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Libre Mercado

Suenan tambores preelectorales. ¿Recuerdan la capa de invisibilidad que, según algunos analistas, se puso la economía española durante el período electoral y se quitó en mayo? Pues parece que algunos la están volviendo a desempolvar. Los acólitos de Sánchez vuelven a vender la piel del oso antes de cazarla, y los españoles tendremos que tragar el discurso de la bonanza de la economía española de nuevo.

La demagogia que esconde el discurso de “crecemos por encima de la media de la Unión Europea” esconde dos efectos que no deberían suponer ninguna celebración. En primer lugar, una desaceleración severa en el Viejo Continente. Alemania ha presentado un dato de PIB trimestral negativo y se asoma a la recesión técnica, Italia muy probablemente seguirá su camino, mientras que Francia parece que se estabiliza, aunque en niveles de estancamiento.

Lo que quizás los palmeros de Moncloa desconozcan es que en países como Irlanda el crecimiento supera el 6%, triplicando la tasa española. Diez países de la eurozona y dieciséis en la Unión Europea crecen bastante más y de forma más sostenible que España. Ser el tuerto en el mundo de los ciegos no es motivo de orgullo para un país que aspira a situarse entre los mejores.

En segundo lugar, existe un claro desajuste entre el objetivo del crecimiento y los mecanismos para conseguirlo. Dicho de otra manera, nuestro PIB solamente crece unas décimas por encima de la UE, mientras que la desviación con respecto a la media en términos de déficit está en torno a 1,4 puntos porcentuales. Un crecimiento inflado y, por consiguiente, insostenible.

Cada vez que oiga hablar de las bondades de nuestra economía en términos coyunturales, debería saber lo siguiente:

El motor interno está gripado. La matriculación de vehículos avanza hacia terreno negativo, llegando incluso a una tasa del -11% en julio 2019, siendo la primera cifra negativa en este mes desde 2012; el consumo de electricidad también lleva medio año en negativo; el sector industrial ya acumula todos los indicadores en rojo; la compraventa de viviendas acumula dos de los últimos tres datos en negativo; el crédito a familias y empresas evoluciona a la baja; los beneficios de las empresas están en negativo desde el segundo trimestre de 2018…

El sector exterior ni está ni se le espera. La variación de las exportaciones de bienes acumulada hasta mayo asciende al 1,9%, 8 décimas menos que en el mismo período de 2018 y el menor crecimiento desde 2014. El Indicador Sintético de Actividad Exportadora, que resume los pedidos de exportación y las perspectivas a tres y doce meses, se sitúa en 8,7 puntos en el segundo trimestre, el peor dato desde 2014.

La balanza de pagos acumula un déficit de 2.000 millones de euros entre enero y mayo, frente al superávit de 1.300 millones del mismo período de 2018. La capacidad de financiación se situó en 14.200 millones de euros en los último doce meses, frente a los 17.400 en el conjunto de 2018. Esto implica una dirección inequívoca hacia la necesidad de financiación o, lo que es lo mismo, una vuelta a la deuda exterior.

La evolución del crédito y de la morosidad también resulta preocupante, impulsadas por un mercado de trabajo cada vez más débil y con perspectivas a la baja. La última cifra ofrecida por el Banco de España arroja un volumen total de créditos de dudoso cobro de 67.795 millones de euros en julio. Esta cifra, si bien está muy lejos de los 197.235 millones de 2013, recoge niveles de riesgo nada despreciables. El propio Banco de España ya está dando la voz de alerta sobre algunos sectores para los que observa incrementos de riesgo innecesarios, como los préstamos alconsumo y la creciente morosidad que acumula el comercio.

Así pues, los datos de PIB comenzarán a resentirse más pronto que tarde y el Gobierno seguirá negociando la investidura con cualquiera que se precie a mantener a Sánchez en la Moncloa y pintando la economía española de colores variopintos que la acerquen al abismo: verde, morada…

Mientras, como ya hemos advertido en esta columna, las finanzas públicas empeoran y las perspectivas tampoco son halagüeñas. Las necesidades de financiación de la administración central, administración regional y fondos de la Seguridad Social acumuladas a mayo de 2019 ascienden a 16.817 millones de euros, 1.200 millones más que para el mismo período de 2018.

Las corporaciones locales, desafortunadamente, no desagregan datos presupuestarios mensuales sino trimestrales. Y ya en el primer trimestre de 2019 han reducido su capacidad de financiación (superávit presupuestario) en 413 millones de euros, hasta los 119 millones. O, lo que es lo mismo, un 78% menos. Estamos hablando de un aumento del déficit para los cinco primeros meses del año de 1.500 millones de euros.

Y ello teniendo en cuenta que el mayor incremento en los ingresos públicos en 2018 se produjo en la segunda parte del año, y en parte por una mayor recaudación por IRPF (incremento del sueldo de funcionarios y subida del SMI), algo que este año no va a ocurrir; y que la debilidad del mercado laboral provocará mayores gastos y menores ingresos por estabilizadores automáticos.

Como resultado, podríamos enfrentarnos a un incremento de las necesidades de financiación de nuestras arcas públicas superior a los 5.000 millones de euros. En total, unos 35.000 millones de euros y cerca del 2,8% del PIB, frente al 2,5% registrado el pasado año y el objetivo del 2% anunciado para el presente. ¿Adivina quién va a pagar? Pero, claro, la probabilidad de elecciones aumenta y es mejor lanzas otros mensajes.


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