Borrachera de leyes
11 de julio de 2015
Por admin

Una crítica que se le hace recurrentemente al Gobierno central es la de gobernar a base de BOE, y es cierta: desde la etapa de Suárez, en que la llegada de la democracia lo justificaba, nunca se habían publicado tantos decretos. Esto también ocurre en las Comunidades autónomas, incluida la nuestra. Las páginas del Boletín Oficial de Navarra se han incrementado en casi mil respecto a las del año anterior, a pesar de ser una de las regiones con menor regulación. Aunque muchas leyes tengan buena intención e incluso puedan estar bien encaminadas, lo cierto es que una proliferación excesiva perjudica el desarrollo económico. Por un lado, los empresarios tienen que estar pendientes de una jurisprudencia más exhaustiva, lo que malgasta sus esfuerzos para innovar y producir. Por el otro, muchas de esas normas tienen efectos secundarios negativos. En concreto, un estudio de Francisco Marcos y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, demuestra que, cada vez que se duplica el número de leyes, la tasa de crecimiento anual de la productividad se reduce un 3,5%. Además, hay informes que avalan que el aumento de la intensidad regulatoria perjudica la investigación tecnológica, lo que se traduce en descensos de las solicitudes de patente, de modelos de utilidad y de diseños industriales.

Una forma de medir esta expansión normativa es el número de páginas en los Boletines Oficiales. Aunque esta vía tiene el defecto de no controlar la calidad de la regulación, tiene la virtud de mostrar de un solo vistazo hasta qué punto se ha disparado el afán intervencionista. Desde 1978, la cifra de páginas publicadas en los Boletines se ha multiplicado por más de treinta. Además, de acuerdo a un recuento de la CEOE, las diferencias entre Comunidades autónomas son enormes. Por ejemplo, en Madrid se publicaron el año pasado 94.159 páginas en el Boletín Oficial de la región, hasta 17 veces más que en el País Vasco. Sin embargo, nadie puede pensar que la realidad social sea diecisiete veces más complicada en Madrid que en el País Vasco, o que esta Comunidad deje de legislar algún área esencial. Después de Madrid, pero también por encima de la media, se encuentran Castilla y León (87.936 páginas), Cataluña (74.884), Baleares (61.556), Andalucía (58.884), Galicia (53.971), Murcia (50.265) y Asturias (47.666).

Por el contrario, otras CCAA demuestran que la regulación no tiene por qué ser tan específica e incluso asfixiante. Por debajo de la media, además de País Vasco, se encuentran Navarra (14.394 páginas publicadas anualmente), La Rioja (26.306), Comunidad Valenciana (32.320), Canarias (32.750), Extremadura (40.136), Castilla- La Mancha (40.551), Aragón (41.360) y Cantabria (43.865). Sin embargo, estas regiones tampoco pueden confiarse, debido a que quedan muy lejos de los mejores estándares: todas multiplican por al menos tres la cifra del País Vasco. Además, en el último año cuatro de estas regiones aumentan la redacción de normativas. La proliferación de leyes es especialmente tentadora en un escenario electoral, aunque su efecto es menor del esperado.

Los ciudadanos sabemos muy bien que lo que los políticos nos dan con una mano nos lo están quitando del bolsillo, vía impuestos, con la otra. Muchos gobernantes y parlamentarios piensan que pueden resolverlo todo con incontables normas. Sin embargo, lo que consiguen es que las empresas empleen más recursos humanos en cumplir con esas regulaciones, lo que deriva en mayores gastos, lo que repercute en unos sueldos menores para sus trabajadores o en una pérdida de competitividad. En Canadá se ha aprobado que por cada nueva ley que se apruebe se quiten dos de las anteriores porque son conscientes de la necesidad de simplificar el sistema. Ojalá el Parlamento foral tuviera más calidad y menos cantidad en su producción jurídica. ¿Por qué antes de aprobar una ley no se comprueba si la legislación nacional o la comunitaria la hacen imprescindible? El problema es que se dedican más a sus broncas partidistas que a resolver el cometido por el que se les paga: elaborar las normativas imprescindibles que nos hagan más fácil la vida a las personas y a la economía.

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