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nov
Actualidad Económica

El derecho a la propiedad privada es una prerrogativa esencial que recogen las Constituciones y el pilar fundamental del funcionamiento de las sociedades modernas. Además, se trata de un derecho que está íntimamente ligado a la libertad, pues esta no puede existir si no se respeta la propiedad privada.

España es uno de los países desarrollados que menos la defiende. Así lo demuestra el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, un estudio de la Property Rights Alliance y publicado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Mide el grado en que los Estados de la OCDE protegen y garantizan los derechos de los propietarios. La calificación de nuestro país en 2019 ha sido de apenas 6,5 puntos sobre un baremo de 10, por lo que nuestro desempeño resulta inferior a la media europea, quedando muy atrás, en el puesto 27 de un total de 36. Esta puntuación confirma el estancamiento de España en la última década, dado que la valoración actual todavía sigue por debajo de los niveles previos a la crisis: en 2007 era de 6,6.

Entre los miembros de la UE, Finlandia destaca como el líder, con una nota de 8,8. Le siguen Luxemburgo, Suecia y Países Bajos con 8,3 puntos, Dinamarca (8,2), Austria (8,1) y Reino Unido (8,0). En el otro extremo, se encuentran Grecia (5,2), Letonia (5,9) y Polonia (6,0), sin rebasar ninguna los 6 puntos.

Fuente: Actualidad Económica

La correlación que se observa entre una protección eficaz de los derechos de propiedad privada y un mayor grado de desarrollo económico es de 0,724. Este valor tan alto refleja que estos derechos constituyen uno de los factores que más positivamente influyen en la evolución del PIB por habitante y en el progreso económico de un país. Así, la renta per cápita de las naciones mejor clasificadas en el informe asciende a más de 50.000 euros, mientras que aquellas con un peor comportamiento en derechos de propiedad no alcanzan los 20.000 euros per cápita.

En ese sentido, son muchos los juristas que consideran inconstitucional el impuesto sobre el patrimonio, al verlo como una confiscación que viola el derecho a la propiedad privada. El hecho de poseer un bien no legitima al Estado para quitar al propietario un porcentaje cada año. Por ejemplo, en Extremadura, a partir de 10,7 millones de euros se debe pagar anualmente el 3,75% de su valor. Tal como afirma el IEE, “el diseño del tributo puede provocar que la suma del impuesto sobre el patrimonio supere el 100% de la renta”.

España se trata del único país de la UE que lo mantiene. Un ejemplo de sus perniciosos efectos es Francia: mientras ha estado vigente este “impôt sur la fortune”, más de 10.000 empresarios se han exiliado de la república gala, aparte de muchos famosos como Charles Aznavour, Gérard Depardieu, Laetitia Casta y Johny Hallyday. Y los violentos (e inconscientes) chalecos amarillos aún piden que vuelva…


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