La crisis sanitaria del Covid-19 es uno de los fenómenos más devastadores que han acaecido a la nación española a lo largo de los últimos 100 años. A la crisis sanitaria -de enorme envergadura-, se le unirá una posterior crisis económica de magnitud similar, si no mayor. Para tratar de paliar los efectos de esta crisis económica, el Gobierno de España ha diseñado un plan de medidas para tratar de garantizar la liquidez de las empresas solventes, pero cuyo efecto será prácticamente nulo, debido a que las propuestas actuales del ejecutivo socialista resultan inefectivas e ineficientes.
Pero aún queda una baza por jugar, y quizás la más fuerte y efectiva, es decir, las políticas de liquidez dirigidas desde Bruselas y Frankfurt hacia todos los estados miembros. Frente a una reticencia inicial de algunos países europeos a participar en políticas comunes para garantizar la liquidez de las economías europeas, los principales movimiento y partidos euroescépticos aprovecharon dicha situación para generar aún más inestabilidad y confusión. Veamos por qué el euroescepticismo se equivoca, y una mayor cohesión europea, no solo no es el problema, sino que es la solución.
En primer lugar, tal y como he analizado recientemente en este estudio para la Fundación Civismo, la divisa única europea ha sido desde su introducción un garante del desarrollo y la estabilidad económica en España.
Como se describe en el estudio, la renta per cápita en España se incrementó desde un 80% de la media de los 15 países miembros de la UE en 1996 hasta el 87% en 2004, gracias a la creación de 1,8 millones de nuevos puestos de trabajo en ese tiempo, lo que hizo descender la tasa de desempleo del 23% al 11,5%.
Aún sin existir una causalidad absolutamente directa entre la introducción del euro y dichas tendencias positivas de los principales indicadores económicos, muchos papers académicos -citados en el estudio- muestran como la introducción de la divisa común europea fue una de las principales causas de dicha evolución positiva de la economía española.
En este periodo de tiempo inicial de funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de los bonos soberanos a corto y largo plazo bajó de un 13,3% y 11,7% respectivamente, en 1992, a un 3% y 2,2% en 1999, tendencia que después se invirtió a un 2,2% y 3,4% en 2005, lo cual favoreció un mayor consumo y asunción de riesgo por parte de los inversores, que hasta cierto punto favoreció al dinamismo de la economía española.
Uno de los eventos que sí se debió de manera integra a la introducción del euro fue el notable descenso de la prima de riesgo española, que en el periodo anteriormente descrito se redujo desde los 500 puntos básicos a cerca de 50, lo que representa una contracción de la prima de riesgo del 90%, favoreciendo una mayor cohesión de la economía europea y un mayor volumen de inversión financiera directa en España, pasando el sector exterior de representar el 26% del PIB a más de un 33% del mismo.
Muchos líderes euroescépticos parecen haberse olvidado de los beneficios que Europa ha aportado, y puede seguir aportando a España. Esto hace que vean las instituciones europeas como un problema, cuando en realidad son la solución.
¿Cómo pueden las instituciones europeas ayudar a sus países miembros a afrontar la crisis económica post-coronavirus?
La respuesta desde algunos organismos europeos, como es el caso del BCE fue prácticamente inmediata, poniendo sobre la mesa 750.000 millones de euros para ampliar el programa de compras de deuda (QE, por sus siglas en inglés). Aún así la efectividad de dicha expansión cuantitativa no está tan clara, ya que no supondría una inyección directa de liquidez a las empresas en la gran mayoría de los casos (aunque se ha anunciado que se adquirirá deuda corporativa). Uno de los principales obstáculos del BCE se encuentra en que, por normativa estatuaria, no puede ser partícipe de operaciones en el mercado primario, lo cual ralentizaría dicha inyección de liquidez y le restaría efectividad.
Por otro lado, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) dispone de una capacidad total de 410.000 millones de euros, mientras que, según cálculos de algunos economistas como Toni Roldán, el crédito que sería deseable que España demandase al MEDE rondaría los 200.000 millones de euros. Un 49% de la capacidad total. Inviable, además de qué el actual ejecutivo español no estaría dispuesto a aceptar la condicionalidad fiscal y presupuestaría que suponen los préstamos del MEDE.
Aún así, el proyecto elaborado recientemente por los técnicos del Eurogrupo incluye el lanzamiento de un nuevo mecanismo denominado Rapid Financing Instrument, que contaría con una capacidad de financiación total cercana a los 80.000 millones de euros, distribuida a través de líneas de crédito a los países miembros demandantes del mismo, de los cuales a España le corresponderían 9.440 millones, en base a su participación en el capital del Mede.
Por último, el Eurogrupo, a través del Banco Europeo de Inversiones busca poner en marcha un fondo de garantías por valor de 200.000 millones de euros, que servirían como aval para financiar operaciones de elevado riesgo de todo tipo de empresas europeas, desde las más pequeñas hasta multinacionales. Todo ello ha de sumarse al plan que ya se encontraba en marcha, también por parte del BEI, para movilizar otros 40.000 millones de euros para inyección directa en la economía europea.
En conclusión, la evidencia empírica lleva la contraria a los euroescépticos, y muestra una vez más que la solución a la crisis económica que España tendrá que afrontar se encuentra dentro de Europa y sus instituciones, y no fuera de ellas.
