Durante los últimos años se habla continuamente de recortes al sector público, pero el que ha soportado la crisis con toda su virulencia es el privado. Desde 2008 a 2015 se han destruido 3.201.100 empleos en este ámbito, mientras que las Administraciones han contratado a 36.000 funcionarios más. La crisis la han sufrido fundamentalmente las empresas y sus trabajadores, no el Estado. En total, hasta 10 comunidades autónomas tienen un nivel de empleo público más elevado que antes de la crisis. Si en 2008 sólo el 14,2% de los trabajadores eran públicos, hoy representan ya el 16,9%. ¿Para eso pagamos más impuestos?
En concreto, Baleares lideró la subida de la contratación, con 9.900 empleos más en las Administraciones, un 18,5% más que lo existente antes de la crisis. El archipiélago fue seguido de Navarra (14,4%), Andalucía (6,6%), La Rioja (5,5%), Cantabria (5,2%), Madrid (4,8%), Comunidad Valenciana (4,5%), Cataluña (2,6%), Castilla y León (2,2%) y País Vasco (2,1%). Estas regiones aumentaron sus plantillas, en conjunto, en 100.900 empleos. Además, la falta de control de gastos es aún más perniciosa en aquellas CC AA que ya se situaban por encima de la media española en el peso del empleo público sobre el total. Así, en Andalucía, el 20,6% de los trabajadores se dedican a la Administración. ¿Habrá tenido que ver tanto empleo público algo en los resultados de las elecciones andaluzas?
Por el contrario, sólo siete comunidades han ajustado sus plantillas, aunque probablemente más por el peso de la deuda y por la presión del Estado que por aligerar la Administración. Así, Extremadura disminuyó su personal un 13,6%, seguida de Canarias, Galicia, Aragón, Murcia, Asturias y Castilla-La Macha. Muchos políticos interesados aducen que si los funcionarios pierden su empleo, consumen menos y eso repercute también en el empleo privado. Sin embargo, el que a Canarias y a Extremadura les haya ido mejor que a la media en este último aspecto pone en tela de juicio esta afirmación y, de hecho, no hay correlación clara entre lo uno y lo otro.
Los políticos insisten en que el ajuste en el número de funcionarios ha acabado porque estamos en plena recuperación. Sin embargo, la interpretación puede ser otra: el aumento de la oferta de empleo público antes de las elecciones es para captar votos (puro clientelismo). Es más populista gastar el dinero del contribuyente en aumentar los funcionarios que optimizar la gestión, por ejemplo integrando los pequeños ayuntamientos o evitando solapamientos entre Administraciones. Sólo con que las CC AA que han disparado su contratación volvieran a los niveles de 2008 se podría reducir el número de empleos públicos en 100.900. Este ahorro, permitiría bajar los impuestos, lo que a su vez favorecería que las empresas aumentaran sus contrataciones.
En 2008 pocos se quejaban de los servicios públicos, lo que supondría que el nivel era suficiente. Es más, si se redujera el empleo público en todas las CC AA hasta la media española, el número de funcionarios podría reducirse en 460.900. Este menor gasto permitiría un descenso de cargas tributarias y daría espacio a las empresas para relanzar la economía, especialmente en aquellas áreas laborales en las que pueden ser más eficientes que la oferta pública.
