Un ejercicio de prudencia ante la recesión que viene es revisar la situación en que se encontraban las áreas económicas más relevantes en febrero, antes de la crisis. Este análisis puede servir para orientarnos en nuestras decisiones ante una época que se advierte compleja. Hoy se abordan los alquileres de viviendas, para prever cómo podrían evolucionar.
El primer dato a tener en cuenta es la subida de los precios inmobiliarios en los últimos años y, de modo especial, en las grandes ciudades. Crecieron en Málaga un 49,8% entre 2014 y 2019; en Valencia, un 49,8%; y en Madrid, un 42,2%. Estos ascensos revelan tanto la escasez de pisos para alquilar, como sus elevados precios. Si en 2014 una familia tardaba 6,1 años en pagar su casa, ahora le cuesta siete, a pesar de destinar casi un tercio del salario a satisfacer las cuotas. El esfuerzo financiero de los hogares para esta compra difiere mucho entre comunidades, ya que los sueldos y los precios de las viviendas también son dispares. Asturias es el territorio en el que la ratio cuota de hipoteca respecto al salario es menor, de un 22,28%. Le sigue Extremadura (22,7%), Murcia (23,33% y La Rioja (24,07%), mientras que en cabeza se hallan Baleares (44,5%), Madrid (36,4%) y Cataluña (33,4%).
La dificultad de muchas familias para ofrecer garantías a los bancos para que les concedan hipotecas ha disparado la demanda del alquiler, lo que, a su vez, ha provocado que aumenten sus precios. Según el portal Idealista, las tres regiones en las que más lo han hecho entre febrero de 2019 y el mismo mes de 2020 han sido Navarra (11%), Galicia (9,5%) y la Comunidad Valenciana (9,1%). En el extremo contrario, se sitúan Baleares (3%), Cantabria (3,2%), Madrid (3,3%) y Extremadura (3,4%). Dentro de cada comunidad, el comportamiento de los precios de arrendamiento varía mucho. Así, en la Región de Murcia, la subida interanual se ha cifrado en el 5,9%, pero en Cartagena ha sido solo del 1,2%, y del 10,7% en la capital de la autonomía.
Si se desea que bajen los precios de los alquileres, debe favorecerse el incremento de la oferta inmobiliaria, para lo que los arrendadores necesitan tener confianza en el sistema. Nadie arriesga su patrimonio si se siente desamparado ante el impago y la ocupación. Hay muchos casos de personas vulnerables a las que los servicios sociales han de ayudar, pero sin causar perjuicios al propietario. También convendría establecer una normativa que evite abusos de tantos pícaros profesionales que empalman desahucios y aprovechan ayudas que no merecen.
Las gestoras que invierten en promover viviendas para alquilar ejercen una actividad legítima. Desprestigiarla desde el Gobierno infunde desconfianza en los inversores, lo que reduce la oferta inmobiliaria e impide el abaratamiento de los arrendamientos. Al final, el gran perjudicado, el inquilino.
