El pueblo español no solo está sufriendo una crisis sanitaria, política, social y económica, sino también una merma de sus libertades y derechos más fundamentales. Estos últimos meses, hemos podido presenciar cómo el Gobierno ha centralizado y potenciado su esfera de poder hasta el punto de mimetizarse con la misma figura del Estado.
Cuando esto sucede, se genera una confusión de poder que da origen a la instauración de un estatismo soberano, cuyo fin pasa por el absoluto control social e institucional. Desgraciadamente, y bajo el eufemismo de “estado de alarma”, el Ejecutivo parece haber adoptado este mecanismo, en el que el miedo es sin duda el arma más efectiva.
Carl Schmitt, politólogo, jurista, filósofo y uno de los fundadores ideológicos del Partido Nacional Socialista alemán, aseguró que “entre la población siempre se debe mantener una imagen enemiga, y poder así manipularla y dirigirla”. Este método para alcanzar el llamado “orden social” ha caracterizado las más oscuras etapas totalitarias de nuestro continente, y se opone radicalmente a la concepción liberal de sociedad y Estado que ha implantado la democracia en Europa.
Sin embargo, nuestro Ejecutivo (socialista-comunista) parece haber retomado esta estrategia para eliminar cualquier tipo de oposición a sus planes de gobierno. Así, se cumple la teoría de Schmitt cuando afirma que “el soberano es aquel que decide sobre el estado de emergencia”.
Aunque hoy en día sería imposible llevar a cabo una política del miedo como la del siglo pasado, resulta esencial analizar los métodos empleados y los fines perseguidos en una democracia constitucional como la española.
¿Cómo lo logran?
A pesar de las declaraciones iniciales de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, de que solo existirían “uno o dos casos aislados” en España, lo cierto es que, a partir de marzo, en concreto el día 14, el coronavirus se presentó como un “enemigo” que amenazaba la seguridad y orden del Estado.
Efectivamente, no solo la pandemia se emplea como instrumento, sino que el lenguaje ha cobrado un importantísimo valor para influir en la sociedad. De este modo, el Gobierno decidió cambiar su discurso tranquilizador inicial por uno de tintes bélicos, comenzando por el presidente, Pedro Sánchez, quien no dudaba en emplear términos como “guerra”, “posguerra”, “vencer” o “enemigo mortal” en las innumerables ruedas de prensa realizadas.
“Cuando venzamos esta guerra, necesitaremos todas las fuerzas del país para vencer la posguerra». Así se refería a la situación durante el mes de abril, cuando la pandemia se alejaba inexorablemente de los “dos o tres casos aislados” y se cebaba con la población española. Este lenguaje, que también han adoptado el resto de socios de Gobierno y los encargados de gestionar el estado de alarma, fue duramente criticado por multitud de personalidades europeas, entre ellas el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien se oponía a esta manipulación lingüística: «No, esta pandemia no es una guerra […], las naciones no se alzan unas sobre otras, no hay soldados contra soldados, esto es un test para la humanidad”.
Los medios de comunicación, a través de noticiarios, tertulias o periódicos, también han resultado claves al apoyar el discurso basado en el miedo y la inseguridad, sobrecargando de información dudosa, contradictoria y poco contrastada a la audiencia, que quedaba desinformada y confusa, sin saber cómo actuar ante este “enemigo común”. Dicho bombardeo mediático ha causado, y lo sigue haciendo, una gran dependencia en la ciudadanía, que se mantiene a la escucha en todo momento, y se muestra más receptiva a la información que el Gobierno suministra, una oportunidad perfecta de control y difusión ideológica.
¿Qué quieren conseguir?
Como ya se ha mencionado, el medio o arma principal es el miedo y la inseguridad. Sin embargo, ¿cuáles son los fines pretendidos con esta estrategia?
Primeramente, se ha logrado eludir responsabilidades a través de un “comité de expertos” del que nunca hemos tenido datos y que, finalmente, resultó no existir. De este modo, se despersonalizan las decisiones y actuaciones del Gobierno, delegadas en un ente abstracto que lo exime de sus constantes errores.
A continuación, el Ejecutivo, o ya más bien “Estado soberano”, inició un control absoluto de la oposición social. En ello se enmarcan las polémicas declaraciones de José Manuel Santiago, general y actual jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, quien presentó un plan para “minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno”. Ello provocó la dimisión de altos cargos del cuerpo y la destitución de aquellos que se negaron a las injerencias en la Benemérita. Resulta escandaloso cómo el poder ejecutivo actuó igual que un Estado policía que emplea a un cuerpo militar, encargado de la seguridad ciudadana, para contrarrestar las críticas a su pésima gestión.
Del mismo modo, la oposición política también se ha visto afectada, por medio del cese, casi completo, de la actividad del Congreso y el Senado, con una reducción al mínimo del número de diputados en los plenos; y con la propuesta realizada el 19 de marzo entre PSOE y Podemos de limitar el control parlamentario. Sin embargo, el PSOE no dudó en incumplir la restricción de aforo del Congreso el 29 de julio, lo que generó una manipulada imagen de superioridad política en el hemiciclo.
No ciñéndose solo a un control político y social, Sánchez también ha perdido su sentido de la responsabilidad al introducir al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Según el reglamento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión estará presidida por el vicepresidente que designe su presidente. De cuatro vicepresidencias existentes, ha escogido a Iglesias, un hombre que carece de sentido de Estado y de seriedad para un cargo que realiza el seguimiento y evaluación de los objetivos del CNI, y que vela por su coordinación y la de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El estatismo ha vuelto, encarnado en un gobierno que parece haber absorbido los tres poderes constituyentes
Así pues, mientras el deseo del soberano es el de acceder a toda fuente de información, también lo es el de limitársela a los gobernados. En efecto, y aunque haya caído en el olvido, el Ejecutivo logró la suspensión hasta la finalización del estado de alarma del Portal de Transparencia, una herramienta por la que la ciudadanía accedía a la información pública.
Con ello, se reafirma en la práctica la teoría estatista. La desinformación, ya sea mediante su falta o la sobrecarga de esta, transmite inseguridad, incertidumbre, y favorece a un Gobierno que anhela unificar el pensamiento y se presenta como un “Estado protector”, el inevitable sucesor del Estado de bienestar.
El estatismo ha vuelto, encarnado en un gobierno que parece haber absorbido los tres poderes constituyentes de nuestra democracia liberal. Un poder centralizador que, por un lado, evoca los sistemas totalitarios del siglo XX y escenifica un moderno estado de control policial al más puro estilo de George Orwell y Aldous Huxley con su “ingeniería social”; y por otro, nos remonta a la cuna teórica del poder coactivo representado en el Leviatán de Thomas Hobbes.
El constante miedo que se ha infundido ha conseguido paralizar nuestro país, ha justificado el control institucional y social, y ha logrado la sumisión de una ciudadanía que, pese a ver cómo España se desmorona en todos sus aspectos, encuentra en este Gobierno un orden frente al terror de un futuro incierto.
Determinados medios de comunicación han contribuido directamente a este objetivo, presentando toda objeción, o pensamiento contrario, como un acto de traición y dañino para la gestión de una crisis que, más que sanitaria, es ya la crisis “existencial” de España.
La libertad no debe ponerse en juego, ya que, parafraseando a Benjamin Franklin, “aquellos que pueden renunciar a la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni la una ni la otra».
