Con la gradual disipación de la pandemia que sacude a las economías en el estado vigente, el Gobierno de España ha comenzado a desarrollar sus políticas de, como denomina el propio presidente del Gobierno, ‘desescalada’. Un plan para ir reactivando gradualmente la economía a la vez que, por otro lado, se va controlando una tasa de contagio que mantenía cerrada la vía de levantar las políticas de confinamiento y distanciamiento social.
El Gobierno de España ha hecho mucho hincapié en que las políticas serán graduales, es decir, se irán aplicando poco a poco y en proporción al descenso de los contagios y los fallecimientos. En segundo lugar, será una recuperación asimétrica, con una perspectiva territorial en línea con los contagios y las divergencias entre territorios.
Un plan que, en línea con las declaraciones del Gobierno, consistirá en la aplicación de cuatro fases de ‘desescalada’. Cuatro fases que, de acuerdo con las declaraciones y en la línea de que todas las previsiones se vayan cumpliendo en los límites establecidos, devolvería a España a la «nueva normalidad», como la ha denominado el Gobierno, a finales del mes de junio.
Con todo, el Gobierno ha avisado que esto no significa que la economía vaya a estar bloqueada hasta finales de junio. El Ejecutivo ha ido incluyendo sectores que, ante el cumplimiento de los indicadores, podrían ir abriendo sus puertas y comenzando a operar. No obstante, con una serie de limitaciones que, bajo las intenciones del Gobierno, tratarán de frenar un posible contagio por la reapertura de estos sectores.
Turismo y hostelería
Un sector que nos preocupa a los economistas, y mucho, es el sector del turismo y la hostelería. Hablamos de un ámbito de actividad cuya contribución al empleo en el país es del 14,7%. Contando todos los servicios auxiliares, transportes, así como todo aquello que, indirectamente, relaciona al servicio con el turismo, el peso de este sector en nuestro PIB alcanzaría el 25%.
¿Y cuál es el motivo de que se mencione tanto el turismo en los artículos que publican los economistas? El motivo es, y siempre ha sido, el mismo, pues hablamos del sector que más dañado se va a mostrar por los efectos de este coronavirus, ante la imposibilidad de atraer usuarios y consumidores en un escenario en el que, como ya prevén, incluso, determinados países, las fronteras seguirán cerradas hasta final de año.
Lo que quiero decir con esto es que, para este año, el turismo se muestra muy dañado a la espera de confirmar el fatal desenlace que supondría perder el año turístico. No obstante, si algo podemos tener claro es que, haciendo alusión al popular dicho español de «hacer el agosto», los empresarios del sector turístico cerrarán el año en negativo si contamos los ingresos potenciales que han perdido y el posible deterioro de verse obligados a abrir sus locales con unos costes fijos que deben ser asumidos con el 30% de los ingresos -ya que solo pueden albergar un tercio de su potencial capacidad en el local-.
Algunos españoles se mirarían ilusionados cuando Pedro Sánchez anunció que a partir del 11 de mayo podrían ver nuevamente a los hosteleros abriendo sus terrazas. Pero, ¿quién abrirá su local para, con unos costes fijos inamovibles y sujetos a un ERTE, perder dinero? Esto es un problema que, sin considerarlo, podría tener efectos perversos para el sector hostelero, pues no solo hablamos de una apertura a medio gas sino de unos costes fijos de plantilla que, ante la prohibición de los despidos y las limitaciones de los ERTE, obliga a estos pequeños empresarios a seguir pagando esos costes.
Con un tejido empresarial compuesto por pequeñas y medianas empresas, las cuales poseen una caja media de 57 días y una liquidez que en el cómputo total de empresas europeas aglutina el 3% (Francia, por ejemplo, posee el 20%), hablamos de una situación complicada. Pues, ante la obligación de mantener las plantillas intactas, los mecanismos de adaptación se han suprimido obligando a las empresas a la quiebra forzosa. Obviamente, destruyendo más empleo y capacidad productiva en el país, agravando una posible recuperación gradual que, de ocurrir esto, nos estaría acercando a una ‘L’.
En un escenario tan delicado, el Gobierno debería mirar con lupa los pasos que da y las políticas que adopta. No se puede obligar a los empresarios hosteleros -tan dañados en esta crisis y en los meses que le suceden- a reabrir sus negocios sin medidas de adaptación y garantías de rendimiento. No es rentable, pero mucho menos justo, mantener la felicidad colectiva y el optimismo social, si ello conlleva el cierre de nuestros pequeños empresarios. Creo que, ante la situación, precisamos, nuevamente, de medidas menos generalistas y políticas más precisas. Pues España y sus empresarios se juegan mucho más en esta crisis que los propios políticos en las urnas.
