Los gallegos trabajan una media de 130 días al año solo para pagar impuestos y cotizaciones sociales. Desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo su sueldo va a parar íntegramente a las arcas públicas. A partir de esa fecha, todo aquello que obtenga por su trabajo acaba en su bolsillo.

Esta franja temporal se ensancha cada año un poco más. En 2011, el plazo en el que el contribuyente quedaba liberado se cerraba el 3 de mayo. Sin embargo, las medidas fiscales aplicadas por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, como la subida del IRPF y del IVA, han supuesto un extra de seis días más, traducidos en una carga fiscal suplementaria de 750 euros per capita.

Así un empleado gallego que tenga un sueldo medio bruto anual de 24.400 euros, dedicará un primer bloque de 54 días a pagar el IRPF (3.578 euros), otros 32 días a costear el IVA (2.147) y deberá añadir 23 días más para abonar las cotizaciones sociales como asalariado (1.549 euros).

Se necesitan otros 14 días para liquidar los impuestos especiales, principalmente alcohol, tabaco y carburantes, que suponen casi 1.000 euros; y 7 días suplementarios para costear impuestos varios, como el de Vehículos de Tracción Mecánica y el de Bienes Inmuebles (471 euros).

Al margen de estos, pueden elevar la cuenta otros impuestos menos regulares, como el de Sucesinnes (herencias), Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventas).

La suma se completaría con las tasas y precios públicos para tener acceso a todo tipo de servicios municipales. En un Ayuntamiento como el de Vigo, el catálogo de tasas alcanza la treintena, desde el alquiler de nicho en un cementerio hasta las grabaciones de películas de cine en la calle.

Según un estudio recogido por «Economía Digital» y realizado por el grupo de consulta Civismo, que tilda gráficamente la situación como el «Día de la Liberación Fiscal», existen diferencias de bulto entre unas comunidades y otras, lo que ofrece una foto fija de la complejidad del sudoku en el que se ha convertido el sistema fiscal español: una maraña de figuras tributarias que alimenta a cinco administraciones públicas (comunitaria, nacional, autonómica, provincial y local) que recae principalmente sobre las clases medias trabajadoras y sobre la sociedades merecantiles.

La jefe de investigación de Civismo, Cristina Berechet, hizo hincapié en que el sistema fiscal español necesita un vuelco para ser más racional: «Las cotizaciones (a la Seguridad Social) tienen un tope máximo. Las rentas que sobrepasan los 3.425 euros mensuales únicamente pagan hasta ese nivel, más allá de esa cifra ya no se cotiza a la Seguridad Social».

«En consecuencia -añadió las rentas más elevadas se ven beneficiadas por este sistema que, además, plantea otro problema. Para el empresario, sin duda, es más barato subir el sueldo a los trabajadores que más ganan que a las rentas más bajas, fomentando así el mileurismo y agudizando cada vez más las diferencias de las clases sociales», explicó.

«La reforma fiscal debe ser progresiva»

El decano del colegio de Economistas Juan José Santamaría advirtió de que «si se va a hacer una reforma fiscal, tal y como se está hablando, debe ser progresiva, porque si no se acabará marginando a muchas familias, castigándolas con unos impuestos que no pueden asumir». Subrayó que es preciso ver la singularidad de la economía de bolsillo de los asalariados gallegos, «cuya renta está en torno a un 85% de la media española». Las cuentas que hace este economista son distintas a las del estudio de Civismo, pero obtienen un resultado parejo. «Los impuestos directos supondrán aproximadamente en torno a tres meses de salario que debes pagar al Estado, y luego hay que sumarle los indirectos», explicó. Por otro lado, el estudio del grupo de consulta no incluye la parte de la cotización que realiza la empresa en la que el asalariado presta sus servicios. Esta cuantía, para el sueldo medio de 24.000 euros, es del 29,9% (8.845 euros).

Galicia registra un gravamen del 52%, de los más altos de España

Entre las singularidades de la comunidadg allega durante 2013, el Gobierno gallego mantuvo el tipo máximo del IRPF autonómico en el 21,5%, de modo que la suma del gravamen de las administraciones se sitúa en el 52%, uno de los más altos de España.

Además, la Xunta aplica el céntimo sanitario de 2,4 euros por litro y recuperó el impuesto sobre el Patrimonio aplicando la tarifa estatal, cuyos tipos impositivos oscilan entre el 0,2% y el 2,5%.

La comunidad gallega, con todo, no sale tan mal parada como Cantabria, que se sitúa a la cabezad e la presión fiscal en España. Los trabajadores cántabros se liberan de Hacienda el 15 de mayo.

En la otra cara de la moneda se sitúa el País Vasco, donde sus trabajadores saldan las cuentas con las arcas públicas el 3 de mayo.