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La neutralidad de la policía autonómica

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nov
 Salón de actos del Colegio San Francisco, (Calle Nueva, 38, 31001 Pamplona) 23/11/2019 19:00h

La asociación Pompaelo, en colaboración con Civismo, organizó en Pamplona una charla y mesa redonda sobre la neutralidad necesaria en cualquier policía autonómica para asegurar los derechos tanto de los agentes como de los ciudadanos.

La ponente, la cabo Inma Alcolea, ha sido objeto de persecución organizada dentro de los Mossos d’Esquadra por defender sus derechos y sus opiniones constitucionalistas. “Estamos indefensos”, subrayó, poniendo como ejemplo la historia de represalias de que ha sido objeto en este cuerpo policial. Un acoso sistemático desde los mandos de su organización que la ha llevado a los tribunales, donde ha ganado ya los primeros juicios.

“La Dirección de los Mossos, y especialmente su División de Asuntos Internos, viene tratando de modo completamente diferente los comportamientos de sus trabajadores en función de la ideología que defiendan”, explicó. Así, según la agente, un comportamiento que puede suponer un expediente y una suspensión de empleo y sueldo para un constitucionalista acaba en un cajón en el caso de un separatista. Y acciones que, “con el manual en la mano”, son mucho más graves, se ‘castigan’ con traslados y subidas de sueldo, como ocurrió con la guardaespaldas de Carles Puigdemont. 

Una discriminación que, a su juicio, se basa en la discrecionalidad de la que gozan los mandos políticos en una organización con un porcentaje enorme de mandos interinos; sujetos, por tanto, al capricho de sus superiores. “Esto también se da en procedimientos de ascenso, que incluyen pruebas como una entrevista oral sin testigos ni grabación que permita reclamar. Y que se extienden a muchos otros ámbitos de la Administración catalana”, denunció.

Una dinámica que ha prosperado porque “no existe contrapeso efectivo”. En ese sentido, Alcolea lamentó que las instituciones del Estado, y los partidos que las han dirigido, han “abandonado” a los ciudadanos catalanes en manos de nacionalistas a cambio de sus votos en el Congreso. Por ello, solo quedaría la Justicia, que, según sus palabras, está sometida a un acoso creciente: “Como resultado, cualquier resto de la neutralidad exigida a las instituciones, tanto por la Constitución como por el mismo Estatut, brilla por su ausencia”.

El testimonio de Alcolea le hizo merecer, a juicio del presidente de Civismo, Julio Pomés, el calificativo de “heroína y ejemplo vivo en la lucha por la libertad”. Pero esta mosso d’esquadra, según confirmó ella misma, quiere salir de Cataluña: “El coste personal y profesional, la presión emocional permanente son tales, que prefiero dejar atrás mi trabajo y mi hogar, como han hecho tantos y harán más”. Una decisión que pone de relieve cómo, ahí también, falla la Administración, que no ha desarrollado una ley de 2015 que establece que los miembros de las policías autonómicas podrán pasar a la Policía Nacional.

La historia de Alcolea ilustra un problema más amplio, a ojos de Miguel Cornejo, presidente de Pompaelo. A saber, un marco legal que permite a los perseguidores de la cabo actuar así. “El exceso de puestos ‘de confianza’ o de ‘libre designación’ provoca que el mérito y la capacidad queden subordinados a la afiliación política, un efecto que se agrava con el abuso de los puestos interinos, como ocurre en la Policía Foral. Cuando esta práctica llega a Justicia o a Interior, nos hallamos ante un problema muy serio: que la gente que tiene que hacer cumplir la ley, que ha de garantizar un marco de convivencia en el que todos nos sintamos protegidos, ya no es imparcial. Y entonces nos enfrentamos a un problema grave de libertad”, aseguró. Una libertad que, como concluyó Pomés, ha de ser defendida por la “gente libre” que la aprecia, frente a “quienes quieren imponer sus ideas”.


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