El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que el 80% de la deuda de la ciudad podría ser ilegítima. No ha explicado por qué el 80% y no el 60% o el 99%. Pero otros municipios han tratado de determinar con precisión a cuánto asciende la parte de su deuda que consideran ilegítima; y la moda parece extenderse por toda España. Alguno ha estimado la parte que correspondería a sus vecinos del coste total del rescate bancario –con un cálculo tan peculiar como dividir el coste del rescate entre el número de españoles y multiplicarlo después por el número de habitantes del pueblo-y ha considerado que tal cifra es su deuda ilegítima; a continuación ha pedido al Estado que se la pague. Es decir, la deuda es ilegítima para los españoles en cuanto habitantes de municipios pero no en cuanto contribuyentes nacionales. Y cabría, además, preguntarse si quienes no aceptan el endeudamiento utilizado para financiar el rescate bancario defenderían que no se reembolsaran los depósitos de los clientes de las cajas quebradas o que no se pagara indemnización alguna a quienes compraron en su día participaciones preferentes.
Otros ayuntamientos afirman que todo lo que se gasta en defensa nacional carece de legitimidad; y por lo tanto, afirman que no deberían pagar la parte que les corresponde en dicho gasto. Y sólo estamos empezando; porque resulta fácil encontrar numerosas partidas de los presupuestos públicos que no despierten precisamente el entusiasmo de los contribuyentes. Podríamos, por ejemplo, considerar ilegítima la deuda que ha permitido subvencionar a los productores de cine, pagar las deudas de equipos de fútbol en la ruina o buscar, con un entusiasmo digno de mejor causa, los restos de Federico García Lorca. Seguro que a cada persona que lea este artículo se le ocurrirán otros muchos ejemplos.
Como el tema parece complejo, se están buscando fórmulas para decidir qué parte de la deuda de ayuntamientos o comunidades autónomas se declara ilegítima; de la manera más democráticamente posible, eso sí. Una especialmente llamativa es la que ha elegido el alcalde de Cádiz, D. José María González, conocido, al parecer, como Kichi, aunque me resisto a utilizar tal apodo, por no conocerlo personalmente y por respeto al importante cargo que ocupa. Pues bien, parece que el sr. González ha tenido la brillante idea de crear un “jurado popular” para determinar la legalidad de la deuda del municipio. Y sabemos que tal jurado estará formado, en una tercera parte, por gaditanos elegidos por sorteo; en otra tercera parte, por personas designadas por el ayuntamiento atendiendo a criterios académicos; siendo el resto de sus componentes nombrados por los integrantes de los consejos de barrio. En fin, no comentaré la idea; pero me temo que nos vamos a encontrar con propuestas similares a lo largo y ancho del país en los próximos meses. Es evidente que estas curiosas maniobras políticas no tendrán, al final, ningún resultado significativo. Pero servirán a quienes las realizan para salir en los medios de comunicación y hacerse un poco más populares.
En todo este asunto queda, sin embargo, una pregunta en el aire: al margen de estas pintorescas proclamas, ¿hay deudas soberanas ilegítimas? Y es difícil negar que tales deudas puedan existir; y, de hecho, han existido. O, al menos, hay argumentos de peso que los gobiernos afectados pueden utilizar para no pagarlas. Los casos de las guerras civiles, en los que el bando vencedor no se considera obligado ni jurídica ni moralmente a pagar la deuda contraída por el bando que perdió la contienda han sido frecuentes en la historia. Y cabe también considerar ilegítimas deudas que un gobierno tiene que asumir tras una derrota militar, ante la amenaza de una ocupación armada de su territorio. Es por ello bastante comprensible que los alemanes nunca aceptaran como legítimas las obligaciones que les impuso en 1919 el Tratado de Versalles, que fue, realmente, el prólogo de la Segunda Guerra Mundial.
Pero esto nada tiene que ver con deudas contraídas voluntariamente y sin coacción alguna por gobiernos municipales, regionales o nacionales, cuya acción ha estado, además, sometida a controles de legalidad. Este es, claramente, el caso de la actual deuda griega y de la deuda de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas.
El problema de fondo de esta historia es que, tras haber llegado al poder prometiendo aumentos sustanciales del gasto público, muchos políticos tienen que enfrentarse a la dura realidad: no tienen dinero y su endeudamiento es muy elevado. Con una agravante: por primera vez en mucho tiempo no pueden confiar a la inflación la misión de reducir de forma significativa el valor real de su deuda. Y si tienen que pagarla en su integridad, lo absurdo de muchas de sus promesas electorales va a quedar en evidencia. Pero, como en política todo se puede justificar, la defensa ante las posibles críticas de sus votantes ya está preparada: ¡la deuda ilegítima tiene la culpa!
