23
may
Atalayar

Finalmente, el Gobierno italiano no cayó. El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, sometido a una moción de censura que amenazaba con afectar muy directamente al Primer Ministro Conte (que había entrado en la órbita del Movimiento Cinco Estrellas gracias precisamente a Bonafede, lo que le permitió acabar presidiendo el Consejo de Ministros en la primera semana de junio de 2018, y así hasta hoy), mantuvo su puesto porque el Senado, que era donde debía debatirse en realidad doble moción (una presentada por la Lega de Salvini y otra por la senadora de ‘Piu Europa’ Emma Bonino), dijo “no” a la posibilidad de que alguna de las dos prosperaran. Y dijo “no” por dos veces (una por cada moción, ya que debían votarse individualmente) porque finalmente, y como por otra parte se esperaba en el momento de comenzar el debate parlamentario, los votos del grupo parlamentario del ex ‘premier’ Matteo Renzi (Italia Viva-P.S.I.) lo impidieron.

Ya comentamos hace unos días que Renzi tenía poderosas razones para dejar caer tanto a Bonafede como a Conte. Tengamos presente que en febrero pasado se enfrentaron abiertamente a cuenta de una reforma legal en relación con la prescripción de los delitos, y estaba previsto que Renzi ‘sfiduciara’ (censurara) a Bonafede el 15 de marzo, pero el confinamiento, iniciado en el país vecino el día 10 de ese mes, finalmente lo impidió. La pregunta que el lector se hará entonces: teniendo Renzi en sus manos hacer caer a Bonafede, aunque ahora fuera a cuenta de la excarcelación masiva de mafiosos justificada por motivos de salud derivados de los efectos del coronavirus, ¿por qué no se atrevió a hacerlo? La respuesta es muy sencilla: no era el momento para hacer caer el gobierno, y poderosas razones justificaban esta negativa a hacerlo caer.

Cierto es que podemos buscar más motivos para la decisión de Renzi y su partido, como que ante unas posibles elecciones anticipadas sus parlamentarios podían haberse quedado fuera de ambas cámaras teniendo en cuenta la muy baja de intención de voto que su formación tiene una encuesta tras otra; o que Renzi puso precio a su voto favorable a la permanencia de Bonafede en el Ejecutivo, precio que se habría plasmado en la regularización masiva de inmigrantes (unos 600.000) y en la reapertura antes de lo previsto del país, e incluso que un futuro cercano se le concediera al diputado Marattin, ‘cerebro’ económico del partido de Renzi, la presidencia de la tan importante Comisión de Presupuestos. Todo ello resulta perfectamente plausible, pero, como digo, y así lo expresó Renzi en su intervención parlamentaria, lo que había llevado a su partido a mantener la confianza en Bonafede había sido la amenaza de Conte de presentar acto seguido su dimisión. Porque a Conte, cuya coalición que él preside hubiera pasado en la práctica a estar en minoría, solo le podía esperar un auténtico calvario que seguramente finalizaría con su abrupta salida de la presidencia del Consejo de Ministros.

Y ese no es precisamente el escenario deseable para el país que desde hace años más preocupa a las autoridades comunitarias. En efecto, Italia, tercera economía europea, constituye desde hace décadas un auténtico quebradero de cabeza para la Unión Europea. Por un lado, se trata de uno de los seis países ‘fundadores’ (Alcide De Gasperi, ocho veces primer ministro italiano, está considerado uno de los ‘padres de Europa’) de la UE; su economía por volumen es la tercera en importancia tras la alemana y la francesa; y, además, con sus 300.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más extensos del conjunto de la Unión. Por otro, posee una descomunal deuda nacional (135% sobre PIB nacional) y está aquejada desde hace mucho tiempo por un crecimiento auténticamente anémico (no ha subido del 3% del PIB desde el año 2000, y del 2% desde 2007). Si a eso añadimos las consecuencias de la recesión que va a traer el coronavirus, poco más se puede decir. Renzi, durante su citada intervención, recordó las previsiones de las autoridades comunitarias: al finalizar este año 2020, si las cosas continúan sucediendo como lo están haciendo, la economía transalpina finalizará con un 160% de deuda sobre PIB; un decrecimiento de alrededor de 11 puntos; y una subida del nivel de desempleo del 10.8% actual al 15%. Cifras sencillamente escalofriantes para una nación clave en la construcción europea.

De ahí la importancia de la permanencia al frente del gobierno de la coalición actual, al menos hasta que la situación resulte sencillamente insostenible y entonces no haya más remedio que acudir al tan anhelado Mario Draghi. Y es que debe tenerse presente que la actual coalición de gobierno es enteramente europeísta: el presidente del Parlamento Europeo (Davide Sassoli), el comisario de Asuntos Económicos (Paolo Gentiloni) y el ministro de Economía y Finanzas (Roberto Gualteri) pertenecen todos ellos a la segunda formación más importante de la actual coalición (el Partido Democrático). Además, Matteo Renzi, durante su tiempo como ‘premier’ (2014-16) dejó clara su vocación netamente europeísta, y cuenta con numerosos contactos al más alto nivel comunitario, destacando su amistad personal con el actual Vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans. LeU, el pequeño partido escindido del PD en 2017 y al que pertenece el Ministro de Sanidad (Roberto Speranza), también es abiertamente europeísta. E incluso el Movimiento Cinco Estrellas, a pesar de sus permanentes litigios con la Comisión en el otoño de 2018 a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, ha acabado basculando hacia el europeísmo, y prueba de ello es que en julio pasado votó a favor de la que la alemana Von der Leyen se convirtiera en nueva Presidente de la Comisión Europea.

Frente a ellos, en la oposición italiana el principal partido con mucha diferencia es la Lega del temido Matteo Salvini, quien, recordémoslo, hace justo un año actuó como anfitrión de un acto celebrado en Milán y en el que estuvieron presentes todos los líderes de partidos contrarios a la Unión Europea. Y muy cerca de él se encuentra la presidenta del pequeño partido Hermanos de Italia (la romana Meloni), quien, aunque es menos euroescéptica que Salvini, critica constantemente a las instituciones europeas y, lo más importante, en este momento su partido se ha disparado en las encuestas, hasta el punto de que, de cumplirse esas encuestas y de celebrarse ahora elecciones anticipadas en Italia, podría lograr junto con Salvini una mayoría suficiente para gobernar el país. Y ello llevaría a la UE a pasar de sufrir el “Brexit” (tema aún inconcluso) a tener que ver la posibilidad de un ‘Italexit’ en toda regla.

Veremos qué deciden las autoridades comunitarias sobre las ayudas a países europeos y qué piden a cambio. En el caso de Italia, está claro lo que debe hacerse en relación con el descomunal gasto público: reducción a todos los niveles (Parlamento, gobiernos de cada región, entes locales, etc.) del gasto en personal político (los parlamentarios italianos son seguramente los mejor pagados de toda la UE); rebaja sustancial de otros gastos en entes como la Radiotelevisión Italiana (¿pueden creer que un presentador de la RAI cobra más que el mismísimo Presidente de la República?); y retraso muy sustancial de la edad de jubilación (los 67 años que Monti impuso en noviembre de 2011 parecen haberse quedado cortos). 

Igualmente, habrá de seguir modernizándose el mercado laboral, flexibilizándose el empleo y facilitando la inversión extranjera. Y no perdamos de vista una decidida lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, fenómenos ambos a los que siguen sin ponerse coto. En suma, una economía en una situación muy pero que muy preocupante, de ahí que Matteo Renzi tuviera ayer muy claro que no era el momento de dejar caer el gobierno: “Señales positivas de Conte, pero aún mucho por hacer”, dijo el ex primer ministro en su intervención parlamentaria. Y no le faltaba razón.


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