Este pasado viernes 30 de junio, Students for Liberty España, asociación universitaria de corte liberal, organizó frente al Ministerio de Hacienda una concentración para protestar contra la opresión fiscal que sufren los españoles. Al grito de «defiende tu bolsillo», estos estudiantes por la libertad trataron de despertar las muy dormidas conciencias tributarias de los ciudadanos, recordándoles que lo que «tú ganas, ellos [los políticos] lo gastan». La fecha de esta protesta liberal frente a la sede del Mal no fue casualidad: por un lado, el pasado 30 de junio terminaba el plazo para presentar las declaraciones del IRPF; por otro, en esas mismas fechas se alcanzaba el «Día de la liberación fiscal», es decir, la fecha en la que formalmente los españoles dejamos de trabajar para el Fisco y comenzamos a trabajar exclusivamente para nosotros mismos. Dicho de otra manera, en términos medios, los españoles trabajamos casi seis meses al año exclusivamente para hacer frente a las facturas tributarias que nos remite el Estado: no sólo en concepto de IRPF, sino también de cotizaciones sociales, IVA, impuestos especiales y gravámenes sobre el patrimonio.
Prácticamente todo lo que ingresarnos durante el primer semestre del ejercicio termina siendo fagocitado por el Estado; sólo el fruto del trabajo que desarrollamos durante la segunda mitad del ejercicio es formalmente nuestro. En términos de euros contantes y sonantes: si el coste salarial bruto del español medio asciende a 29.600 euros anuales, la exacción tributaria nos arrebata en torno a 14.000 euros cada año. La principal fuente de mordida fiscal son las cotizaciones sociales empresariales, las cuales absorben unos 6.800 euros anuales de nuestro sueldo (hasta dejarlo en 22.800 euros, la cifra media que los españoles observan en sus nóminas y que erróneamente creen que constituye su salario base); en segundo lugar, nos encontramos con el IRPF, el cual arrebata unos 3.200 euros adicionales al trabajador; el IVA y los especiales consumen 2.000 euros; v las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, unos 1.500 euros. A todas estas sumas hay que añadir también otras figuras impositivas como, por ejemplo, el IBI, el Impuesto sobre Sucesiones o el Impuesto sobre el Patrimonio, completando con ello el inquietante retrato de la servidumbre fiscal que existe en nuestro país. Por supuesto, los Estados modernos ofrecen prestaciones a cambio de todo aquello que nos arrebatan (¡faltaría más!).
Su botín no permanece exclusivamente en sus manos, sino que lo destinan a financiar servicios como la educación, la sanidad, las pensiones o las infraestructuras, que redundan parcialmente en beneficio (de los contribuyentes. Pero lo crucial de todo ese asunto es que son los políticos quienes, con nuestro dinero, determinan qué tipo de servicios debemos recibir. Si los ciudadanos pudiéramos retener íntegramente nuestros salarios, devendríamos autónomos a la hora de escoger la educación para nuestros hijos, el centro sanitario en el que tratar nuestras enfermedades, las infraestructuras a utilizar, el tipo de servicios de dependencia que recibir, los riesgos contra los que asegurarnos, etc. En definitiva, si elimináramos los impuestos-o los redujéramos de manera muy intensa-, los ciudadanos deberíamos costear todos aquellos servicios que hoy el Estado nos ofrece a cambio de los enormes impuestos que soportamos. Pero seríamos libres -y responsables- para seleccionar cuáles de esos servicios verdaderamente deseamos y en qué modalidad querernos recibirlos. No sería una banda de políticos y burócratas quienes nos dictarían cómo vivir nuestra vida, sino que seríamos cada uno de nosotros quienes escogeríamos cómo hacerlo. Lo que nosotros ganáramos, lo gastaríamos también nosotros: no las élites extractivas que nos gobiernan.
