En las últimas semanas, si ha habido un debate que ha estado sobre la mesa ha sido el del ingreso mínimo vital (en adelante IMV). Dicho ingreso, al que algunos hacían alusión con términos como “renta mínima” o —desde las facciones más opuestas a la medida— “paguita”, ha reabierto debates icónicos de la ciencia económica y la aplicación de políticas. Pues, pese al consenso alcanzado en sede parlamentaria durante la aprobación del mismo, dicha política causó el furor de muchos ciudadanos que, de la misma forma que ocurría con la celebración que hacían otros, el enfrentamiento por el desacuerdo de dicha sociedad era palpable.
Aunque las protestas por dicha política hayan caído en saco roto, no por ello han dejado de estar presentes, así como de seguir estándolo, en el debate público y político. Que estemos hablando de un consenso en la aplicación, la forma de hacerlo sigue siendo una incógnita para muchos, puesto que mientras el ministro Escrivá parecía tener clara su aplicación, así como el formato para aplicar dicha medida, las tensiones con las autonomías en última instancia, así como la posibilidad de que se produzcan salidas de peso en el Gobierno, podrían provocar el viraje en las intenciones que, a priori, dicho ministro contemplaba.
En este sentido, partiendo de la forma de aplicarlo, así como el contraste entre la presentación de la política y su aplicación vigente, mientras que, de acuerdo con las declaraciones del ministro, no se consideraba la existencia de duplicidades que pudiesen generar conflictos con dicho ingreso, las tensiones ocasionadas con las autonomías, nuevamente, han acabado flexibilizando dicho punto. Pues, ante la situación, tal y como se ha establecido en la aplicación de dicha política, las duplicidades con las rentas mínimas de inserción que dichas autonomías gestionaban, por ahora, estarán permitidas.
De la misma forma se presenta la gestión de dicho ingreso, pues, aunque la política que contemplaba Escrivá pretendía estar centralizada desde el Gobierno central, la histórica gestión de las autonomías de dicho ingreso, así como la dotación de fondos para la entrega de dichas ayudas, ha provocado que comunidades autónomas como el País Vasco, a la que se suman otras, a la vez que se irán sumando cada vez más, podrán gestionar dichas ayudas. En este sentido, cediendo en uno de los puntos que más preocupaba al ministro, pues los precedentes que este pudo analizar en su etapa en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no mostraban el mismo optimismo que, por otro lado, presentan las autonomías.
Como digo, los estudios realizados por la AIRef, que trataban de analizar el gasto público de la economía española, mostraban cómo se estaba organizando un gasto que, como reflejaba la auditoria realizada a nuestra economía, se mostraba como un gasto más que superfluo. Pues, ante la incapacidad de controlar un gasto en determinadas partidas que, como las pensiones, se encontraban en manos de las autonomías, el volumen de gasto que arrojaban las cuentas públicas, y ante la incapacidad de medir el rendimiento del mismo, se había triplicado en 20 años, comprometiendo a la economía española a un gasto que, ante las observaciones de la AIReF, condenaba a los ciudadanos españoles a entregar más de 14 000 millones de euros cada año a fondo perdido.
Por tanto, pese a que la medida sigue estando orquestado por el ministro Escrivá, como vemos, la forma de aplicarse, pese a ello, ya no es de la misma forma que, a priori, se planteaba. Y es que, en un escenario en el que el Gobierno sigue mostrando su debilidad en la escasa capacidad de alcanzar una mayoría parlamentaria en solitario y sin compromisos, las presiones de los socios de Gobierno por la entrega del voto a favor acaban pervirtiendo las intenciones de un ministro que, ante los ojos de un líder ansioso de poder, se muestra incapaz de actuar con total soberanía y sin la obligatoria rendición de cuentas al Gobierno al que, por el momento, pertenece.
En este sentido, debemos comenzar a mostrar preocupación por estas presiones que, desde determinadas facciones más extremas del Gobierno socialcomunista, acaban obligando a la ortodoxia económica a ceder ante el populismo económico, propagandista y partidista. Un mensaje populista, el cual no tiende a caracterizarse por su rigor. Mientras, un ministro que ha sabido sacar los colores, incluso, a su propio partido, se muestra incapaz de aplicar una política de la cual es experto y conoce en profundidad. Una situación por la que, como decía al inicio, debemos preocuparnos, pues lo que era una política económica con grandes efectos positivos en la economía, tras estas aleatorias, arbitrarias y populistas modificaciones podría volverse un lastre más para nuestras cuentas públicas, ya que, ante los precedentes, España conoce bien la delgada línea que existe en el gasto público entre gasto e inversión.
En resumen, estamos hablando de una política que, mal aplicada, podría tener efectos tan perversos como el hecho de incrementar los niveles de informalidad económica. Agravar la situación del mercado laboral en nuestro país; así como otra serie de externalidades negativas que, derivadas de la mala aplicación de dicha política, acabarían deteriorando una economía que ya de por sí sale deteriorada. Es en este sentido, donde debemos comenzar a primar, aunque solo sea por una vez, la ciencia económica sobre el populismo, pues, como bien reflejan los datos, el coste de una política como esta, de salir mal, es algo que una economía como España, con semejantes niveles de deuda y de déficit, no puede permitirse.
