Decepciona la insensatez de nuestros parlamentarios cuando aprueban la proposición de ley presentada por Bildu para penalizar a las empresas que dejen Navarra. Antes de tomar una medida que va a hacer un daño irreparable a la Comunidad foral, debieran haber consultado a alguien que sepa más que ellos. Las barreras que se pongan para evitar salidas de compañías de una región se convierten, simultáneamente, en murallas de entrada que también impiden que vengan. Nadie se establecerá en nuestro territorio si sabe que, en caso de no irle bien, marcharse le exigirá grandes costes. Este despropósito ha conseguido que Navarra adquiera una imagen de ratonera.
Las ayudas públicas locales no suelen ser el elemento decisivo a la hora de instalar una empresa en un lugar, sino que lo es el valor añadido que se puede lograr por múltiples variables, como la logística de las infraestructuras, la cercanía de proveedores o clientes, la existencia de un centro de investigación de referencia, etc. Otro hecho a tener en cuenta es que dar subvenciones a las empresas se trata de una práctica habitual que ofrecen casi todas las regiones, pero que, dado su carácter coyuntural, no constituye la causa determinante para radicarse.
Otro aspecto sorprendente de la proposición lo encontramos en su inaplicabilidad, porque nadie va a devolver ayudas públicas en el concurso de acreedores que suele preceder al cierre o traslado. Hay un motivo legal insoslayable. La nueva Ley Concursal que entra en vigor este mismo septiembre estipula el orden en que cobrarán los acreedores. Aunque hubiera un compromiso de devolución, cláusula que nunca se ha incluido, ese dudoso derecho se ejercería en uno de los últimos lugares. Por esta razón, la propuesta de Bildu no pasa de brindis al sol, el cual resultaría inocuo si no entrañara consecuencias, pero las tiene: el daño a la reputación de la Comunidad foral para atraer compañías.
Adolfo Araiz hace explícito su autoritarismo cuando afirma: “Hay que poner cerco y coto a las tentaciones de deslocalización”. Produce pavor que alguien se arrogue el derecho de impedir que una empresa se marche, pues, cuando se ve obligada a hacerlo, la causa es clara: ha perdido su competitividad en el mercado nacional o en el internacional, allá donde opere. También sorprende el sarcasmo de Bildu por no sentirse responsable del fracaso en atraer compañías, dado que ha apoyado al Ejecutivo actual y al anterior. Y, sin embargo, se permiten lamentar que “en los últimos años, hayan sido muchas las empresas que han decidido cerrar sus centros de trabajo en Navarra para trasladar su producción a otros países”.
Alguien debería recordarles que, si se van, es por su culpa, porque infunden miedo a los inversores al imponerles la fiscalidad más confiscatoria de España y de las más altas de Europa; porque no ofrecen seguridad jurídica al cambiar las leyes que afectan a los negocios cada fin de año, siempre con la única obsesión de aumentar la recaudación, sin mirar los efectos en el medio-largo plazo. Ningún empresario acude a arriesgar sus ahorros en una región que se caracteriza por un intervencionismo en el que la ideología prima sobre la realidad económica. Que el PSN, Geroa Bai, Podemos e IE hayan votado a favor de esta proposición de ley les perjudica. No tengo ninguna duda de que, en el Parlamento vasco, el PSE y el PNV no habrían permitido que una propuesta así se tramitase. Mal también Navarra-Suma por no votar en contra y limitarse solo a rechazarla. No quiero acabar sin felicitar a la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) por su rápido y valiente pronunciamiento en contra de sancionar a las empresas que se deslocalicen. Se agradece que la patronal navarra se atreva a declarar que “legislar de una manera muy restrictiva puede provocar el efecto contrario”. Entre tanto desatino, un destello de cordura.
