Si la especie humana ha sobrevivido hasta la fecha se debe a su adaptación al medio ambiente y a su capacidad para crear formas de organización social que han permitido garantizar, en primer lugar, su subsistencia; y, con el paso del tiempo, una mejora sostenida de sus condiciones de vida. En estos acuerdos institucionales, tácitos al principio, regulados más tarde, el denominado pacto entre generaciones ha desempeñado un papel de gran importancia, al establecer como norma general que quienes se encuentran en la edad productiva mantienen a los niños y a los mayores que no podrían salir adelante por sí mismos. Todos pasamos por estas tres etapas a lo largo de nuestras vidas, por lo que las ventajas que se obtengan en un determinado momento deberían verse compensadas por los costes soportados en otro.
Ahora bien, con el desarrollo de las instituciones sociales es posible que, en ocasiones, la regulación de la economía y la sociedad beneficien a determinadas generaciones a costa de otras. Es evidente, por ejemplo, que una subida de las pensiones de jubilación –en un sistema que, como el nuestro, está pagando a la mayoría de los perceptores por encima de lo que les correspondería capitalizando las prestaciones que realizaron a lo largo de sus vidas– exigiría un mayor esfuerzo a los trabajadores actuales y futuros, que no tendrían, sin embargo, garantía alguna de que sus mayores aportaciones fueran compensadas con mayores ingresos cuando abandonaran la actividad productiva. Pero éste es sólo un caso de cómo la regulación puede favorecer a determinados grupos a costa de otros. La acumulación de deuda pública tendría un efecto similar. Si la deuda se debiera a la realización de inversiones productivas de las que se beneficiaran las siguientes generaciones o a gastos extraordinarios para, por ejemplo, la supervivencia del país en el caso de una guerra, tal traspaso al futuro de la carga financiera tendría pleno sentido. Pero si con la deuda estuviéramos financiando el gasto corriente de una generación, estaríamos gravando a la generación siguiente de forma injustificada.
Y estos efectos distributivos entre grupos de edad no sólo aparecen cuando hay gasto público y transferencias monetarias. La regulación legal puede tener también consecuencias en la distribución de la renta. Pensemos en la legislación laboral. Si se analiza la evolución de las principales variables en el mercado de trabajo español es fácil concluir que los jóvenes se encuentran en una situación bastante precaria en comparación con los empleados de más edad. Es evidente que éstos deben recibir salarios más altos que aquéllos, ya que tienen un mayor nivel de productividad. Pero tal hecho no explica plenamente el nivel de las diferencias que hoy existen. Y la razón es que se deben en buena medida a una reglamentación laboral que, con el apoyo explícito de los sindicatos, se ha orientado a favorecer a los trabajadores empleados frente a los jóvenes con poca experiencia. Los costes de despido elevados ayudan a muchos personas a mantener sus empleos, pero impiden que muchas otras –los jóvenes en especial– puedan acceder a un puesto de trabajo. Basta observar los datos para darse cuenta de que, sin las restricciones legales que existen con respecto a los salarios y al despido, las tasas de paro de unos grupos y otros no serían tan diferentes. Sólo una regulación desafortunada puede explicar tal hecho.
Contrario a sus intereses
Es interesante señalar que algunas de las medidas aparentemente dirigidas a mejorar la situación de los jóvenes pueden ser, en realidad, contrarias a sus intereses. Pensemos en la próxima subida del salario mínimo que parece que el nuevo Gobierno va a poner en marcha. Muchos economistas pensamos que la medida puede resultar muy perjudicial para la economía española en su conjunto, ya que hará más difícil la creación de empleo y la reducción de la alta tasa de paro que aún tenemos. Pero no cabe duda de que no va a afectar a todos los trabajadores por igual. Aquellos que conserven su empleo verán una mejora en su situación. Pero aquellos que lo pierdan resultarán muy perjudicados por la medida. Y el grupo que en mayor grado va a sufrir estos efectos será el de las personas con menor cualificación profesional y edad, que son las que tienen ingresos en la frontera del salario mínimo. Más paro y más economía sumergida son las consecuencias que debemos esperar. Podríamos seguir poniendo ejemplos. Todo control del precio de los alquileres acaba teniendo como resultado una reducción de la oferta y la expulsión del mercado de los grupos de inquilinos más débiles. Si la propuesta de nueva regulación de este mercado se llevara a cabo finalmente, los jóvenes tendrían más difícil el acceso a una vivienda… por muy buena que fuera la intención del regulador.
Nuestra sociedad debe procurar, ciertamente, que los jóvenes se integren en ella con plenitud de derechos y deberes. Y creo que son muchos los españoles que, preocupados por la situación actual, piensan que habría que buscar algún tipo de solución al problema. Pero lo que no se debería hacer, en ningún caso, es aplicar medidas voluntaristas, alejadas de la realidad, que acaben dejando las cosas aún peor de lo que están. Y me temo que esa es la dirección en la que vamos.
