El gobierno ha anunciado su propósito de subir el SMI (salario mínimo interprofesional) hasta 1.080 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero; lo que, a efectos de comparación con otros países, supone en realidad 1.260 euros, ya que, en la mayor parte del mundo los trabajadores reciben 12 pagas anuales y no 14 como en España. Para valorar el sentido de este aumento hay que tener en cuenta que se acumula a los de los años anteriores. Si nos fijamos en los últimos cinco años, observamos que entre 2018 y 2023 el SMI ha pasado de 735,90 a 1080 euros mensuales, lo que supone una subida del 46,75 % en este período. Es cierto que, en términos reales es algo menor por la elevada tasa de inflación de los dos último años. Pero si consideramos que el índice de precios al consumo creció entre diciembre de 2017 y diciembre de 2022, de acuerdo con los datos del INE, un 14,3 %, hay que concluir que, en términos reales el SMI ha crecido un 32,4 % en solo cinco años. Y esto en una economía que ha experimentado un aumento de la productividad muy pequeño. Como la demanda de trabajo depende de la productividad y del salario, parece inevitable que la gran diferencia entre ambas variables se convierta en un freno a la creación de empleo. Y que lo sea especialmente para los sectores de remuneración más baja y para los trabajadores más jóvenes, que son quienes sufren hoy con mayor intensidad el problema de la falta de empleo. Dado que la tasa de paro de los trabajadores entre 16 y 24 años está hoy en España próxima al 30 % -la segunda más alta de Europa, sólo superada por Grecia- es sensato concluir que las nuevas medidas no van a facilitar precisamente que estas personas encuentren un empleo.
Cuando se analizan los efectos de un aumento del SMI es habitual calcular a cuántas personas va a afectar. La expresión que suele utilizarse es “a cuántas personas va a favorecer”. Pero esto no es exacto. Resultarán favorecidos, sin duda, todos aquellos trabajadores que, cobrando el salario mínimo, conserven su empleo o consigan uno nuevo. Pero resultarán perjudicadas todos aquellos que pierdan su trabajo o no consigan encontrar un empleo a causa de la reducción de la demanda de trabajo que genere el aumento del SMI. No puede olvidarse tampoco que, en una economía en la que la mayor parte de los salarios están creciendo a tasas significativamente menores que esta subida del SMI, la medida supone una reducción del abanico salarial sin que exista una disminución paralela de las diferencias en productividad. Es decir, los incentivos para no contratar a los trabajadores de productividad más baja aumentan.
A raíz del debate que, a este respecto, se va a generar en España, no cabe duda de que muchos políticos, sindicalistas e incluso algunos economistas van a insistir en que mis preocupaciones son infundadas, ya que no hay evidencia de que el aumento del salario mínimo reduzca el nivel de empleo, ni siquiera en los segmentos de menores ingresos. A raíz de la concesión en 2021 del premio Nobel de Economía a David Card se recordó un artículo publicado el año 1994 en la American Economic Review en la que este economista canadiense junto con Alan Krueger concluía que un aumento del salario en los establecimientos de comida rápida en New Jersey el año 1992 no había reducido el empleo del sector en este estado. Se publicó en su día una serie de artículos a favor y en contra de este resultado; y la opinión mayoritaria a este respecto es hoy que, si bien la estimación de Card y Krueger parece correcta en ese caso concreto, el resultado no es en absoluto generalizable a otros sectores o a otras situaciones.
La subida del SMI tiene como principal objetivo elevar el nivel de vida de los trabajadores que perciben ingresos más bajos y reducir la desigualdad, que se ve como un problema serio en muchos países en los momentos actuales. Pero no resulta claro que la medida vaya a conseguir tal efecto. Numerosos estudios de economistas y organismos internacionales se han ocupado de este problema en los últimos años; y los resultados obtenidos no son concluyentes para el cien por cien de los casos. Pero se ha encontrado una amplia evidencia de que la subida del SMI en un país no reduce el nivel de desigualdad, salvo en casos de salarios mínimos de un nivel muy bajo. Y la razón es el efecto negativo, antes apuntado, que tal subida puede tener sobre el nivel de empleo de las personas de menor cualificación. Y tal resultado es coherente, además, con las conclusiones de diversos estudios referidos a la economía española, que muestran que el crecimiento de la desigualdad registrado en España tras la crisis de 2008 se debió fundamentalmente al aumento del paro que se registró en aquellos años. En resumen, alzas salariales como ésta, que intentan -seguramente de buena fe- mejorar las condiciones de vida de los grupos de renta más baja, acaban teniendo con frecuencia efectos negativos sobre los trabajadores a los que se intenta favorecer. Las cosas son como son, y no como a algunos políticos les gustaría que fueran.
