El 23 de junio se celebró el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, una fecha señalada para hacer balance de la labor que desarrolla en la gestión del Estado y en el trato con los ciudadanos. En ese contexto, no hay tanto que festejar… al menos, en lo que respecta a España.
Según datos del Banco Mundial, el rendimiento del sector público español obtuvo en 2018 una puntuación de 57, por debajo de la media de la Unión Europea (64), donde Bulgaria fue el país con peor calificación (43 puntos), seguido de Hungría y Grecia, con 45 y 48 respectivamente. En el extremo opuesto, con un rendimiento eficiente del sector público (y hasta sobresaliente), se hallan Dinamarca, Finlandia y Suecia, por encima de 84 puntos.
A pesar de esta elevada puntuación de los países nórdicos, destaca el hecho de que todos ellos hayan empeorado su calificación en comparación con 2017, entre dos y cuatro puntos. Por el contrario, en la parte baja de la tabla se observa una mejoría, al subir Bulgaria y Grecia dos puntos, si bien Hungría ha bajado cinco en el último año. España, por su parte, ha disminuido un punto, lo que certifica su estatus de país poco eficiente en lo que se refiere a su Administración pública.
Así como cuando se comparan países la presión fiscal (el porcentaje que pesa el gasto público en el PIB) se trata de un indicador que puede tener validez, cuando lo que se cotejan son contribuyentes de distintas nacionalidades, el esfuerzo fiscal o índice de Frank resulta más apropiado. Este indicador calcula el cociente entre la presión fiscal y la renta per cápita, lo que implica tener en cuenta los niveles de ingresos de los ciudadanos, algo que no se percibe con la presión fiscal.
Resulta especialmente revelador que los Estados con peor rendimiento de la UE sean, en su mayoría, aquellos donde el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos es mayor. Bulgaria, Hungría, Grecia, Rumanía y Croacia son los países cuyas Administraciones públicas presentan el rendimiento más bajo y, a su vez, ostentan el esfuerzo fiscal más alto de la UE (con la salvedad de Polonia, cuyo esfuerzo fiscal de 0,29 es, no obstante, elevadísimo también).
Así, todos ellos superan un índice de Frank de 0,25, alcanzando el 0,3 o 0,4 en el caso de Hungría o Bulgaria, como mostró recientemente el informe de Civismo Esfuerzo fiscal y economía sumergida. En las antípodas se hallan Dinamarca, Suecia, Luxemburgo e Irlanda, que, como señalábamos anteriormente, cuentan con una Administración pública que rinde satisfactoriamente y cuyo esfuerzo fiscal se mueve en una horquilla de entre 0,04 y 0,09. En este punto, si bien España soporta un esfuerzo fiscal (0,14) mayor que el de los países de su entorno (empatada con el infierno fiscal francés), se halla ligeramente por debajo de la media europea (0,17), cuyo elevado índice de Frank obedece a la asfixiante fiscalidad de los países
de la Europa del Este.
Mala receta aquella que pasa por recurrir al expolio del contribuyente en sustitución de una reforma profunda de la Administración pública que hiciese más rentable el dinero de todos. Mientras no haya una evaluación del desempeño y se incentive la eficiencia, el Estado seguirá permitiéndose el lujo de rendir poco. ¿Por qué no hacerlo, si con su inmenso poder puede
exprimir a los indefensos ciudadanos?
