21
jun
Expansión

La llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas europeas ha puesto de manifiesto la gravedad del problema al que se enfrenta hoy la UE. La mayor parte de las políticas adoptadas hasta la fecha han sido poco claras, sin una idea definida, al parecer, de cuáles deberían ser sus objetivos. Por una parte, la inmigración es, sin duda, necesaria para un continente con tasas de fecundidad muy bajas. Pero, por otra, resulta imposible aceptar una inmigración masiva de personas con un nivel de productividad muy bajo que se plantean abiertamente, en muchos casos, vivir de las subvenciones que pagan los gobiernos –es decir, los contribuyentes– de los países que los reciben.

Aunque el fenómeno tenga plena actualidad, la incompatibilidad de un modelo de ayudas sociales generosas y la apertura de las fronteras a la inmigración fue puesta ya de relieve hace un siglo precisamente por el padre de la moderna Economía del bienestar, A. C. Pigou. Afirmaba el profesor inglés que, si se llegara a aplicar un programa generoso de subvenciones a los grupos de renta más baja en un determinado país, sería preciso cerrar sus fronteras a todas aquellas personas cuya contribución al producto social fuera negativa, considerando, por un lado, su trabajo, y, por otro, las ayudas que recibiría.

Es difícil determinar cuál ha sido la contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB europeo en el inmediato pasado. En el caso de España, algunos estudios han calculado que la aportación de los inmigrantes al PIB en los años de elevadas tasas de crecimiento y de entrada de trabajadores extranjeros (1995-2007) pudo suponer aproximadamente el 50% del crecimiento de esta macromagnitud; lo cual no es, desde luego, una cifra despreciable. Se estimaba, además, que la inmigración masiva de aquellos años, contribuiría a solucionar el problema del déficit de las cuentas de la Seguridad Social y su quiebra a medio y largo plazo. Pero la interpretación de los efectos económicos de la inmigración ha cambiado de forma significativa en los últimos años. Hasta hace no hace mucho tiempo se pensaba que, para una sociedad que está experimentando un envejecimiento creciente, es una buena estrategia importar nuevos cotizantes que permitan equilibrar las cuentas. Hoy somos, sin embargo, escépticos ante este argumento; y lo que la mayoría de los especialistas piensan es que el efecto de la inmigración de aquellos años no ha evitado la crisis del sistema de pensiones públicas, sino que, simplemente, la ha retrasado algunos años. El argumento es fácil de comprender. Para garantizar la solvencia del sistema de la Seguridad Social no basta con la entrada de un gran número de cotizantes en un momento dado, ya que estos trabajadores cotizan a niveles bastante bajos y se convertirán, con el paso de los años, en pensionistas. Sería preciso que existiera un flujo de entrada sostenido de nuevos trabajadores extranjeros de una dimensión tal que difícilmente sería soportable por la sociedad española, al menos la que existe en la actualidad. Lo que la Seguridad Social necesita no es sólo más cotizantes, sino también una reforma de su modelo de funcionamiento, que debería ir sustituyendo paulatinamente el actual sistema de reparto por uno de capitalización.

Efectos positivos

La inmigración ha tenido, sin embargo, otros efectos positivos. Uno de ellos es que la presencia de los trabajadores extranjeros ha permitido el desarrollo de sectores que no habrían sido viables sin una mano de obra abundante y barata. Pero muchos especialistas piensan que la contribución más relevante de la inmigración –rara vez mencionada– es que ha permitido una importante desregulación, de facto, del mercado de trabajo en una economía en la que cuesta mucho cambiar unas normas laborales en exceso intervencionistas. No puede olvidarse que el rechazo que la inmigración está recibiendo en muchos países europeos, desde la Gran Bretaña del Brexit hasta algunos países de Europa oriental, se debe, en buena medida, a que los trabajadores locales creen que sus salarios y sus condiciones de trabajo se han deteriorado a causa de la llegada masiva de inmigrantes. Esto puede ser cierto o no. Pero mucha gente lo piensa; y algunos partidos han convertido este problema en el centro de sus programas políticos. Si los inmigrantes elevan los niveles de delincuencia y reducen el bienestar de los trabajadores locales, una política anti-inmigración tiene que atraer necesariamente a muchos votantes.

En los últimos años, la izquierda española se ha mostrado claramente partidaria de aceptar la entrada masiva de inmigrantes en nuestro territorio; y, por otra parte, se ha quejado del deterioro de las condiciones de trabajo para mucha gente. Pero, hasta el momento, no ha relacionado esta cuestión con la inmigración. La gran pregunta es, por tanto, ¿qué hará cuando sus votantes –con razón o sin ella– empiecen a pensar, como ya ocurre en otros países, que las dos cuestiones no son independientes y que no basta con echarle la culpa a las empresas de lo que sucede?


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