09
dic
Expansión

Entre los problemas larvados de la economía española por la ausencia de reformas estructurales en el último lustro sobresale la ineficiencia del sistema judicial. Se da la paradoja de que el gasto público en juzgados y tribunales en España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea –80 euros por habitante, casi diez más que el promedio comunitario–, pero sin embargo la tasa de resolución de casos y la duración de los procesos está claramente por debajo de los niveles de los países de nuestro entorno.

El resultado es una merma para la competitividad de nuestra economía que lastra la actividad empresarial y detrae crecientes recursos públicos. Una discordancia que se suma a las tradicionalmente señaladas por empresarios y abogados respecto a la Justicia española: desconocimiento de la realidad empresarial, falta de medios adecuados y activismo judicial en determinadas materias, como sucedió con la catarata de sentencias, incluso de las más altas instancias, que contravenían aspectos nucleares de esta normativa, pero también con la anulación retroactiva de contratos bancarios ajustados a derecho.

El riesgo más que evidente es que se extienda entre los inversores la percepción de un aumento de la inseguridad jurídica en nuestro país y eso retraiga la llegada de nuevo capital extranjero. Por eso, desde el think tank Civismo plantean una serie de reformas al próximo Gobierno que, sin llevar asociadas un voluminoso coste para las arcas públicas, permitiría aumentar la eficiencia de nuestro sistema judicial y aligerar la carga de trabajo que se acumula en la mayoría de los juzgados de España.

Entre ellas, ajustar el presupuesto anual de las distintas jurisdicciones a las necesidades reales de cada una de ellas, actualizar las normas procesales para evitar que el exceso de garantías derive necesariamente en una prolongación de los procesos, incentivar el recurso a los mecanismos alternativos de resolución de los conflictos empresariales (mediación o arbitraje), delegar las competencias de los juzgados y tribunales relativas a la jurisdicción voluntaria y, desde luego, mejorar la formación económica de los magistrados.

La Justicia debe adaptarse a la profunda transformación experimentada por la economía española en la última década para seguir siendo no sólo un instrumento útil para el conjunto de los ciudadanos, las empresas y los inversores, sino también un factor de generación de confianza y mejora de la competitividad.


Deja un comentario