El pasado 16 de noviembre, Hungría y Polonia bloquearon el histórico paquete presupuestario de recuperación de 1,82 billones de euros de la Unión Europea (UE), lo que provocó una ulterior crisis institucional para aprobar el programa de ayudas Next Generation EU.

En los últimos cinco meses, el fondo de recuperación ya se había enfrentado a dos conflictos entre los diferentes actores europeos, exponiendo claramente todas las divisiones internas existentes: el primero, antes de verano, entre los países austeros y el resto a la hora de decidir de qué manera tenían que llegar las ayudas; el segundo, en septiembre, entre el Parlamento y el Consejo Europeo para incrementar la dotación del plan. El último obstáculo ha sido la oposición de estos dos países del este a un nuevo mecanismo que permitiría a la UE cortar los fondos al socio comunitario que viole el Estado de derecho en determinadas circunstancias vinculadas a la gestión del presupuesto.

La cláusula del cumplimiento Estado de derecho, una de las concesiones que la UE (léase Angela Merkel) tuvo que hacer a los gobiernos del norte (Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca) para convencerlos de que aprobaran el fondo de recuperación, puede convertirse desafortunadamente en un arma de doble filo, concebida por las instituciones europeas para defender e imponer sus principios.

El Estado de derecho es un pilar que ha ayudado a nuestra sociedad a desarrollarse y protegerse ante el riesgo de monopolio o control absoluto del Estado. Sin embargo, con este término, la Comisión Europea no se refiere solo a las cuestiones del poder judicial independiente, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de la información, el equilibrio de poderes y, en general, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino también a otras dimensiones que caerían dentro de las competencias de política interior.

De hecho, a partir del pasado 30 de septiembre, la Comisión ha empezado a publicar un informe anual[1] que trata de estos temas y entra en asuntos internos de los países, como las relaciones con las ONGs, políticas de inmigración y derechos civiles. El informe constituye un instrumento preventivo y forma parte del nuevo mecanismo anual europeo del Estado de derecho. En principio, el objetivo pasa por analizar los principales hechos acaecidos en toda la UE, tanto positivos como negativos, y la situación específica en cada Estado miembro. Además, pretende identificar cuanto antes posibles problemas en relación con esta materia, así como las mejores prácticas[2]. No obstante, el mecanismo entraña el peligro de transformarse en un medio que la UE utilice para adjudicar “tarjetas de democracia” a los países y, por tanto, juzgar cualquier decisión de sus gobiernos.

El riesgo reside en dejar que las instituciones europeas se erijan en las responsables últimas de las democracias del continente

El riesgo reside en dejar que las instituciones europeas se erijan en los responsables últimos de todas las democracias del continente. Además, aunque hasta hoy no se trate de un mecanismo sancionador, la Comisión Europea lo quiere vincular a los fondos de recuperación y, por tanto, a los presupuestos europeos.

Por tanto, la oposición de los países del este presenta un valor tanto político como ideológico, porque, aunque Hungría y Polonia figuren entre los principales beneficiarios de los fondos europeos, y probablemente entre los que más los necesiten, su aversión se debe a varias razones: en primer lugar, están en contra de ceder más poderes a la UE. Ambos países han sufrido tremendas opresiones en los últimos siglos, y no quieren transferir poderes decisorios a instituciones supranacionales. Los gobiernos húngaro y polaco tienen una visión casi minimalista de la UE, que choca con el sueño de una Europa más fuerte.

En segundo lugar, la suya se trata de una defensa de determinados valores contrarios a los principios que las instituciones europeas propugnan. La lucha ideológica que la Comisión Europea está llevando a cabo resulta cada vez más clara: siempre que un gobierno tome una decisión en contra del pensamiento dominante, recibirá una admonición para que cambie cuanto antes o, de lo contrario, se le aplicará una sanción. El informe sobre el Estado de derecho se perfila como el instrumento apropiado para lidiar con los gobiernos más “rebeldes”. Obviamente, no nos imaginamos una UE que cortara los fondos a la Francia de Macron por limitar determinadas libertades en nombre de la seguridad nacional; o que criticara al Ejecutivo de Sánchez por gobernar a través de decretos leyes. Acciones que, cuando las ha realizado el gobierno húngaro, sí han merecido advertencias por parte de la Comisión Europea.

Por eso, la resistencia de Hungría y Polonia es mucho más importante de lo que parece. Supone resistir a un cambio dentro de las instituciones europeas, para que no se impongan como las únicas defensoras de los valores del Viejo Continente. Europa alberga muchas diferencias y sus países han vivido experiencias muy distintas. En un periodo de profunda crisis económica y sanitaria, en el que muchas familias y empresas están sufriendo, es un error vincular los fondos de recuperación al cumplimiento de determinadas ideas que pueden estar sujetas a discusión.

En definitiva, la polvareda levantada por los dos gobiernos y las otras dos discusiones sobre el Next Generation EU que hemos vivido en los últimos meses constituyen la muestra palpable de las profundas divisiones que hay dentro de la UE. Estamos viviendo un momento de grandes cambios, y es evidente que la Comisión Europea quiere jugar un papel cada vez más central en el rumbo de toda Europa. Sin embargo, tiene que aprender a encontrar un equilibro de subsidiariedad, tanto en la adopción de decisiones como en la libertad de opiniones y de valores en los distintos países. De lo contrario, solo conseguirá crear más fracturas entre las regiones y sus diversas culturas.

[1] Comisión Europea. (2020, 30 de septiembre). 2020 Rule of law report – Communication and country chapters. Bruselas. Disponible en https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

[2] Comisión Europea (2020, 30 de septiembre). Informe sobre el Estado de derecho en 2020. Preguntas y respuestas. Bruselas. Disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_1757