28
sep

El 28 de septiembre se celebra el día internacional del derecho a saber o derecho del acceso a la información. Una fecha que conmemora este concepto surgido en Suecia y del que emanan otros derechos como el de transparencia o accountability, dos principios de innegable importancia y necesidad en el momento histórico que estamos viviendo. Como bien nos hacen saber los medios de comunicación a diario, nos hallamos en la era de las fake news, de la desinformación, a pesar de las inmensas facilidades y medios con los que contamos para acceder a toda clase de datos. Por paradójico que suene, el detonante de esta situación social y política se encuentra en el exceso de información y en los avances tecnológicos que nos la proporcionan, principalmente las redes sociales.


En los últimos años, se ha verificado un proceso acelerado de modernización y tecnificación en todos los aspectos, en el plano vertical y horizontal de la sociedad. Como todo, esta democratización de la información ha traído consigo ventajas y desventajas. Entre las primeras, podríamos fácilmente identificar la cercanía entre los entes públicos y sus ciudadanos, lo que favorece la participación en la toma de decisiones, la apertura y generalización de debates públicos relevantes, y la oportunidad de exprimir la propia opinión. Sin embargo, estas ventajas, mal utilizadas, pueden convertirse en inconvenientes. Se trata de un círculo vicioso.

En las redes sociales proliferan personajes de todo tipo y de todas las ideologías, completamente desinformados o mal informados, y que, no obstante, opinan acerca de temas de gran relieve, llegando a millones de oyentes que, sin preguntarse más allá, los creen y siguen difundiendo su mensaje. Así, la manipulación política se propicia, o directamente se crea, a través de noticias falsas que se abren camino entre nosotros y que alcanzan, a veces, más resonancia que las verdaderas. Por tanto, no deberíamos caer en la ingenuidad de creer que este fenómeno afecta solamente a un pequeño porcentaje de la población, o que únicamente la sociedad civil es responsable de la propagación de bulos. Naciones y gobiernos, los propios mandatarios, entran en el juego sucio. Se mueven en un espectro grisáceo entre lo legal y lo ilegal, creando un clima de ambigüedad con la suficiente influencia como para desestabilizar sistemas enteros o influir en los resultados electorales de otros Estados a través de la crispación.


Las fake news no son un fin, sino un medio para atacar las debilidades del oponente


Es lo que se conoce en el derecho internacional como amenazas híbridas. Las fake news no constituyen en sí mismas un fin, sino un medio, parte de las campañas de desinformación para atacar directa o indirectamente las vulnerabilidades del oponente, versen estas sobre la memoria histórica de la nación, su posición geopolítica y geoestrategia, sus deficiencias tecnológicas, o las diferencias ideológicas de su población.

El pasado mes de julio, en la Escuela de Libertad organizada por Fundación Civismo, Antonio Garrigues Walker impartió una ponencia bajo el título “La verdad y la falsedad”, en la que planteó si tenemos un derecho a la verdad, si puede existir tal derecho, o si más bien lo que tenemos es un derecho a no ser engañados.

A mi juicio, un derecho a la verdad resulta ciertamente complicado, porque, si bien esta se trata de un término absoluto, o así debería ser, puede llegar a verse, en determinadas situaciones, como relativa. Es decir, que se necesite del contexto para poder determinar lo verdadero, ya sea por analogía o por contraposición. Que se necesite, por tanto, la comparación entre, por lo menos, dos premisas. Pero por otro lado, hablar de un derecho a no ser engañado resulta más ameno y más sencillo, porque el engaño, que proviene del latín, ingannare, supone enredar conscientemente a alguien en mentiras.

La diferencia entre tener derecho a la verdad o a no ser engañado reside en las intenciones. En virtud del primero, alguien puede no estar diciendo la verdad, él mismo convencido de que sí lo es. Mientras que, en el otro supuesto, hay un esfuerzo consciente de hacer creer a alguien algo falso. Pero el derecho a la información puede tratarse de un primer paso, ya que no deja de resultar un componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Remontándonos a los filósofos clásicos, lo que diferencia al hombre de cualquier otro animal reside precisamente en el logos. Y no solamente la capacidad de hablar, sino la habilidad única de hablar y razonar, o razonar y hablar. Esto le permite al hombre ser, en términos aristotélicos, un animal político. El hombre necesita de su razón para ser hombre, y en ella radica la libertad, parte esencial del ser humano. En este sentido, este derecho del que hablamos, junto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, constituye la base de muchos otros derechos civiles y universales. En su teoría, posibilita a los hombres el estar en pleno conocimiento de la verdad, con la exigencia de unos mínimos de transparencia en la burocracia y gestiones gubernamentales. Algo que, hoy en día, como hemos visto, se halla en peligro.

En definitiva, la proliferación de fake news no solo ataca a la estabilidad democrática de los Estados, sino que va más allá. Pone en entredicho la más intrínseca esencia del ser humano, su libertad, al mermar la de pensamiento y expresión a través de la manipulación política.


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