22
oct
Actualidad Económica

Los acuerdos alcanzados hace unos días entre el PSOE y Podemos resultan inquietantes por muchas razones. El tema más comentado es el del crecimiento del gasto público que acabará produciendo más déficit, mayores impuestos o, seguramente, ambas cosas a la vez. Pero este plan va más allá de un mero acuerdo presupuestario para convertirse en un programa de política económica, con elementos muy preocupantes para cualquier economista que tenga un mínimo de sentido común.

El Estado interviene en la economía, básicamente, de dos formas. La primera, como proveedor de bienes públicos y otra gran variedad de servicios para la comunidad, que los contribuyentes financian pagando impuestos. La segunda, regulando las actividades de las empresas privadas y los consumidores. Una política fiscal desacertada puede resultar muy perjudicial para la economía, sin duda. Pero también puede hacer mucho daño una política inadecuada de regulación, por loables que sean los objetivos que el Gobierno intente conseguir con ella. Y parece que de esto hay bastante también en el pacto entre el PSOE y Podemos. Solo dos ejemplos de medidas que, si realmente fueran llevadas a la práctica —lo cual podría, ciertamente, no ocurrir con este Ejecutivo— ocasionarían perjuicios importantes. La primera es un aumento sustancial del salario mínimo; la segunda, otorgar determinadas competencias —por el momento bastante confusas— a los ayuntamientos para intervenir en la fijación de las rentas de los alquileres.

Ambas medidas se presentan como favorables a los grupos de renta baja, en concreto a los trabajadores que perciben los sueldos más reducidos y a los inquilinos que pueden tener problemas para pagar el alquiler todos los meses. Lo malo es que no hay ninguna garantía de que estas personas se vayan a ver realmente beneficiadas por tales políticas. El aumento del salario mínimo contribuirá, sin duda, a frenar la creación de empleo y a dejar en el paro a muchas personas; precisamente a aquellas a las que la norma pretende favorecer. Y el control de los arrendamientos hará que, con el tiempo, a mucha gente le resulte más difícil encontrar un piso en alquiler. Puede parecernos mal, pero las cosas son como son y no como a los señores del Gobierno les gustaría que fueran. 


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