06
nov
Periodicos del Grupo Vocento

España está volviendo a recuperar el pulso del mercado laboral. Sin embargo, esto no ha relajado los agobios presupuestarios. Así, las pensiones sufrirán en 2016 un déficit en tomo a los 18.000 millones de euros, a lo que hay que sumar lo desembolsado en otro tipo de partidas supuestamente sociales. De hecho, y a pesar de la creación de un millón de empleos en los últimos dos años, apenas hay 1,14 trabajadores del sector privado por cada ciudadano que se encuentra en la nómina de las Administraciones (Estado, CC AA y ayuntamientos), ya sea como asalariado público, pensionista o beneficiario de prestaciones por desempleo u otro tipo de subsidios. Ésta es una distribución que resulta insostenible, y un riesgo desde el punto de vista político. Si los electores fueran irresponsables (cosa que, en muchos casos, no sucede) podrían votar a políticos que les prometieran mayores ingresos, aun sabiendo que eso generaría más problemas al resto de los ciudadanos. Esto es un círculo vicioso, pues conforme más empleo público se cree en una región más habrá que recaudar para subvencionar a los dependientes’, lo que se traduce en que bastantes buenos profesionales y compañías emigren a otras comunidades.

Extremadura, Asturias, Galicia, Andalucía y Castilla y León encabezan la lista de regiones a sueldo del Gobierno, ya que todas ellas cuentan con un menor número de empleados del sector privado (incluyendo autónomos y asalariados) que la suma de funcionarios, pensionistas y parados con prestación. En segundo lugar, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y País Vasco tienen más de un trabajador privado por cada nómina pública, aunque no alcanzan a la media. Es cierto que varias de ellas tienen mucho menos paro que el promedio (como País Vasco, Cantabria o Castilla y León), pero son sociedades envejecidas, por lo que es dificil que mantengan su dinamismo. Finalmente, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Cataluña, Canarias, Murcia, Madrid y Baleares tienen, al menos, 1,2 ciudadanos en la cuenta de ingresos por cada uno en la de gastos.

Es evidente la necesidad de mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de forma que los trabajadores del sector privado ganen peso respecto al total de la población. Ésta es la única vía para asegurar la sostenibilidad de las pensiones, de los subsidios de desempleo y del sector público en general. No obstante, de cara al largo plazo habría que ir desvinculando progresivamente estas prestaciones del presupuesto estatal y autonómico, de forma que se reduzcan los riesgos políticos y se alivie la dependencia respecto a las condiciones económicas y demográficas de cada momento.

Por ejemplo, se podría introducir un componente de ahorro privado en las pensiones (como ocurre en Suecia, Holanda o Australia, entre otras decenas de países) o incluso en el desempleo (como en Austria), de manera que ambas prestaciones se puedan pagar con facilidad aunque caiga el número de trabajadores en activo. Además, así se estimularía la austeridad entre los perceptores de dinero público… y también los votantes.

Hay mucho espabilado que practica aquello «de que de lo que no me cuesta nada cuanto más, mejor». Pero se olvidan de que nada público (y menos el empleo innecesario) sale gratis. Además, el que lo abonen otros puede ser injusto, pues a veces los paganos’ son personas menos afortunadas.


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