del impuesto sobre la renta, y por otro, sustituyendo los gastos en asistencias sociales. Trasladando esta teoría al caso concreto español, se puede concluir lo siguiente: las partidas de gasto público relacionadas con políticas sociales que se podrían reemplazar para financiar una renta universal serían las pensiones, el fomento del empleo y la prestación al desempleo, los servicios y promociones sociales, y por último, otras prestaciones económicas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, esto daría un total de 185.268 millones de euros presupuestados para 2018. Tras un recorte de estas dimensiones, todavía restarían por cubrir 270.732 millones, que tendrían que pagarse vía IRPF y otros impuestos. Sin embargo, en 2018, los ingresos tributarios del Estado español en concepto de IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales alcanzaron los 208.685 millones de euros.  No cabe duda, por tanto, de que una política de esta proporción precisaría de una enorme subida de impuestos y un recorte increíble del gasto público. 

Ingreso Mínimo Vital

En cambio, el Gobierno de España, en las últimas semanas, está diseñando un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, aunque pueda parecer una renta universal, exhibe una diferencia esencial: en el corto plazo, el IMV está pensado para ayudar a las personas más perjudicadas por las crisis de la COVID-19 y que no hayan recibido ayuda a través de ninguna otra medida [31], y luego, en el largo, para sostener solo a las familias más necesitadas. Además, mientras que la renta universal básica se aplica a nivel individual, la reforma propuesta por el Gobierno correspondería a los hogares; según los cálculos, a un millón de ellos. Por otra parte, como ha declarado el ministro José Luis Escrivá, esta medida está concebida para que tenga un “carácter permanente”. En relación a la cuantía, todavía no se habla de números exactos. Sin embargo, tomando como referencia el programa electoral de Podemos en 2019, sería “de 600 euros al mes, que se incrementarían en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros” [32]. Esto supondría un coste anual [33] de entre 7.000 millones y 14.400 millones de euros, financiados principalmente, según Escrivá, con emisión de deuda y con el ahorro de en torno a 2.000 millones de euros que se lograría a lo largo del tiempo a través de la absorción de otras ayudas estatales no contributivas [34]

Los problemas relacionados con esta medida son varios y se suman a los límites de una renta universal. En primer lugar, el IMV perdería el hipotético efecto positivo de esta a la hora de destruir la trampa de la pobreza. De hecho, aunque no esté claro hasta qué momento el ingreso mínimo seguiría vigente después de que los destinatarios encontraran trabajo, tiene como objetivo fundamental ayudar a los más vulnerables. Por lo tanto, esto haría que, en cualquier caso, una persona que recibiera un ingreso mínimo vital llegara a plantearse si seguir percibiendo la ayuda o ganar más dinero por su trabajo. Esta línea acabaría convirtiéndose en el problema principal del IMV, complicando su simplicidad administrativa a la hora de distinguir quiénes han de convertirse en sus destinatarios y quiénes no. Además, como se ha mencionado a lo largo de este artículo, ningún experimento realizado hasta hoy consigue arrojar un efecto positivo en el mercado laboral.

A esto hay que añadirle los costes de financiar esta medida. Descontados los 2.000 millones que se ahorraran de otras subvenciones, el Gobierno necesitaría seguir pagando entre 5.000 y 12.400 millones de euros. Según las últimas estimaciones del FMI, la deuda española aumentará a un 113% del PIB después de la crisis del coronavirus. Aunque esta medida saldría más barata que una renta universal, en los próximos años, el Ejecutivo español necesitará tener más cuidado en sus presupuestos públicos, que ya tendrán que incrementarse por los gastos en salud y en ayudas a las empresas. Otra vía que se está planteando para financiar el IMV sería el impuesto sobre el consumo, es decir, el IVA. Este gravamen, que ya llega al 21% del precio final de la mayoría de los productos, asestaría un golpe más al consumo. Según una encuesta realizada por la consultora americana McKinsey, los consumidores españoles se encuentran entre los menos optimistas de Europa sobre la economía, y ya sienten un impacto en sus ingresos y planean recortar sus gastos en casi todos los sectores [35]. Finalmente, implementar una medida permanente y circunscrita solo a un grupo de individuos crearía un sistema aún más perverso y de dependencia del Estado, hasta perder los beneficios de una renta universal básica.

Conclusión

Así pues, un ingreso básico para todos los ciudadanos conllevaría una mayor simplicidad administrativa y conseguiría proporcionar un grado de seguridad en un mercado laboral que cambia muy rápidamente. Una renta universal también proporcionaría a las personas una mayor flexibilidad para gestionar el trabajo, la familia y otros intereses personales. Asimismo, evitaría los costes sociales y económicos de la trampa del desempleo u otras condiciones para la recepción de beneficios sociales. 

No obstante, también existen grandes preocupaciones sobre las consecuencias no deseadas. Además, esta transferencia requeriría ingresos fiscales adicionales muy sustanciales y reduciría sus beneficios. En un momento en que muchos países están sufriendo una terrible crisis sanitaria, ninguno de ellos puede permitirse recortar gastos sociales. Aunque una renta básica puede ayudar a sobrevivir en el corto plazo a los grupos más afectados, a la larga, no resulta sostenible. Lo que verdaderamente se necesita es una mayor y más eficiente inversión en sanidad y en la defensa de un mercado laboral cada vez más mudable.

Respecto al riesgo de la automatización del trabajo y de una sociedad más tecnológica y difícil de gestionar, hay dos grandes desafíos que todos los países tendrían que afrontar. Por un lado, ayudar a los trabajadores cuyos puestos presenten mayor peligro de automatización a aprender nuevos talentos. Por otro, es cierto que no siempre resulta fácil cambiar las propias habilidades y, por eso, la sociedad debe impulsar innovaciones que aumenten las tareas que los empleados comunes pueden realizar, y no solo aquellas que acaben por reemplazarlos. Como reporta el profesor del MIT Daren Acemoglu, “el futuro de los buenos trabajos depende en gran medida de nuestra capacidad para aprovechar nuevas plataformas tecnológicas como la IA para crear trabajos significativos y bien remunerados para los humanos, más que buscar solo la sustitución de los trabajadores en cada eslabón del proceso de producción” [36].

Por último, de aprobarse el IMV, este debería articularse con un sistema de financiación que goce de estabilidad y sostenibilidad futura, y teniendo en cuenta y controlando los posibles efectos perversos que subyacen en él. De nada sirve generar un mayor volumen de gasto público agregado si, posteriormente, esto nos lleva a un mayor nivel de endeudamiento y un nuevo sistema de ayudas públicas deficitario. De no hacerlo con la rigurosidad exigida, se convertiría en un agravante para la economía española. 


[1] Datos publicados por el Ministerio del Trabajo.

[2] White House warms to showering US with ‘helicopter money’. Financial Times (18 marzo 2020).

[3]  Stanford University, news. 20 marzo 2020.

[4] Capitalism’s Triple Crisis. Mariana Mazzucato. Project Syndacte (30 marzo 2020).

[5]  Moral Money. Financial Times (3 abril 2020).

[6] Future of Jobs Survey 2018. World Economic Forum.

[7]  How will automation impact jobs? Price Waterhouse Coopers, 2018.

[8]  Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019. Oxford Insights.

[9]  The risk of automation for Jobs in the OECD countries. OECD, 2016.

[10] Winning with AI. MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group, 2019.

[11] Global Employment Trend for Youth 2020. ILO

[12] https://basicincome.org/basic-income/

[13] BIEN: https://basicincome.org/about-bien/

[14] Programa Bolsa Familia

[15] ILO

[16] Soares, F., Ribas, R., & Osório, R. (2010). EVALUATING THE IMPACT OF BRAZIL’S BOLSA FAMÍLIA: Cash Transfer Programs in Comparative Perspective. Latin American Research Review, 45(2), 173-190. Retrieved January 23, 2020, from www.jstor.org/stable/27919200 

[17]  Shei, A., Costa, F., Reis, M. G., & Ko, A. I. (2014). The impact of Brazil’s Bolsa Família conditional cash transfer program on children’s health care utilization and health outcomes. BMC international health and human rights, 14, 10. doi:10.1186/1472-698X-14-10

[18]  Alaska Permanent Fund: https://apfc.org/

[19] Permanent Fund Dividend Division: https://pfd.alaska.gov/Division-Info/Summary-of-Applications-and-Payments

[20]  The basic income experiment 2017–2018 in Finland

[21]  The basic income experiment 2017–2018 in Finland Preliminary results

[22] Basic income doesn’t work, Antwerp research suggests. Flanders Today (18 abril 2018).

[23]  Twitter: https://twitter.com/IveMarx/status/1033038589838479361 (Traducción del autor).

[24] Green Party Manifesto 2019: https://www.greenparty.org.uk/assets/files/Elections/Green%20Party%20Manifesto%202019.pdf

[25] https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-universal-basic-income-john-mcdonnell-party-manifesto-corbyn-poverty-social-benefits-a8471616.html

[26] https://www.businessinsider.com/elon-musk-universal-basic-income-2016-11?IR=T

[27] Basic Income. P. Van Parijs and Y. Vanderborght, 2017.

[28]  Otra crítica clásica en contra de la renta universal básica es el riesgo de inflación. Sin embargo, una renta universal no tiene por qué ser consecuencia de imprimir más dinero por parte del gobierno.

[29]  OECD (2017), “Basic income as a policy option: Can it add up?”, Policy brief on the future of work, OECD Publishing, Paris.

[30] Instituto Nacional Español: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9663&L=0

[31] Hay que señalar sobre este punto que el grupo más beneficiado sería, probablemente, la economía sumergida.

[32] Programa de Podemos. 2019. https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/10/Podemos_programa_generales_10N.pdf 

[33] El coste total dependerá del número de destinatarios y la cuantía por persona. Según las estimaciones de Airef del 2019, el coste total podría ser, como mínimo, de 5.500 millones de euros. 

[34] Los Programas de Renta Mínima en España. Airef. 2019

[35] Global surveys of consumer sentiment during the coronavirus crisis. McKinsey, abril 2020.

[36]  It’s Good Jobs, Stupid. Daren Acemoglu, junio 2019.


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